Molestos con los ataques de Podemos a los tribunales por la rebaja de condenas en la que se está traduciendo la ley del «sí es sí», el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respaldado este miércoles la labor de los magistrados españoles.
La Comisión Permanente del órgano ha emitido un comunicado en el que expresa su «más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos». Estas ofensas se contraponen, dice, «con el acreditado compromiso de la carrera judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual».
A juicio del CGPJ, este tipo de actuaciones «minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de la Justicia, aumentando su desprotección». Recuerdan los vocales que «la aplicación de la norma más favorable» constituye un principio básico del derecho penal derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena».
Las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días lo han sido, agrega, en «aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley tal y como dispone el artículo 117.1 de la Constitución Española».
Recuerda el Consejo que el 25 de febrero emitió el correspondiente informe sobre el anteproyecto de esta ley y que el mismo fue aprobado por unanimidad. En el texto, remitido al Gobierno, el Pleno del CGPJ constató que las penas contempladas para los delitos de agresiones sexuales suponían una reducción del límite máximo de algunas penas y que esta circunstancia comportaría «la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente».
«Sólida formación»
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, se ha adherido al comunicado de la Permanente y ha recordado, además, que los miembros de la carrera judicial «tienen una sólida formación en materia de violencia de género y de perspectiva de género», áreas sobre las que reciben cursos específicos. Estas declaraciones se producen después de que la ministra Irene Montero señalara este miércoles que reforzará la «formación obligatoria del personal que opera en la justicia».
Según afirma Carmona, todos los integrantes de la carrera a quienes por concurso ordinario les sea adjudicada una plaza en un juzgado de violencia sobre la mujer, un juzgado de lo penal especializado o una plaza en una sección especializada de una Audiencia Provincial, deben recibir cursos de violencia de género de forma obligatoria.
Además, el órgano de gobierno de los jueces imparte cursos sobre perspectiva de género que son obligatorios «para todos aquellos magistrados y magistradas que quieran examinarse de cualquiera de las especialidades (Mercantil, Contencioso-Administrativo, Social, etc.). Sólo si superan ese curso pueden optar a examinarse de la especialidad».
Desde 2019, año en el que se estableció por ley la obligatoriedad de realizar el curso sobre perspectiva de género para acceder a la especialidad, han recibido esta formación un total de 1.467 jueces y juezas.
