La asociación ha propuesto a la popular Marga Prohens elaborar un nuevo reglamento «que respete la cooficialidad lingüística en todos los ámbitos de la Universidad»
La asociación Hablamos Español ha propuesto al futuro consejero de Educación del nuevo Gobierno de Baleares, que presidirá la popular Marga Prohens, que elabore un nuevo reglamento «que respete la cooficialidad lingüística en todos los ámbitos de la Universidad y que no se intente normalizar lingüísticamente a alumnos y al personal».
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También insisten en que se establezca con claridad la entrega de los enunciados en ambas lenguas oficiales en las pruebas de Selectividad, sin ningún tipo de discriminación, «un derecho que se consiguió hacer realidad de forma transitoria en la convocatoria de mayo gracias a la petición de Hablamos Español y de otras entidades, pero que, en la reciente convocatoria de julio, se ha vuelto a vulnerar», ya que parece se han vuelto a cambiar las mencionadas indicaciones sobre la lengua en los exámenes, de tal modo que en lugar de que los enunciados estuvieran disponibles en catalán y español y entregar uno u otro a petición del alumno, se sustituyó por entregarlos solo en catalán, aunque con una versión traducida al castellano «para las personas exentas de catalán y para los candidatos que lo soliciten.”
En este sentido, Hablamos Español explica que el juzgado de lo contencioso administrativo de Palma de Mallorca está viendo el recurso interpuesto por esta asociación contra el Acuerdo Ejecutivo de 18 de enero de 2023 de la Universidad de las Islas Baleares sobre los usos lingüísticos en los estudios de Grado, que imponen un 35% del horario lectivo en catalán.
El Consejo de Dirección de la UIB acordó en esa fecha la aprobación de la normativa sobre los usos lingüísticos en los estudios de grado, «vulnerando los derechos de profesores y alumnos a elegir la lengua cooficial de su preferencia como garantiza la Ley de Normalización Lingüística de Baleares».
Con este reglamento, explican, «pretenden imponer el catalán en la Universidad, obstaculizando la docencia y los estudios a los profesores y a los alumnos hispanohablantes. El Acuerdo Ejecutivo es contrario al epígrafe 25.1 de la Ley de Normalización Lingüística de las Islas Baleares, que establece libertad de uso de lengua para los docentes de este nivel de enseñanza».
