El Gobierno lanza la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición. La propuesta será registrada este viernes por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados como proposición de ley. Un procedimiento, hacerlo desde las Cortes y no desde el Consejo de Ministros, que permite al Ejecutivo sortear la petición de informes preceptivos a órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. Regatea frenos u objeciones. El texto de esta propuesta plantea derogar el delito de sedición y sustituirlo por «una nueva tipología» que se sería «desórdenes públicos agravados».
«Va a ser una iniciativa que ayude a distender la situación en Cataluña», ha sido la justificación que ha dado Sánchez para poner ya sobre la mesa esta la medida. «Comprendo que haya españoles que tengan dudas», ha añadido. Entre esos españoles se encuentran miembros de su partido, líderes territoriales y presidentes autonómicos, que no ven con buenos ojos esta reforma y que consideran que puede pasarles factura.
Uno de los propósitos de lanzar ahora esta medida es también amortiguar ese posible desgaste con un colchón de meses por delante respecto a las elecciones municipales y autonómicas de 2023.
«Tenemos que seguir dando pasos», ha dicho Sánchez en una entrevista en La Sexta. «Mañana [por este viernes] los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición y reemplazarlo por otro homologable al que tienen otras democracias como la alemana, la francesa, la italiana, la belga o la suiza», ha defendido.
Sánchez acelera la reforma del delito de sedición, una vez rota la negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los populares rompieron el diálogo alegando que el Ejecutivo jugaba a dos bandas y les engañaba respecto a esta iniciativa, que el propósito de Sánchez era acometerla frente al enfriamiento que traslada el ministro Félix Bolaños en las negociaciones. Ahora, el Gobierno se lanza de lleno a ella.
El Gobierno gira en su posicionamiento. Realiza un viraje y se desdice a sí mismo. Hasta hace sólo unos días, horas, en el Ejecutivo seguían apuntando que no había novedades ni avances, ni siquiera negociación o intercambio de propuestas con ERC respecto a la reforma y rebaja del delito de sedición. «No está maduro», llegaban a decir en La Moncloa. Cabe recordar que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sólo hace unos días en el Congreso en el marco del debate sobre los Presupuestos, dijo que el Gobierno llevaría la reforma a esa Cámara y ante el revuelo que produjeron sus palabras se vio obligada, algunas fuentes apuntan a que la obligaron, a desdecirse.
Pero ya hay papel, ya hay propuesta, ya se da inicio al trámite. Uno de los argumentos esgrimidos hasta ahora por el Ejecutivo para decir que no había nada nuevo sobre la reforma de la sedición es que no había una mayoría en el Congreso para sacarla adelante, como se ha demostrado en otras iniciativas parlamentarias. Lo cierto es que sí la había y así se lo recordaban sus socios, entre ellos ERC -que si en un principio abogó por la amnistía en las últimas fechas bendijo la posible rebaja de la sedición- o Bildu. Los independentistas catalanes estaban al tanto del anuncio que iba a realizar Sánchez. Sabían el contenido y alcance del mismo con antelación.
Y, de hecho, fueron de las primeras formaciones en valorar el mismo. «Es un gran paso adelante, un paso imprescindible en la dirección de acabar con la represión política por el conflicto entre el estado español y Cataluña. No hubiera sido posible sin la negociación política entre ambos gobiernos», valoraron desde ERC.
Sánchez ha negado que el impulso de esta iniciativa fuera una una «exigencia» de ERC para, por ejemplo, apoyar los Presupuestos que se tienen que votar a finales de noviembre en el Congreso. «Lo he reivindicado desde siempre», ha defendido. El propósito del Ejecutivo era separar las Cuentas Públicas de la sedición, que apuntaban, en todo caso, seria un asunto a tratar en la llamada mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, que tiene pendiente reunirse antes de que acabe el año.
Este cambio en el Código Penal afecta a los líderes del procés juzgados en España, y condenados por sedición y malversación, entre ellos Oriol Junqueras, líder de ERC. Pero también podría favorecer a Carles Puigdemont y Marta Rovira, huidos de la Justicia española. Sánchez ha defendido que ambos, de regresar a España tendrían que rendir cuentas ante la Justicia porque «se van a reconocer penas por esos delitos», que de salir adelante la reforma pasarían a denominarse «desórdenes públicos agravados». «Los delitos de 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no como delito de sedición, sino en una nueva tipología de delito».
