España pretende continuar siendo el país que más fondos europeos pretende recibir en menos tiempo. Así, este fin de semana el Gobierno ha concretado la solicitud formal del tercer pago del plan de ayudas Next Generation EU, lo que supondrá el desembolso de un total de 6.000 millones de euros más, ligados al cumplimiento de 29 hitos y objetivos durante el primer semestre de 2022. Este nuevo desembolso se sumaría a los 31.036 millones de euros ya recibidos, de los cuales, 9.036 millones se recibieron en concepto de prefinanciación y 22.000 millones correspondientes al primer y segundo pago.
En caso de obtener una evaluación positiva por parte de la Comisión Europea (CE), España ya habría cumplido 121 hitos y objetivos de un total de 416, lo que equivaldría a casi un 30% del total de hitos y objetivos exigidos. Según el Ministerio de Asuntos Económicos, la implantación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ha cogido «velocidad de crucero», al existir ya convocatorias por 11.000 millones de euros repartidas en 53.600 proyectos. De este total, 42.000 corresponden a empresas, 5.800 a entidades locales y más de 2.800 están siendo desarrollados por universidades y centros tecnológicos, con unas convocatorias mensuales que alcanzan los 2.000 millones.
Según sus cuentas, ya se ha autorizado casi el 80% de los 22.455 millones presupuestados para este año del PRTR y, entre 2021 y 2022, la Administración central ha asignado a las comunidades autónomas 19.600 millones, dirigidos a la industria, el comercio y el turismo, a la digitalización, el transporte y la movilidad o la transición verde y la ciencia y la salud. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.
De momento, el Ministerio que dirige Nadia Calviño ha decidido pedir a la CE más tiempo para poder «completar y facilitar el trabajo de los equipos ante la premura de los tiempos a final de año y con el periodo navideño a las puertas». Por ello, junto al tercer pago, han formalizado una adenda para extender el plazo de valoración de la documentación presentada al menos 30 días más, es decir, tres meses en el cómputo global, petición que une a nuestro país a Italia, Chipre, Rumanía o Bulgaria, que tampoco cumplirán con las fechas previstas.
Junto a este contratiempo, desde el Ministerio de Asuntos Económicos se reconoce la citada autorización del 80% de los fondos ya recibidos, pero otra cosa es la ejecución real de ellos, que se está limitando en su mayor parte al sector público. Así, la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) -el órgano de control interno del sector público estatal- ha publicado los datos de ejecución de los fondos europeos hasta el 30 de septiembre, contabilizando unos pagos que ascienden a 6.347 millones de euros, apenas un 22% del total del presupuesto para este año, cifra que a falta de un trimestre, supone que el cumplimiento del objetivo de materializar al menos el 50% será más que improbable.
Y ni siquiera se está cumpliendo la promesa de que estos fondos lleguen a la economía real, a las empresas y a los hogares. Como han denunciado reiteradamente los partidos de la oposición y la organizaciones patronales, “los fondos siguen sin llegar al tejido empresarial. La economía real continúa al margen de esta ayuda vital para la transformación hacia el futuro que dice quiere hacer el Gobierno”, critica Santiago Sánchez, economista vinculado al equipo económico del PP. Y los números parecen darle la razón.
Según las estadísticas del Igae, los pagos más importantes hasta ahora se han realizado a entidades y organismos públicos, y a gobiernos autonómicos y municipales. Así, Adif -la entidad pública de estructuras ferroviarias- ha recibido 420 millones y el Servicio de Empleo (SEPE), 549 millones. Por su parte, las comunidades autónomas han ejecutado importes para el Plan Sostenibilidad Turística (615 millones); para la construcción de viviendas de alquiler social (500 millones); y para la rehabilitación de edificios públicos (400 millones). En cuanto a las entidades locales, estas han asignado 457 millones: para movilidad Sostenible y ZBE, 309 millones; para mercados municipales y zonas comerciales, 66 millones; en modernización de ayuntamientos, 44 millones. Capítulo aparte tiene el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), que debería ser pieza fundamental en este Plan de Recuperación pero continúa sin realizar pagos de su presupuesto para 2022.
En total, y según marcan las “Estadísticas de ejecución del Presupuesto (artículo 135 de la Ley General Presupuestaria)”, apenas un 30% de los fondos asignados han llegado a la empresa privada y, en cantidad ínfima a los hogares, por lo que alrededor del 70% se ha quedado en el sector público. Además, el Igae solo hace referencia a los pagos realizados hasta ahora -por valor de a 6.347 millones-, pero no a su asignación ni a su ejecución, que ha sido aún más reducida, ya que estos fondos deben ejecutarse a través de las convocatorias que les correspondan, formándose un cuello de botella complicado de resolver por el propio diseño del Plan de Recuperación, que burocratiza y ralentiza todos los procesos. Así, el sistema de información creado ad hoc para este plan, denominado Coffee, se ha confirmado como un gran fracaso, ya que sigue inoperativo, lo que ha provocado que las comunidades estén obligadas a recurrir a un Excel para cumplimentar ante el Ministerio el destino de los fondos, algo que la Comisión Europea ha afeado en varias comunicaciones al Ejecutivo.
A todo ello se suma el retraso en la ejecución de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), de los que apenas un 20% de los fondos se ha asignado, casi el mismo porcentaje que uno de los proyectos más importantes, el del Perte VEC de automoción. El Gobierno movilizará en él inversiones por un importe de 2.252 millones de euros, lo que supone alcanzar menos del 19% del objetivo de 11.900 millones previsto. El Ejecutivo ha adjudicado hasta ahora únicamente 877,22 millones de euros en un primer paquete. Los otros diez Perte mantienen desarrollos similares, muy por debajo de lo esperado.
Por ello, desde el primer partido de la oposición se habla abiertamente de “fracaso, mal ritmo de ejecución, reconocido por el propio Gobierno, sin un impacto significativo en el crecimiento ni en la creación de empleo, con una enorme falta de transparencia y de rendición de cuentas, con la mala imagen del desastre de los Perte y, para rematar, llega ahora la adenda al plan y a las condiciones de los préstamos”.
Pero Calviño se muestra impertérrita ante estos ataques y sigue reivindicando que, más allá de “dar respuesta a lo urgente”, España no puede “perder de vista lo importante”, es decir, sus objetivos de medio plazo, como transformar la economía española “en clave verde y digital” para garantizar no solo un crecimiento económico, sino también en el plano medioambiental y social, ha dicho. “Seguimos desplegando con ambición y rapidez la agenda de reformas y las inversiones del plan de recuperación, que ya está teniendo un impacto muy positivo, de crecimiento económico y de creación de empleo de calidad”. Pero los números dicen otra cosa y ese objetivo del medio plazo parece cada vez más lejos.
