El PP negocia con Vox la Ley de Patrimonio Cultural, que abre la puerta al blindaje del enclave, para aprobarla en marzo. El movimiento intenta anticiparse al decreto que ultima el Gobierno sobre la ‘resignificación’ del lugar
La campaña electoral planea ya sobre el Valle de los Caídos. Isabel Díaz Ayuso ha tomado inicialmente la delantera a Pedro Sánchez y prevé aprobar en las próximas semanas la norma que serviría como paraguas jurídico para proteger la cruz del enclave. La Comunidad de Madrid trata de anticiparse así a los futuros planes del Gobierno central, que también ultima el decreto para desarrollar la Ley de Memoria Democrática y el nuevo marco jurídico que se aplicará al rebautizado como Valle de Cuelgamuros para determinar su organización, funcionamiento y régimen patrimonial. Las iniciativas coincidirán con el final de ambos mandatos, con unos meses de diferencia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid quiere dejar lista la Ley de Patrimonio Cultural antes de que acabe la legislatura. Fuentes del grupo parlamentario popular en la Asamblea regional explican a El Confidencial que la intención es que el texto pase el primer filtro en la próxima comisión del ramo, el 1 de marzo, y que después se eleve al pleno autonómico. La primera fecha que se maneja es la sesión convocada para el 16 del mismo mes, aunque si no fuera posible se pasaría al día 23, último pleno de la legislatura.
Dada la naturaleza de la norma y su propósito, lo lógico es que salga adelante con el apoyo de Vox, aunque desde el equipo encabezado por Rocío Monasterio sostienen que aún no han decidido el voto. La formación ultraconservadora, no obstante, ha reclamado en repetidas ocasiones la declaración del Valle de los Caídos como bien de interés cultural (BIC) para protegerlo de la Ley de Memoria Democrática del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Las dos formaciones negocian ya la viabilidad de la iniciativa, con apenas dos semanas de margen.
Isabel Díaz Ayuso rechazó en primer término la declaración del conjunto como BIC, con el argumento de que carece de competencias para ello, habida cuenta de que pertenece a Patrimonio Nacional. Pero la Comunidad de Madrid encontró en la Ley de Patrimonio Cultural un resquicio para plantear la posibilidad de su blindaje y evitar una eventual actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en el Valle de los Caídos, aunque en la ley de memoria no se plantea la demolición o el desmontaje de la cruz. El texto, según explicaron fuentes del Ejecutivo regional tras su registro, pretende «adaptar y modernizar» la legislación para mejorar la conservación de los bienes culturales con un nuevo tipo patrimonial: el etnográfico.
El objetivo es proteger “todos los bienes muebles, inmuebles, inmateriales, espacios o elementos que constituyan testimonio y expresión significativos de la identidad, la cultura y las formas de vida tradicionales de la Comunidad de Madrid”. La clave está en el artículo 73 C de la ley ahora en tramitación, que establece los bienes susceptibles de considerarse como patrimonio etnográfico. “La arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger”. Así, la alusión a las cruces allana el terreno a una futura protección, aunque la decisión final corresponde a los técnicos de Patrimonio, que serán los encargados de determinar si encaja o no en la nueva categoría. Los partidos de la oposición (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) recelan de que la norma sea cobertura suficiente para actuar sobre el conjunto.
Pedro Sánchez hizo del Valle de los Caídos y la exhumación de Francisco Franco una de sus banderas electorales antes de los comicios de 2019. El calendario que manejan ahora en la Moncloa sitúa el polémico enclave en el mismo contexto para finales de año, aunque ahora con la réplica de Isabel Díaz Ayuso antes de la campaña de las elecciones autonómicas. Como informó El Confidencial, el PSOE no desarrollará todas las iniciativas de la Ley de Memoria Democrática, pero no dejará pasar la resignificación del lugar o la prohibición de organizaciones como la Fundación Francisco Franco. Tampoco la negociación con la Iglesia para la salida de los monjes benedictinos que custodian la basílica.
El Ejecutivo ultima el real decreto que regula la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del conjunto, con el objetivo de «establecer el régimen de funcionamiento y organización», según lo dispuesto en el artículo 54 y en la disposición transitoria primera de la Ley de Memoria Democrática. Este precepto de la norma prevé el cambio de denominación del Valle de los Caídos, que pasa a denominarse Valle de Cuelgamuros, como un «lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos».
El mismo texto incluye la prohibición de «llevar a cabo actos de naturaleza política ni de exaltación de la guerra, de sus protagonistas o de la dictadura». También la consideración de «cementerio civil» para las criptas adyacentes a la basílica y los enterramientos existentes. «En el Valle de Cuelgamuros solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas. Asimismo, se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto», prosigue.
El decreto profundizará también en la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, «por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales». Según establece la norma, esta producirá efecto en la fecha de entrada en vigor del real decreto. En última instancia, se atenderán las reclamaciones y peticiones de los familiares «que tengan por objeto instar la exhumación y entrega de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle de Cuelgamuros. Para el caso de imposibilidad técnica de exhumación, se acordarán medidas de reparación de carácter simbólico y moral».
La Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, salvo que Vox se oponga, tendrá la luz verde antes de que el Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática haga cualquier movimiento. Esto otorga a la presidenta madrileña una pequeña ventaja en esta particular polémica, con el votante más conservador en el foco. El departamento que dirige Félix Bolaños no maneja aún ninguna fecha para la aprobación del decreto, con la única certeza de que será antes de que expire la legislatura.
