Canarias, Madrid, Extremadura o Aragón elevan la voz por la «falta de medios» y «no informar» del traslado de inmigrantes a diversos puntos de la Península
La gestión de la política migratoria ha suscitado profundos desencuentros entre Comunidades Autónomas y Gobierno central, toda vez que las primeras acusan a la Moncloa de trasladar inmigrantes a la Península sin aviso previo o denuncian la falta de medios para acoger a las personas que llegan por vías irregulares. Todo ello en una de las mayores crisis que se han vivido en Islas Canarias: con 28.000 llegadas en lo que va de año, va camino de superar la de los cayucos del año 2006, cuando se registraron 31.000.
El primer Gobierno autonómico que alzó la voz por la gestión de la política migratoria fue el canario, que ha mantenido numerosas reuniones con el Ministerio del Interior y otros órganos estatales para canalizar la presión que sufren las Islas en los últimos meses, con más de 16.000 llegadas desde el pasado 1 de julio (con datos actualizados de Interior a 15 de octubre).
“Insuficiente e inadecuada” son los términos que ha empleado el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, para definir la gestión por parte de Moncloa, en declaraciones de este mismo miércoles. Considera que los medios dispuestos por los diferentes ministerios son “insuficientes” y pide un refuerzo para administrar la llegada de los inmigrantes.
Del mismo modo, el traslado de inmigrantes desde las Islas a diversos puntos de la Península ha propiciado las quejas de otros Gobiernos regionales. Como desveló Vozpópuli, en menos de 24 horas se efectuaron tres vuelos desde Canarias rumbo a Madrid con alrededor de mil personas a bordo.
“Los dejan en la Península como a fardos, sin hacerse cargo de nada”, arremete la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al mismo tiempo que calificó como “negligente” la gestión migratoria de Moncloa. Y añade: “Nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros. Ni sabemos cuántas personas son o cómo les vamos a atender”.
«Ocultan la llegada de inmigrantes»
En términos similares se han expresado fuentes de la Junta de Extremadura, presidida por María Guardiola, al enterarse del traslado de 140 inmigrantes a Malpartida de Cáceres, con unos 4.100 habitantes. Desde el ejecutivo regional aseguran que tuvieron conocimiento de este traslado a partir del alcalde del municipio, quien a su vez se enteró “a través de un grupo de Whatsapp de la llegada de estas personas”.
Fue la propia presidenta extremeña -sostienen estas mismas fuentes- quien telefoneó al delegado del Gobierno, el cual tampoco sabía del traslado que se iba a efectuar. “El proceder del Gobierno en funciones es poco responsable y ético por ocultar a las comunidades autónomas la llegada de inmigrantes irregulares”.
Calificaciones similares a las que llegan desde el Gobierno de Aragón, de Jorge Azcón. Su consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen María Susín, calificó de “deslealtad institucional” y de “irresponsabilidad” el traslado de otro grupo numeroso de inmigrantes a Huesca; en concreto, a Sabiñánigo (con una población ligeramente superior a los 9.000 vecinos).
No sabemos ni cuánto tiempo van a permanecer, ni su recorrido posterior
“No sabemos ni cuánto tiempo van a permanecer, ni su recorrido posterior y tampoco qué debe hacer el Gobierno de Aragón para atenderlas convenientemente”, aseveró la consejera aragonesa de Bienestar Social y Familia.
Una batería de desencuentros entre Comunidades Autónomas y Gobierno central debido a la gestión de la política migratoria. Todo ello coincide con la situación de colapso que se vive en Islas Canarias, que en las últimas jornadas han recibido más cayucos con cientos de personas a bordo. El Sindicato Unificado de Policías (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han remitido igualmente un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando más medios de protección individual por las circunstancias sanitarias.
