El Ejecutivo, según las fuentes consultadas, está valorando la petición aunque, en principio, se inclina por rechazarla. Tampoco ve con buenos ojos la figura del mediador
Carles Puigdemont persigue dar un golpe de efecto de dimensiones épicas en plenas negociaciones con Pedro Sánchez. Según ha sabido Vozpópuli, el expresidente catalán ha propuesto al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, como relator para negociar con el Gobierno una solución pactada al procés. El Ejecutivo, según las fuentes consultadas, está valorando la petición aunque, en principio, se inclina por rechazarla.
Lo cierto es que Puigdemont exige al candidato socialista a la investidura que acepte la figura de un relator si quiere sus siete votos en el Congreso para permanecer en Moncloa. El núcleo negociador del presidente –Félix Bolaños, María Jesús Montero y Santos Cerdán– no termina de verlo, aunque tampoco se cierra en banda. De hecho, es uno de los puntos que mantienen la negociación enquistada.
Hay que reseñar que en 2019, el mismo Sánchez aceptó esa figura tras su encuentro en Pedralbes con el entonces presidente catalán Quim Torra, lo que provocó una convulsión interna en el PSOE. El prófugo de la Justicia española no ha optado por Omella por casualidad. Ni mucho menos. Su inclusión en una hipotética negociación entre la Generalitat y el Gobierno central tendría repercusiones impactantes.
Un gran impacto
En primer lugar, porque arrastraría a la Iglesia en una confrontación política entre administraciones. En segundo lugar, porque daría repercusión internacional al procés -una de las ensoñaciones de Puigdemont desde que la extinta Convergencia Democrática de Cataluña se envolvió con la estelada-. Es más, una de las preferencias del expresidente catalán es que el relator sea una figura internacional; algo que Moncloa rechaza, porque implicaría admitir una igualdad jurídica entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña que no existe.
Además, es destacable la posición del Papa Francisco sobre la situación política en España. El Pontífice, que este año ha cumplido una década en la silla de San Pedro, siempre ha condicionado una primera visita a España como Papa a que “haya paz” en el país, en contraposición a las cinco visitas de Juan Pablo II y las tres de Benedicto XVI. Esa «paz» es toda una referencia velada al conflicto abierto por los independentistas entre catalanes y con el resto de españoles. Por tanto, todo parece indicar que Francisco es conocedor del ofrecimiento al responsable episcopal español para mediar entre el independentismo y el Gobierno central. Y, en tercer lugar, porque revolvería a un amplio sector de la derecha española, cómplice tradicional de las directrices de la Iglesia.
Este diario, además, ha sabido que Puigdemont rechazó el ofrecimiento del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para asumir un rol similar. El problema que vio Puigdemont en el exdirigente socialista es que es una figura parcial al que se le presupone un respeto escrupuloso a la Constitución que él mismo prometió guardar y hacer guardar ante el Rey y que, sin reforma previa, impide no ya la secesión de un territorio, sino la mera consulta al respecto.
Las fuentes consultadas admiten: “Zapatero tiene respetos, pero es percibido como parte”. “También es cierto que es una persona valiosa para muchas cosas. Hay partes [en referencia a Junts] que siguen pidiendo un mediador, pero mi percepción es que la negociación está avanzando”, explica una fuente conocedora de las conversaciones con Carles Puigdemont para revalidar un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Esta misma fuente asegura que el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, forma parte del equipo negociador de Junts junto con la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras.
En principio, la figura del relator persigue hacer la función de secretario en las negociaciones, aunque con más atribuciones, ya que también se le asignarían las de coordinador de los encuentros -incluso las de una suerte de notario con capacidad legal para dejar por escrito ciertos compromisos-. No obstante, esta figura debería también facilitar el entendimiento entre las partes, así como mediar entre ellas. Su objetivo, en definitiva, es acompañar el proceso negociador para que arribe a buen puerto.
El responsable de las relaciones con la Iglesia en el Ejecutivo es el ministro de Presidencia, Félix Bolaños -integrante de la tríada negociadora de Sánchez con Junts-. Él tiene línea directa no solo con Omella, a quien conoce bien, sino con el Vaticano. Sin embargo, hay otro nombre en el Consejo de Ministros que mantiene grandes relaciones con la Iglesia: la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Es más, se da la circunstancia de que es la única integrante del Gobierno que se ha reunido con el Papa y con el mismo Puigdemont, al menos de forma pública.
La semana del 6 de noviembre para la investidura
Ya en 2022, en el marco del II Congreso Iglesia-Sociedad democrática -que trata de promover el rol de la Iglesia en la sociedad y su diálogo con la política, la economía, etc- Omella y otros responsables eclesiásticos se citaron con Díaz, así como con el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, y la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien también pertenece a la comisión negociadora orquestada por el PSOE para desatascar la investidura de Pedro Sánchez. En caso de efectuarse, esta se celebraría la semana del 6 de noviembre, según varias fuentes socialistas de peso consultadas por Vozpópuli.
Omella, turolense de 77 años, llegó al arzobispado de Barcelona en noviembre de 2015. Por tanto, vivió en primera persona los acontecimientos más álgidos del procés, como la declaración unilateral e ilegal de independencia de octubre de 2017. El cardenal siempre ha sido benevolente con el sentimiento independentista. No solo respaldó e impuso el apoyo de la Iglesia española a los indultos de Pedro Sánchez a los líderes del procés, es que llegó a decir que las iglesias catalanas deben ser «inclusivas» y aceptar símbolos independentistas.
Recientemente, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, emitió un duro veredicto contra una hipotética ley de amnistía del que los obispos catalanes se desmarcaron para recordar el comunicado que ellos mismos emitieron en 2021 y que la Conferencia Episcopal hizo suyo: “Nos mostramos convencidos de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto. Creemos que la consecución de un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad necesita alguna cosa más que la aplicación de la ley».
Omella también ha sido carne cañón secesionista. Hace apenas una semana le cayó una lluvia de insultos por decirle al Papa que el discurso que debía pronunciar en la recepción a la congregación de la virgen de Montserrat no tenía que ser en catalán. Ahora está en el tejado de Moncloa decidir si acepta o no. La ley de amnistía se da por hecho en el Gobierno, aunque está costando perfilar cómo se desarrollará. Como contó este diario, Puigdemont exige a Sánchez que comience a tramitarse en el Congreso antes de que se inicie su investidura. El reloj aprieta al presidente en funciones.
