Este martes la presidenta de Extremadura, María Guardiola, se preguntaba en un desayuno informativo en Madrid en qué beneficia la amnistía a «a un ganadero de Zafra o a un agricultor de Talayuela». No era una pregunta retórica al margen de lo que pueda suponer para la igualdad de los ciudadanos la imagen de políticos amnistiando a políticos. Y es que el pacto con ERC tiene otra «carpeta», usando el término que han venido empleando los independentistas republicanos, referida a la deuda, la financiación y el traspaso -con su correspondiente partida económica- del servicio de cercanías (rodalíes).
Génova ha encendido las luces de alarma sobre esta carpeta, porque si bien la cuestión de la amnistía, «siendo una humillación para el país, es un privilegio para unos cuantos», la asunción por parte del Estado de la deuda catalana, la insistencia en la «mejora de los recursos públicos» de esta comunidad, -como ha insistido el ministro de la Presidencia Félix Bolaños-, el traspaso de rodalíes -con su consabida partida presupuestaria- la creación de una comisión bilateral entre ambos gobiernos para debatir un nuevo modelo de financiación o la traducción que este pacto pueda tener en los próximos Presupuestos Generales del Estado, puede generar «discriminación y desigualdad entre los españoles», según fuentes de la dirección del PP. Este va a ser el gran caballo de batalla de los próximos meses con unas baronías populares exigiendo para sus territorios un trato igual al de Cataluña.
Génova considera más onerosas las cesiones a ERC que los «pinganillos» y la aministía a Puigdemont
El equipo económico de Génova, con Juan Bravo al frente, además de aquellos expertos que desde Reformismo21 asesoran a Alberto Núñez Feijóo, se han puesto manos a la obra para desbrozar la letra grande y pequeña de las cesiones hechas a ERC en lo que puedan afectar a la financiación del resto de los territorios. Es tanta la importancia que desde el PP se da a este capítulo que llegan a ironizar con que «seis años después de irse de España en un maletero, Puigdemont se conforma con unos pinganillos y con que el PSOE le deje volver a Girona, mientras Aragonés logra la transferencia de rodalíes y condonaciones de deuda para Cataluña».
El presidente aragonés, Jorge Azcón, confiesa a El Independiente que la cuestión de la financiación «va a ser la guerra. Eso sí que nos va a enfrentar» y lo dice quien dobló el pulso a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando pretendió echar mano del déficit de los ayuntamientos. Moncloa y Generalitat han acordado una comisión bilateral sobre financiación y no sería la primera vez que los socialistas cierran un modelo con el nacionalismo catalán al que luego tienen que «adherirse» el resto de los territorios.
También se ha acordado una condonación de la deuda, que asumirá el Estado, es decir, el conjunto de los españoles, al que se puede acoger otras Comunidades, lo que debería dar satisfacción a los populares. Pero Bolaños no se cansó de hablar de «mejorar los recursos y los servicios públicos de Cataluña» ante la estupefacción de otros presidentes autonómicos.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, quiere leer la letra pequeña del acuerdo alcanzado con el independentismo catalán «a cambio de los dos primeros presupuestos de esta legislatura. A mí me gustaría saber qué es lo que han firmado», aunque no ha dudado en calificar la situación de «esperpento y barbaridad». En una declaración pública, ha afirmado que «ya le digo que el beneficiado no va a ser la región de Murcia. Es más, sin leerlo me atrevería a decir que los grandes perjudicados vamos a ser aquellos que somos leales a España y a la Constitución , los que defendemos la igualdad de todos los territorios y los que estamos peor financiados».
Mañueco amenaza con acudir a los tribunales
Castilla y León va un paso más allá pues Alfonso Fernández Mañueco ya ha anunciado que acudirán a los tribunales. En su cuenta de X ha recordado que, «como advertí en el Senado, desde #CastillayLeón no nos quedaremos callados ante la injusticia en materia de financiación y condonación de deuda. Este acuerdo genera desigualdad entre todos los españoles y da carta de naturaleza a favoritismos que supondrán agravios tanto para nuestra tierra como para el conjunto de España. Iremos a los tribunales para defender a Castilla y León y la igualdad de todos los españoles«.
El andaluz Juan Manuel Moreno no quiere que le condonen ninguna deuda por entender que su comunidad está bien financiada, pero reclama 17.800 millones de euros «equivalente por población a la cesión de Sánchez ante ERC y Junts», además de un fondo de compensación «que nos permita recuperar los 15.000 M€ que ha perdido #Andalucía con el actual sistema de financiación autonómica». Madrid, en cambio, no ha acudido al FLA.
Es precisamente, en este frente, donde los populares se sienten más fuertes. Gobiernan en once autonomías más Ceuta y Melilla y pueden ejercer presión sobre todos y cada uno de los territorios. En agenda está forzar una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y exigir una negociación multilateral que no beneficie a un territorio por encima de otros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció recientemente que la financiación autonómica estaba en la agenda de la negociación con Cataluña.
