La patronal consuma su ruptura con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y no acudirá a la mesa para la subida del SMI. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha avanzado este martes que contestarán por escrito a la consulta del Ministerio de Trabajo sobre la subida del salario mínimo interprofesional para 2023.
En un acto organizado por la Cadena SER, Garamendi ha explicado que a las 9:30 de mañana miércoles está convocada la junta directiva de la patronal, la primera tras su reelección, en la que se tratará sobre la subida del SMI y se pronunciará al respecto «por escrito». Trabajo ha convocado también para mañana, y a la misma hora, a patronal y sindicatos a una reunión para escuchar sus aportaciones antes de tomar una decisión sobre el SMI.
Garamendi ha manifestado que esta cuestión «no es diálogo social», sino una decisión que toma el Gobierno previa consulta con los agentes sociales. «No nos están preguntando, solo nos piden nuestra opinión, y no es una cuestión que nos sentemos a negociar», ha agregado el líder de la patronal, que la semana pasada dio por rotas las negociaciones con Trabajo hasta que rectifique sobre una enmienda pactada con Bildu sobre el control de la inspección en los ERE. Según ha dicho, la convocatoria del SMI les llegó ayer y él se había enterado por la prensa, y ha afirmado que contestarán por escrito «a lo que nos han mandado por escrito».
Ha parado la creación de empleo
Garamendi también ha subrayado que las subidas del SMI han parado la creación de empleo en España, y en un país «lo que hay que hacer es crear empleo». El líder de la patronal ha señalado que, en más de la mitad de las comunidades autónomas, el salario mínimo va a superar el 60% del salario medio y ha destacado que la facturación de una empresa de una comunidad tiene poco que ver con la de otra radicada en una autonomía diferente.
Se ha pronunciado así después de que este lunes se presentara el informe del comité de expertos, que plantea una subida del SMI para 2023 de entre el 4,6% y el 8,2%, con lo que podría alcanzar un máximo de 1.082 euros brutos mensuales en 14 pagas frente a los 1.000 euros vigentes.
En su opinión, habría que tomar como referencia cantidades de moderación como la subida del 3,5% de los funcionarios públicos y otras referencias que afectan al campo, a los contratos de las empresas con las administraciones públicas y a las diferencias entre comunidades autónomas. Ha precisado que en otros países el trabajo en el campo se compensa con cotizaciones sociales y ha lanzado críticas porque la subida del salario mínimo no se indexa en los contratos públicos.
Asimismo, ha considerado que el salario mínimo debe ir indexado a la negociación colectiva. También ha lamentado que se suba «alegremente» el salario mínimo y a mitad de año se vuelva a incrementar, lo que a su juicio causa «sensación de indefensión».
