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La Fiscalía pide la anulación del congreso del PAR

Las palabras del Ministerio fiscal, en boca de José Manuel Flores, cayeron como una bomba en la sala 40 del Juzgado número 18 de Zaragoza. El mismo fiscal que no respaldó los argumentos presentados por los críticos al solicitar las medidas cautelares, fue muy claro al asegurar que hay «irregularidades sobradas para estimar la demanda y dar lugar a las nulidades» solicitadas por la parte demandante, que puso sobre la mesa decenas de datos sobre las irregularidades. De todas ellas se habló en el juicio que quedó visto para sentencia y que tiene una trascendencia enorme para el futuro de la formación aragonesa, dividida en dos desde octubre de 2021, cuando críticos y oficialistas se enfrentaron en dos listas lideradas por Elena Allué y Arturo Aliaga.

Entre las supuestas irregularidades destacaron las 311 afiliaciones admitidas fuera de plazo, algunas de ellas pagadas desde una misma cuenta –Rafael Samper, mano derecha de Alberto Izquierdo, pagó 64 cuotas con 1.536 euros)–. Además, se criticó la designación privilegiada de algunos alcaldes como compromisarios, la devaluación de los votos de la capital –se anularon todos los distritos de Zaragoza, que pasó a tener el mismo valor que cualquier otra población– o la numeración de las papeletas a la hora de votar. Todas estas consideraciones, según explicó la abogada Olga Oseira, influyeron en el resultado del XV congreso del Partido Aragonés, en el que fue reelegido Aliaga.

La primera discrepancia explicada este miércoles es si estaba convocada la fecha del congreso, algo que los críticos del partido entienden que quedó claro el 13 de enero de 2020, cuando se estableció junio de 2021 como el momento de la celebración. «Pero no había una fecha concreta y por eso no se puede hablar de convocatoria», dijo la abogada de la parte demandada, que entiende que ese congreso quedó en el aire y que fue en junio de 2021 cuando se estableció la nueva fecha, el 23 y 24 de octubre de 2022.

La fecha es importante porque esos 311 afiliados que aparecieron inscritos de golpe se entienden como la causa de que Aliaga repitiera victoria. Había muchas irregularidades, según el fiscal, porque faltaba el DNI, o la cuenta corriente, o los avales… «De manera que en algunos casos no se sabía si pagaban o, en su caso, quién pagaba», esgrimió el fiscal en sus conclusiones, que incidió en que el cambio de las reglas de partido antes del congreso «convirtió a Zaragoza, que tiene el 52% de la población de Aragón, en un distrito más».

Algunos testigos de la parte oficialista, por la que comparecieron Ildefonso Salillas, Joaquín Peribáñez  o Juan Manuel Muñoz.

Algunos testigos de la parte oficialista, por la que comparecieron Ildefonso Salillas, Joaquín Peribáñez o Juan Manuel Muñoz. ÁNGEL DE CASTRO

Por esta razón pidieron los demandantes la nulidad del sistema de elección de los compromisarios en Zaragoza, al entender que haciendo desaparecer los distritos de la capital y convertirla en uno solo «era una intención evidente de disminuir su influencia en el congreso». «Difícilmente se puede entender que Huesca tuviera 11 compromisarios y Zaragoza 37», explicó la abogada de la parte demandante, que también pidió la nulidad del acuerdo de la comisión por los 311 nuevos afiliados, o la de la mesa del congreso, «que no solo no fue elegida por los compromisarios como establece la ley sino que tres de sus miembros eran de la candidatura oficial, que no quería perder el control de esta mesa» que, además, permitió papeletas numeradas. «Así, la votación no fue ni secreta ni libre», esgrimió Oseira.

Para esta letrada, las irregularidades son «claras y evidentes», por lo que pidió la nulidad del reglamento por la inexistencia de una segunda convocatoria [el congreso estaba convocado en enero de 2015], además de que «no hay un solo documento que acredite que se convocara otro congreso», razón a la que se agarra el sector oficialista para explicar que los 311 últimos afiliados entraron en tiempo y forma. «No era un congreso ordinario sino uno extraordinario», aduce la parte oficialista.

«Hemos conseguido demostrar que hubo una acción premeditada para retrasar el congreso; que se manipuló el resultado al aceptar afiliaciones; que se admitieron afiliados pagados desde cuentas que no son titulares; y que era antidemocrático e imparcial porque el objetivo era que ganase la candidatura oficial a cualquier precio», cerró la letrada de los reclamantes.

La visión de los demandados

Desde la parte demandada, se expuso que no hubo ninguna otra impugnación, «solo la del demandante (Xavier de Pedro, expresidente de la CHE), a quien no le gustaba cómo iban las cosas» en los días previos a un congreso que los oficialistas no aceptan que fuese convocado en enero de 2020.

«Solo hubo unas manifestaciones con la intención de convocar en junio de 2021, pero la verdadera convocatoria fue la que puso la fecha», en este caso ya en verano de ese mismo año, cuando se concretaron los días 23 y 24 de octubre», se defendieron los demandados, que recalcaron que todas las comisiones fueron nombradas «por consenso».

Sí aceptaron desde esta parte el mal funcionamiento del PAR. «No podemos negar que el partido puede mejorar en su administración, pero eso no puede ir en contra de los afiliados», señalaron los desmandados, que justificaron la numeración de las papeletas en un «desgraciado error», aseguraron que Joaquín Serrano, secretario general del partido, «bloqueó el alta de las fichas» durante un tiempo y que las supuestas irregularidades de las que hablan los críticos son «bombas de humo».

Fue precisamente Serrano el que testificó que «no había retrasos en las afiliaciones» y que en un certificado del presidente «se decía que se habían aceptado a los nuevos militantes en una comisión permanente en marzo, algo que no había sido así». Se les admitió aunque, según estos, el corte de aceptación estaba tres meses antes de la convocatoria del congreso. Es decir, en octubre de 2019.

En los mismos términos se expresó Javier Callizo,  exconsejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón, aunque fue más contundente al afirmar que el congreso no se podía convocar en verano de 2021 porque «ya estaba convocado» y reconoció que la Ejecutiva del 7 de setiembre de 2021, mes y medio antes del congreso, «fue uno de los momentos más desagradables que he vido en el PAR» desde hace más de 20 años. «Nada se sometió a debate, todo directamente a votación porque el presidente prohibió expresamente el debate», dijo Callizo, que lo describió como «un congreso bajo vigilancia» porque la mesa no fue elegida democráticamente sino «a dedo», con tres de Aliaga: «No había ni apariencia de imparcialidad», observó el exconsejero.