La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que miles de mascarillas chinas compradas por Carolina Darias se van a tirar «a la basura» al haber caducado
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que este lunes han caducado miles de mascarillas que fueron compradas por el Ministerio de Sanidad de Carolina Darias para la Comandancia de Las Palmas. Fue tal la envergadura del pedido a la empresa china del Gobierno de Pedro Sánchez que muchas de ellas tuvieron que ser donadas a diferentes asociaciones locales ante la cercanía del límite de la fecha de su uso. «A la basura», es la expresión utilizada por esta plataforma.
Esta asociación de la Guardia Civil ha informado que, entre este domingo y hoy, han caducado miles de mascarillas, calculan que unas 50.000 unidades, de tipo FPP2 de la marca IVROU que fueron fabricadas hace 3 años en China por la empresa Guangzhou Carrot Mall Network Technologies. Fueron importados por la empresa UNIMAMA B.V. con sede en Ámsterdam (Holanda).
500.000 mascarillas cuando no eran obligatorias
La operación estuvo gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad que dirigía la exministra Carolina Darias. Las mascarillas fueron distribuidas desde Barcelona por la empresa Logista Pharma. Esta compañía ganó la adjudicación sin concurso para la recepción, almacenamiento, gestión y distribución de material sanitario, de protección y farmacéutico por varias decenas de millones de euros.
Las mascarillas fueron enviadas en el verano de 2022 a varias unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas. Solo en este punto se entregaron en torno a 300.000 mascarillas de tipo FPP2 y 200.000 mascarillas quirúrgicas, con una vida útil inferior a los nueve meses. En ese tiempo su uso era obligatorio únicamente en centros y servicios sanitarios, y medios de transporte.
Según denuncia AUGC, el descontrol de la entrega de las mismas fue tal que algunas de las unidades recibieron mascarillas cuyo destino era el Centro Penitenciario Las Palmas, sito en el Salto del Negro en Las Palmas de Gran Canaria.
Mascarillas donadas a entidades benéficas
Al aproximarse la fecha de caducidad de las mascarillas, en noviembre de 2022, la Zona de la Guardia Civil de Canarias (con sede en Santa Cruz de Tenerife) remitió un correo electrónico a las distintas unidades a donde se habían entregado estas mascarillas, diciendo que: «El Mando de Apoyo, ha autorizado que, aquellas mascarillas higiénicas procedentes del suministro realizado por el INGESA que fueron distribuidas entre las distintas unidades del Cuerpo, y cuya fecha de caducidad se encuentre comprendida entre los meses de marzo-mayo del 2023, se puedan donar a entidades benéficas, sanitarias, residencias de ancianos o cualquier otro organismo o entidad que se considere oportuno«.
Por este motivo, se repartieron miles de estas mascarillas entre diversos organismos y entidades. Entre las entidades ‘afortunadas’ se encontraban Centros de Mayores, de Refugiados e incluso a una concejalía de un ayuntamiento del Sureste de Gran Canaria. «Se desconoce si dichos organismos y entidades fueron conscientes de las condiciones en las que se encontraban dichas mascarillas que recibieron y si han ordenado que no se usen a partir de hoy aquellas que aún conserven», advierten desde AUGC.
La entidad avisa que «hay serias dudas» de si esas mascarillas FPP2 cumplían con la normativa europea pues carecían del marcado CE. «Lo que unido al momento y forma en la fueron repartidas, no hacen más que acrecentar las dudas sobre su proceso de compra», añaden.
Un gasto innecesario para la ciudadanía
Para AUGC todas estas miles de mascarillas han supuesto un perjuicio económico para la ciudadanía, con cuyos impuestos fueron adquiridas, que «será incluso mayor pues ahora deberá sufragarse adecuadamente su destrucción». Todo ello con el telón de fondo de las presuntas actividades ilícitas cometidas por mandos de la Guardia Civil, como el ‘Caso Grapa’ donde un juzgado madrileño investiga a una veintena de personas, físicas y jurídicas, por presuntos amaños en contratos relacionados con uniformes del Cuerpo.
También hay sospechas de las actuaciones del general Francisco Espinosa en el ‘Caso Mediador’ o el ‘Caso Cuarteles’ donde se está siendo investigado un Teniente General y otros altos cargos de la Guardia Civil por la realización de obras en acuartelamientos. Se da la circunstancia de que este lunes a nueva directora Mercedes González preside el primer Pleno del Consejo tras la dimisión de María Gámeza.
