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El fiscal general da la Fiscalía de Memoria Democrática a Delgado, a pesar del rechazo del Consejo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto este jueves a la exministra de Justicia Dolores Delgado para ocupar la plaza de la Fiscalía de nueva creación de Memoria Democrática, en contra de la mayoría de los miembros del Consejo Fiscal, según confirman fuentes de la reunión. Por su parte Delgado ha recusado a uno de los miembros de la reunión por «enemistad manifiesta».

El Consejo Fiscal, órgano asesor de García Ortiz, está formado por 11 miembros más el fiscal general. De ellos, seis consejeros de la Asociación de Fiscales (AF) -mayoritaria en la carrera- así como el de la Asociación Profesional e Indpenediente de Fiscales (APIF) se han negado a votar por estar en desacuerdo con que esta reunión se convocara hoy cuando las elecciones generales ya están en marcha. Ambas asociaciones han pedido reiteradamente su aplazamiento estos días porque consideraban que estas plazas corresponde otorgarlas ya al nuevo fiscal general que resulte del Gobierno a partir de julio, si bien García Ortiz ha expresado que otros jefes del Minsiterio Público hicieron lo mismo con otras plazas como Consuelo Madrigal o María José Segarra.

El pleno ha comenzado a las 9:30 de la mañana y la primera designación ha sido Miguel Ángel Aguilar, que proviene de la Fiscalía provincial de Barcelona, como fiscal de Sala de Delitos de Odio. La siguiente plaza a debatir era la de Memoria Democrática, a la que se presentaba Delgado y otros tres fiscales. García Ortiz debe escuchar a los consejeros pero la decisión de designar es única y exclusivamente de él así que ha elegido para el cargo a la que fuera su antecesora en la Fiscalía General.

Además, García Ortiz ha designado a otros siete fiscales: Rosa María Frías, para ser fiscal Antidroga; Jaime Goyenas, fiscal superior de Navarra; Julio Cano, fiscal superior de Baleares; Rocío de la Paz, fiscal provincial de Guadalajara; Soledad Martín, fiscal jefa de Valladolid; Pablo Varela, fiscal jefe de Pontevedra; y Pablo Javier Ariche, teniente fiscal de Cataluña.

Delgado alega «enemistad manifiesta»

Por su parte, Delgado tampoco se ha quedado de brazos cruzados después de que estas semanas el foco haya vuelto hacia ella. «Es pública y notoria la animadversión hacia mi persona del vocal del Consejo Fiscal D. Salvador Viada Bardaji», explica la fiscal en un escrito de este mismo jueves dirigido a la Inspección fiscal. A lo largo de los años 2020 a 2023 ha realizado múltiples manifestaciones difamatorias sobre mi persona en redes sociales, prensa y distintos medios audiovisuales en términos que han excedido de la crítica profesional, social o de cualquier otra índole que pudiera considerarse admisible en un Estado social y democrático de derecho», continúa.

Delgado adjunta noticias en las que el vocal de la APIF expone una serie de manifestaciones que a su juicio responden a «ignorancia», «falta de rigor jurídico» o, a más a más, «mala fe o temeridad». «El Sr. Viada lejos de limitarse a criticar mi gestión como Fiscal General del Estado en el legítimo uso de su libertad de expresión, lejos incluso de exceder los límites de la cortesía profesional y de las más elementales reglas deontoógicas, ha procedido de forma recurrente y pública a utilizar el insulto personal e, incluso, familiar contra quien suscribe». Con esta carta, la fiscal solicita que se recurse a Viada.

El currículum de Delgado

La Fiscalía General ha emitido un comunicado una vez finalizada la reunión explicando el currículum de cada uno de los desginados. Sobre Delgado, la nota destaca su «extensa experiencia jurisdiccional en la investigación y persecución de crímenes contra la Humanidad y violaciones de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional». Nombran distintos casos de genocidio, delitos de lesa humanidad como ‘caso Scilingo y vulos de muerte’, ‘caso Ruanda’, el atentado en la embajada de España en Kabul en 2015, etc.

De su etapa de jefa en la Fiscalía General lo único que destacan es la firma de un memorándum de cooperación con la Fiscalía de Ucrania cuando comenzó la guerra; y como ministra de Justicia señalan que ella creó la Dirección General de Memoria Histórica.

Todos estos nombramientos deben pasar todavía el aval del Consejo de Ministros y ser publicados en el BOE para que sean efectivos.