A partir de este miércoles 1 de marzo se solicitará a cada parlamentario y a los grupos un listado con los datos de cada persona que entre en las Cortes bajo su responsabilidad | Fuentes parlamentarias lo ven insuficiente: «Se controlará a las personas, pero no los intereses»
El Congreso de los Diputados ha tomado su primeras decisión tras el caso Mediador y la implicación del ya exdiputado del PSOE por Canarias Juan Bernardo Fuentes. A quien se le suman el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Taraconte, que por su posición de mediador da nombre a esta investigación. Al publicarse que las Cortes han sido el eje de las negociaciones de la trama y que muchos de sus implicados, entre ellos empresarios, recorrieron las instalaciones y el despacho de Fuentes respaldados por el propio parlamentario, a partir de este miércoles 1 de marzo todos los diputados estarán obligados, vía grupos parlamentarios, a presentar un listado con los datos de las personas que entren bajo su supervisión en la cámara baja.
Así lo han confirmado fuentes parlamentarias de diverso signo a El Independiente. Éstas exponen que, hasta la fecha, trasladar esos datos era un gesto de «cortesía» por parte del propio parlamentario a los servicios de seguridad de las Cortes. Pero no era una obligación y cualquier visitante invitado por un representante público podría saltarse esos controles de identificación. En contraste, por ejemplo, de los periodistas, que cada vez que desean acceder al complejo parlamentario deben proporcionar sus datos. Incluido si van bajo previo acuerdo con alguno de lo responsables de los grupos a realizar, entre otras labores, una entrevista a un diputado. A partir de ahora, será necesario proporcionar «los datos de las personas ajenas a la cámara», principalmente el nombre y el documento de identidad.
Este cambio en la normativa ha sido trasladado a todos los grupos parlamentarios a través de un comunicado y vía correo electrónico de manera individual a cada uno de los 349 representante, sus equipos de prensa y demás empleados del Parlamento. «Se ruega que cuando se realicen solicitudes en ese sentido, dichos datos se incorporen en el documento de Excel que se adjunta, respetando las celdas en el modo establecido y que se comunique a la Comisaría Especial a través del correo por parte de los diputados, los grupos, o el personal del Congreso que corresponda», versa esa nota remitida.
Los parlamentarios creen que este endurecimiento del registro de entradas no será eficaz para evitar que se repitan comportamientos como los recogidos en la trama Mediador, porque solo se sabrán los datos de las visitas, no sus intereses
Entre las voces parlamentarias consultadas, hay cierto consenso en que esta medida «no es eficaz» para evitar que se repitan comportamientos como los ejercidos por los implicados en la trama coloquialmente denominada del ‘Tito Berni’. «Nos parece poco eficaz, lo que hay que regular son los lobby -ello lo ha recordado hoy Patxi López-, los grupos de presión» que intentan condicionar el comportamiento parlamentario a la hora de legislar», comentan. «Y eso es lo complicado, pero es lo que tiene mayor interés de cara a la transparencia», añaden. Recalcan que está muy bien controlar el acceso a instituciones como el Congreso, pero ello no regulará «las prácticas» que se cometen en él. «Nadie va a poder evitar que unos representantes del sector ganadero que vienen a hablar con un portavoz de la comisión de Agricultura vayan luego a prostíbulos y consuman cocaína o alcohol», expresan las mismas fuentes.
Tal y como se recoge en el sumario del caso, Fuentes y el resto de implicados solicitaban un «peaje económico» de 5.000 euros a cualquier empresario interesado en lograr «privilegios» en términos de contratación pública y, además de la sede de la Guardia Civil [algo por lo que el PP solicitará explicaciones al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska] y en algunas embajadas [del mismo modo a José Manuel Albares, el ministro de Exteriores], la cámara baja se erige como el principal nexo de encuentro. A partir de ahí, las negociaciones derivaban en encuentros en «grandes fiestas» cuyas cantidades de gasto de manera individualizaba oscilaban entre los 1.000 y los 3.000 euros.
En estas reuniones, como ha contado este medio [para ver más información, consultar aquí] se exponía la problemática del empresario o sus planes de crecimiento. También se hacían ofrecimientos hasta el límite de las capacidades públicas posibles. Era entonces cuando se entregaba al intermediario el dinero en metálico y este, posteriormente, al aquel que podría gestionar el asunto. Posteriormente, las reuniones finalizaban en «grandes fiestas» en clubs de alterne o en el Hotel Victoria, también a cargo de los empresarios solicitantes de ayuda.
