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La deuda pública, el escollo económico para el Gobierno que salga de las elecciones

Los intereses y la petición de créditos europeos elevarán la factura para los españoles

La deuda pública se elevó por encima del total del PIB en 2020 y ningún organismo económico prevé que baje de ese 100% en los próximos años. Es el dato macroeconómico que se le atraganta a un gobierno que presume de gestión económica: con menos paro que hace una década y con un crecimiento económico mayor que el del resto de economías europeas. El reto no es solo reducir el endeudamiento, sino también evitar que los niveles de estabilidad financiera sean irrecuperables, con unos costes de financiación más elevados y unos créditos europeos que se añadirán a las cargas pendientes una vez que se soliciten.

La economía española sufrió la pandemia del coronavirus como ninguna otra. Con un desplome del producto interior bruto (PIB) superior al 10%, la recuperación ha tardado más en llegar que en otros países de nuestro entorno. Mejor suerte han tenido los datos de empleo, con unas cifras históricas que mejoran las estadísticas de 2019. También el déficit tiene un horizonte de volver a las cifras prepandémicas, no así la deuda.

El Ejecutivo no ha reducido el gasto público, pero el crecimiento económico y el incremento de los ingresos a través de cotizaciones sociales e impuestos ha permitido que el porcentaje de deuda pública sobre el PIB se haya ido estrechando en los últimos años. Así, tras rozar el 120% del PIB en 2020, la deuda se redujo hasta el 118,3% en 2021 y al 113,1% el pasado año. Las expectativas del Gobierno pasan porque la reducción continúe, aunque a menor ritmo que el pasado ejercicio, y se sitúe en el 111,9% del PIB.

De entre los organismos nacionales e internacionales que ofrecen previsiones macroeconómicas para España, tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional (FMI) son más optimistas que el equipo económico de Moncloa, y sitúan sus estimaciones en el 110,5% del PIB. Pero por mucho que se alargue el horizonte de previsión, hasta 2026 en el caso del Gobierno y del FMI, la deuda pública no dejará de ser de tres cifras sobre el PIB, 106,8%, espera Moncloa; 108,3% pronostica el organismo con sede en Washington.

El nivel de endeudamiento es un problema global”

ALFONSO FERNÁNDEZ, PROFESOR DE EAE BUSINESS SCHOOL

La situación de España no es “excepcional, el nivel de endeudamiento es un problema global”, explica Alfonso Fernández, profesor de EAE Business School. Las economías mundiales se vieron obligadas a aumentar su gasto público para hacer frente a la pandemia y eso ha engrosado inevitablemente su deuda pública. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha alertado sobre este asunto y ha cifrado en más de 21 billones de euros los vencimientos de deuda que afrontan los países que forman parte de la organización, entre los que se encuentra España.

Deuda más cara

Los vencimientos se irán produciendo en un escenario de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) en el caso de España y del resto de países de la unión monetaria. Esto significa que la deuda a pagar será más cara, porque el coste del crédito no ha dejado de aumentar y seguirá haciéndolo en los próximos meses, según las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

“La deuda antigua era más barata, porque los tipos de interés estaban a cero o en negativo y ahora será más cara, tras las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE), señala Fernández. Esto provocará que “la deuda aumente, solo por el hecho de que sea más cara”, advierte. Además, esta subida de tipos tendrá consecuencias que “afectan a todos: las familias, las empresas y los gobiernos”, advierte Virginia Rosales, doctora en Economía e Instituciones y profesora de Economía en la Universidad de Granada.

No obstante, la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ha venido insistiendo en que el porcentaje de deuda que España tiene que refinanciar en los próximos años es menor que en el caso de otros países.

Según los datos de la OCDE, este año, nuestro país tiene que refinanciar el 18% de su deuda, por debajo del 29% de Italia, del 22% de Alemania y del 21% de Francia. En los próximos años, los porcentajes también son inferiores para nuestro país, en comparación con los socios europeos.

“Si el nivel de endeudamiento se convierte en un problema grave o no, dependerá de la estrategia de refinanciación, si se hace a largo plazo o a corto plazo”, precisa el profesor de la EAE Business School. “Lo interesante sería que se hiciera a corto plazo, porque lo previsible es que en tres años los tipos bajen o se estabilicen y, entonces, España se podría refinanciar más barato”, añade.

Por el momento, existe un interés inversor en la deuda española. Hace apenas unas semanas, se produjo una demanda “récord”, superior a los 85.000 millones de euros, de una emisión de 13.000 millones en un bono a 10 años. Unos datos que, en palabras de Calviño, confirman “la fuerte confianza” de los inversores internacionales.

Riesgos

Con todo, el economista es optimista y descarta que se produzca “una crisis de confianza en los mercados”. “España tiene una ventaja al formar parte de la Unión Europea y no estar aislada”, indica. “Si hay un riesgo de impago, va a tener el paraguas de las instituciones europeas”, asegura. “Es un dato que debe preocupar, pero debe hacerlo de forma relativa”, avanza.

Rosales es más tajante y asegura que es un asunto que “sin lugar a dudas” tiene que preocupar al Gobierno. “Un nivel de endeudamiento tan alto como el que tiene España en estos momentos implica que el país debe dedicar un gran porcentaje de sus ingresos a pagar la deuda, y por lo tanto, se encuentra muy restringido para financiar otros programas de gasto público”, explica.

“Un nivel de endeudamiento tan alto como el que tiene España en estos momentos implica que el país debe dedicar un gran porcentaje de sus ingresos a pagar la deuda»

VIRGINIA ROSALES, DOCTORA EN ECONOMÍA Y PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Por otra parte, se da la circunstancia de que la Comisión Europea ha sido “permisiva”, en cuanto a los compromisos de deuda y déficit de los Estados miembros, tras la activación de la cláusula de escape. Con la recuperación de estas reglas fiscales, “existe el convencimiento de que si la economía sigue una evolución positiva, la deuda se puede ir moderando”, añade el profesor de EAE Business School.

Rosales cita a los expertos de Funcas y destaca que “una reducción de la deuda pública es factible para el caso de España en los próximos 10 años”. Para ello, no obstante, será necesario “actuar de manera decisiva por el lado de los ingresos y del gasto público”, subrayaban desde Funcas.

Fernández subraya que el nivel de endeudamiento es una “carga social para las generaciones futuras” que tendrán que asumir el pago de esa deuda, “ya sea mediante impuestos o a través de una reducción del gasto público”.

Créditos europeos

El Plan de Recuperación también jugará un papel clave en el endeudamiento de España en los próximos años. El Gobierno acaba de remitir a la Comisión Europea la adenda al plan, un nuevo documento en el que se traza la estrategia de nuestro país para gastar 84.000 millones de euros en créditos que sirvan para transformar e impulsar la economía.

Tal como publicó este periódico, esta solicitud de fondos llega más tarde que la de otros países como Portugal o Italia que solicitaron estos créditos hace meses. Haber esperado casi dos años desde que el Gobierno presentó el Plan de Recuperación para pedir estos fondos tiene consecuencias para España, entre ellas, que las condiciones de financiación son hoy peores que el año pasado, cuando las subidas de tipos de interés todavía no se habían producido.

Además de que serán más caros que para otros países vecinos, estos créditos se sumarán a la deuda española una vez se produzca la transferencia desde la Comisión Europea hasta el Tesoro. Según fuentes conocedoras de estos procedimientos, si se produjeran impagos por parte de empresas, esas cuantías se computarían al déficit público, por lo que, en última instancia, también pueden perjudicar en la economía del país. Para evitarlo, tanto el Banco Europeo de Inversiones (BEI), como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) harán análisis previos a la concesión de estos créditos.