El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria considera la propuesta negativa para las familias, para las empresas, para los pensionistas, para la economía y para el empleo
Tras el acuerdo alcanzada entre el PSOE y Unidas Podemos para diseñar una reforma de las pensiones que ha provocado una cascada de reacciones críticas desde el sector empresarial, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria ha querido analizar su contenido. Tras su estudio, este grupo de trabajo ha emitido su diagnóstico y sus recomendaciones a través de un documento en 10 puntos en torno a esta propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.
1. La subida de la cotización adicional iniciada este año, pasando de un 0,6% adicional (0,5 a cargo de la empresa y 0,1 a cargo del trabajador) hasta el 1,2% en 2029 (1% el empresario y 0,2% el trabajador), medida que será mantenida hasta 2050, supondrá una barrera al empleo, pues encarece la contratación de los trabajadores, por un lado, y merma la renta disponible de los mismos, que puede desembocar en una caída de contrataciones y, por tanto, de recaudación, perjudicando a la sostenibilidad del sistema.
2. Del mismo modo, la imposición de una cuota adicional a los trabajadores con base máxima, que en 2025 será un punto adicional, pero con subidas incrementales de 0,25 puntos, hasta llegar a 6 puntos más en 2045, pero sin subir las pensiones máximas, constituye un paso hacia la transformación del sistema en asistencial en lugar de contributivo, socavando la confianza en el mismo. Además, puede suponer una fuga de los mayores talentos profesionales hacia otros países, con lo que se perderá valor añadido y también recaudación.
3. El aumento de las pensiones no contributivas hasta llegar al 75% de la renta mediana de los hogares monoparentales y de las pensiones mínimas contributivas hasta el 60% de la renta mediana de los hogares, no sólo supone un gasto inasumible, sino que constituye un desincentivo al trabajo y a la cotización de las personas, incentivando algo tan negativo para la economía como es la economía sumergida, de forma que pueden disminuir con ello los cotizantes y la recaudación, además de que da un paso más en transformar una economía productiva en una economía subsidiada, que es negativo para la economía.
4. En cuanto al período de cálculo de las pensiones, el Gobierno, propone ampliar el período de cálculo de la pensión a una horquilla entre 25 y 29 años, quitando los dos años peores de cotización en este último caso. Es decir, da la opción de alargarlo a 29 años si el trabajador estima que le conviene más eliminando los dos peores años de cálculo. Con esta medida, por tanto, no favorece la sostenibilidad del sistema, ya que no es un alargamiento efectivo, puesto que el trabajador puede elegir, con lo que en el peor de los casos se quedará tal y como opera ahora, con 25 años. Si opta por 29 años será porque el cálculo le resulte más beneficioso, con lo que no hay potencial ahorro con esta medida, sino, todo lo contrario: hay un potencial incremento de gasto.
5. La previsión del Gobierno de recaudar 15.000 millones de euros anuales, aunque se cumpliesen, no serían suficientes para compensar el incremento de pensionistas, de cuantía de las pensiones, de indexación con la inflación y de alguna medida adicional que contiene esa reforma. Todavía se resiente más la sostenibilidad del sistema si dicha recaudación merma por caída de la actividad económica derivada de estas propuestas.
6. No hay, por tanto, ninguna contención del gasto, sino más bien un incremento del mismo, acompañado de una subida abrupta de cotizaciones que pueden dañar seriamente el mercado de trabajo.
7. Con estas medidas, por tanto, el Gobierno no aborda el verdadero problema del sistema de pensiones, que es urgente, sino que ahonda en sus desequilibrios, ataca la competitividad de las empresas, merma la renta disponible de las familias e incentiva el fraude.
8. Es, por ello, negativo para las familias, para las empresas, para los pensionistas, para la economía, para el empleo, para la propia recaudación y, en suma, para la prosperidad
9. Aunque Bruselas haya dado su conformidad a la propuesta, el Gobierno se la ha presentado a la Unión Europea bajo la hipótesis de que con los incrementos de las cotizaciones cubrirá el desfase del sistema, pero realmente incrementa el gasto paralelamente y, además, no parece lo más probable que vaya a mantenerse la recaudación pretendida si dichas medidas provocan un freno en la actividad y el empleo.
10. En lugar de estas medidas, hay que abordar con determinación, fuera del juego político, una reforma de las pensiones que garantice su sostenibilidad y que revierta el desequilibrio actual y futuro que, en las actuales circunstancias y con la actual normativa, se da entre crecimiento de población activa, crecimiento de pensionistas, esperanza de vida y la tasa de reemplazo o sustitución de las pensiones. Sólo así se podrá garantizar la viabilidad del sistema.
