La reforma anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC) no ha sentado nada bien en un amplio sector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes de la institución consideran que le decisión del Ejecutivo de rectificar su propia reforma que le impide hacer nombramientos estando en funciones, levantando ese veto legislativo solo para dejarle designar a los dos magistrados del TC que le corresponden, supone «un ataque directo al estado de derecho».
Y es que las fuentes consultadas reclaman que el órgano de gobierno de los jueces recupere sus facultades para cubrir las vacantes judiciales –62 ya según informó ayer LA RAZÓN– con plenitud, y no únicamente en relación al TC, donde de prosperar esta reforma el Ejecutivo se garantiza una mayoría progresista. Y es que al renovarse por tercios el órgano de garantías constitucionales (en este turno a razón de dos magistrados el Gobierno y otros tantos el CGPJ), la posibilidad de que el Ejecutivo acometiera en solitario esa renovación (con el Consejo maniatado por la reforma de PSOE y Podemos que entró en vigor en marzo del año pasado y que ahora se quiere rectificar) planteaba no pocas sombras jurídicas.
«El Gobierno justifica una cosa y la contraria», se quejan esas mismas fuentes, para quienes la iniciativa legal supone «minusvalorar la ley, que debe ir dirigida al interés general y no al del Gobierno, y más cuando se trata de instituciones constitucionales».
“Se ha llegado al límite del manoseo partidista”
«Se ha llegado al límite del manoseo partidista de la institución», apuntan otras fuentes del Consejo, que reprochan al PSOE que «mida las funciones constitucionales del Consejo en función de sus intereses», lo que supone –denuncian– «cargarse la estructura constitucional y la división de poderes».
Ese malestar en un sector mayoritario del Consejo puede acarrear, apuntan, que el proceso de designación de sus dos candidatos a sentarse en el Pleno del Tribunal Constitucional no sea coser y cantar. «Que el Consejo pueda ahora realizar estos nombramientos no quiere decir que se vaya a llegar a un acuerdo con rapidez –señalan–. Se necesita un quórum de 3/5 y, si no lo hay, no habrá nombramientos hasta que se consiga, como ha pasado otras veces». «Lo único que interesa es hacer un buen nombramiento y que sea consensuado y eso lleva su tiempo», señala otra de las fuentes consultadas.
Desde el Consejo tampoco se ahorran reproches al papel que está jugando el TC en todo este asunto (tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma que no permite al CGPJ hacer nombramientos). «Lo que es absolutamente necesario es que el Tribunal Constitucional saque su sentencia y declare la inconstitucionalidad de esta reforma». E incluso instan al presidente de la institución, Pedro González-Trevijano (uno de los cuatro magistrados cuyo mandato venció el pasado 12 de junio), a que «convoque el pleno para la deliberación» de este asunto (una facultad que no suele ejercerse, puesto que se deja en manos del ponente la decisión de llevar a Pleno su propuesta de sentencia). «No hay precedentes», admiten, «pero ¿acaso hay precedentes de lo que está pasando?».
Sin informe, un “desprecio institucional”
Como ya hizo en marzo del pasado año tras anunciarse la reforma que le dejó maniatado, el CGPJ tiene intención ahora de solicitar al Congreso que le pida un informe sobre la que ahora se va a producir. Un informe que no es preceptivo al tratarse de una proposición de ley pero que, recuerdan otras fuentes del Consejo consultadas, «está en la línea de las recomendaciones europeas», que abogan porque «los consejos de justicia deben tener la posibilidad de dar su opinión sobre asuntos que regulan su funcionamiento».
Entonces, el Consejo se encontró con la negativa del Congreso – una posición de la Cámara Baja que califican de «desprecio institucional»–, aunque el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, encargó un informe interno que concluyó que la reforma que limita sus funciones le abocaba a la «atrofia» y «paralización».
«Deben devolvernos la competencia para poder recuperar la capacidad de hacer los nombramientos en plenitud, y no solo para los magistrados del Constitucional», reclaman desde la institución. «Hay más de 60 cargos que hay que nombrar y en los próximos meses va a haber mas y eso, además de causar un daño institucional, está afectando al funcionamiento de la justicia», se quejan.
