Más de un tercio de los españoles depende de la nómina del Estado

La nómina del Estado engorda cada año y lo hace a la máxima velocidad. Pensiones, desempleo, funcionarios, ingreso mínimo vital… la presión de esta factura en las cuentas públicas es la más alta de la historia, un problema estructural que impulsó la Gran Recesión y que, lejos de revertir, se ha acrecentado en la última década y disparado durante la etapa del Gobierno de coalición.

La crisis financiera nutrió las estadísticas de desempleo hasta los seis millones, engordando también el número de prestaciones y subsidios. La presión del gasto fue desinflándose lentamente hasta que el ‘escudo social’ de Pedro Sánchez volvió a disparar la factura. En esta legislatura se han generado ocho subsidios y una red de ayudas con la pandemia que seguirá engordando durante el próximo ejercicio. También suma que hoy la economía cuenta con 1,2 millones más de parados que en 2007, que desde finales de 2018 el Estado ha sumado medio millón de empleados públicos, y que hay 1,4 millones de perceptores del ingreso mínimo vital desde 2020, la medida estrella del Gobierno que no logra despegar.

Para comprender los números es necesario partir del dato de que España tiene 47,3 millones de habitantes y que solo la mitad (23,5 millones) son activos que están en edad de trabajar (16 años o más) y podrían hacerlo. Y si realizamos el ejercicio de dividir España entre los empleados que reciben una renta procedente del sector privado y aquellos que la perciben del sector público resulta que en este último grupo encontramos dos millones más de personas que en el primero. Hoy, las empresas privadas pagan el salario a 14 millones de trabajadores frente a los más de 16 millones del sector público.

Y más al detalle. De los 20,5 millones de ocupados que hay en España, unos 17 millones corresponden al régimen general mientras que otros 3,5 millones son autónomos. Si restamos el empleo público de entre los asalariados, el sector privado emplea a unos 14.085.435 trabajadores, lo que supone es dos millones más de empleados que los que tienen una renta dependiente del Estado -incluyendo en esos 16 millones a los empleados públicos-.

¿Es posible recortar estos gastos? Es complicado, teniendo en cuenta que el mayor peso se corresponde con gastos estructurales como las pensiones y el salario de los 3,5 millones de empleados públicos. La mayor parte del desembolso viene condicionado por el abono de 10 millones de nóminas a los jubilados, en una sociedad envejecida que espera el aterrizaje de los primeros jubilados del ‘baby boom’ en 2023 y tras largas carreras de cotización.

Cada mes el Estado debe desembolsar casi 11.000 millones para pagar el sueldo a los pensionistas. Las nóminas de los mayores se llevarán el año próximo la mitad del Presupuesto con un gasto de 190.000 millones. Y lo harán en un momento de máxima incertidumbre para nuestro sistema: habiendo sido derogado el factor de sostenibilidad y con mecanismo de equidad intergeneracional, que entrará en marcha en 2023, cuestionado por las autoridades comunitarias.

A estos pagos se suman los 150.000 millones que van para sufragar el sueldo de los funcionarios, 20.000 millones que el año que próximo se destinarán a prestaciones por paro -el Gobierno espera abonar dos millones de prestaciones en 2023 y, por tanto, sumar 400.000 beneficiarios más-, otros 10.000 millones para prestaciones no contributivas asistenciales (ayudas por nacimiento, cuidado de menores, dependencia, etc.) y otros 3.000 millones para el ingreso mínimo. Todos estos compromisos supondrán una factura para las arcas públicas a lo largo del próximo año de más de 350.000 millones de euros, el equivalente a un tercio del PIB anual.

El organismo que más compromisos copa en términos de cobertura es la Seguridad Social. Y sus recursos están lejos de poder cubrir todas las obligaciones de pago. El año que viene los impuestos cubrirán hasta 38.000 millones de gasto de la Seguridad Social. Este año, esa transferencia rebasará los 30.000 millones después de los últimos 7.000 millones prestados para abonar la paga extra de Navidad a los pensionistas en noviembre.

Todos estos préstamos se añaden a la abultada deuda de cerca de 100.000 millones que ha contraído el sistema con el Estado en concepto de estas transferencias extraordinarias necesarias ante la imposibilidad de cumplir con los compromisos solo con la recaudación de las cotizaciones. Y ello a pesar de que las aportaciones de los trabajadores al sistema alcanzan este año cifras históricas: se espera recaudar 141.000 millones este año y 152.000 millones en el próximo ejercicio.

Aunque el aumento del número de españoles que de algún modo dependen de las Administraciones se debe en parte a la evolución demográfica y, por lo tanto, responde a un proceso natural, la acción de Gobierno es apreciable. Desde el 2008, la población española se ha incrementado en dos millones de personas, un factor que impacta tanto en el mercado de empleo como en la red asistencial pública.

También en este plazo se ha incrementado de 7,6 millones a 9 millones el total de pensionistas. Sin embargo, también la suma de 1,4 millones de beneficiarios del ingreso mínimo vital -el despliegue completo de la prestación, lejos de ejecutarse en estos momentos, llevaría el total de personas que de algún modo se benefician del ingreso mínimo hasta los dos millones- y el fuerte repunte de empleo público -son 600.000 trabajadores más que en 2018- están detrás de este desborde de la nómina estatal.

Resultado final: mientras en 2008 había un 28,1% de españoles cuya renta depende del Estado, se pasó al 30,2% en 2018 con la Gran Recesión, y ahora se sitúa, tras el efecto de la pandemia, en el 33,8% del total de españoles.