El último movimiento del PSOE para forzar la renovación inmediata del Tribunal Constitucional ha dado al traste con los primeros pasos de la negociación emprendida con el nuevo PP para facilitar el recambio de otro órgano fundamental: el Consejo General del Poder Judicial. En el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo consideran que esta estrategia rompe cualquier posibilidad de acuerdo y «revienta» los primeros puentes que habían comenzado a tenderse y que abrían esperanzas para un acuerdo global en julio que desatascase un órgano en funciones desde hace tres años y medio. Las fuentes consultadas aseguran que el anuncio de una nueva modificación legal para controlar el Tribunal Constitucional cierra la puerta a todo entendimiento durante esta legislatura, a la que le queda poco más de un año.
La desconfianza entre las dos formaciones ha llegado al nivel máximo. En el primer partido de la oposición han recibido como una traición la nueva propuesta legislativa del Gobierno que no conocían y que les tomó por sorpresa en la noche de este jueves. En la nueva reforma, el PSOE corrige otra de sus iniciativas legislativas anteriores con el único propósito de conseguir ya un vuelco en la mayoría del TC, que pasaría a contar con un mayor número de miembros progresistas.
En marzo de 2021, las cámaras aprobaron una iniciativa del Ejecutivo destinada a maniatar al Consejo, en funciones desde hace años, y limitar al máximo su actividad. Entre esos límites se encontraba la prohibición de realizar nombramientos para el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y el Constitucional. La iniciativa fue entonces una forma de presionar al PP de Casado para obligarle a pactar la renovación. Un año largo después, esa modificación ya no le vale al PSOE porque frustra su opción de renovar el órgano que más le interesa: el TC. Por ello, la nueva proposición enmienda a la primera para permitir ahora al CGPJ realizar nombramientos, pero solo en lo que afecta al Constitucional.
El propósito de la reforma pasa por acelerar la llegada de un Constitucional progresista, un extremo que no hace sino acrecentar el malestar en Génova. El pasado 12 de junio entraron en funciones cuatro de sus miembros. Dos de sus sustitutos deben ser designados por el Ejecutivo, y otros dos a propuesta del Consejo. Eliminada la traba legal para que este último nombrara, los socialistas se ahorran negociar con el PP para conseguir un pacto global y podrán forzar el cambio sin contar con el aval de los de Feijóo. Tres de los nuevos miembros del TC serán progresistas y el Gobierno dispondrá de un tribunal más afín que en la actualidad después de enfrentarse durante meses a enormes varapalos, como la inconstitucionalidad del estado de alarma. También habrá un presidente o presidenta progresista.
La iniciativa despeja el TC, pero atasca todo lo demás. El Consejo sigue sin renovarse, y la reforma del Gobierno no resuelve la imposibilidad del órgano de nombrar magistrados para el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de justicia, agravando especialmente la situación de estos, que siguen contabilizando bajas por jubilación o fallecimiento que no se cubren.
Y en la arena política la situación no es mucho mejor. La última maniobra de Sánchez dificulta que los pactos que Feijóo propone a la oposición tengan oportunidad de llegar a buen puerto. El PP promoverá nuevas iniciativas en cuestiones primordiales para refrendar su imagen de alternativa al Ejecutivo, pero con la certeza de que cualquier negociación con el Ejecutivo está condenada al fracaso. En las últimas semanas, la sensación que recorría las filas de los populares era la de que el Gobierno solo miraba al PP por su «interés particular» de renovar el CGPJ y el TC. Ningún asunto más. Pero ahora, ni eso. «La realidad es que nunca ha habido ningún puente tendido con Moncloa», sentencian en el equipo de Feijóo.
Como publicó El Confidencial, en el PP ya venían advirtiendo que cualquier movimiento unilateral de Sánchez para renovar por su cuenta el Tribunal Constitucional «rompería todos los acuerdos» y acabaría con la voluntad negociadora de los populares. En un principio, el Gobierno había amenazado con nombrar a sus dos magistrados sin esperar a que el CGPJ, pendiente de un acuerdo entre los dos grandes partidos, hiciese lo propio. «No se atreverán a provocar semejante crisis institucional», advertían en el entorno de Feijóo. Pero la estrategia del Gobierno, que pasa por reformar —que no revertir— su propia reforma para esquivar al PP tampoco calma los ánimos en el partido. «No comunicárnoslo suena a pasar cualquier línea roja«, insisten.
El PP afila los cuchillos contra Sánchez: «La soberbia del Gobierno tiende al infinito»
La última comunicación entre Moncloa y Génova respecto al Poder Judicial se produjo el miércoles de la semana pasada. Según la versión del PP, los negociadores quedaron en llamarse esta semana, una vez finalizado el terremoto de las elecciones andaluzas. Sin embargo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, desmintió ‘ipso facto’ que hubiese ningún tipo de negociación con los populares y denunció que Feijóo solo había «mareado la perdiz» y no se había sentado con el PSOE para buscar un pacto desde que aterrizó en la presidencia nacional del PP. «Es la mejor muestra de que la soberbia del Gobierno tiende al infinito», se defienden los de Feijóo.
Ni economía, ni OTAN, ni reforma constitucional
Los dos principales partidos han cavado trincheras y amenazan con no salir de ellas en lo que resta de legislatura. Más allá del embrollo judicial, en el PP denuncian que Moncloa no ha dado ni el «ok» a su ristra de ofertas de pactos de Estado, empezando por el económico. El pasado 22 de abril, Feijóo envió a Sánchez su particular propuesta fiscal para tratar de embridar la escalada de los precios, al que el Gobierno cerró la puerta sin más. Dos meses después, el jefe del Ejecutivo ha decidido incluir en su nuevo decreto de medidas anticrisis una rebaja del IVA de la luz del 10% al 5%, uno de los estandartes económicos de Feijóo. El guiño ha sido claro, pero la interlocución nula.
En el primer partido de la oposición aseguran que no ha habido contacto alguno por parte del Ejecutivo ni para comunicarles su último volantazo económico ni para negociar el resto de medidas. Moncloa tampoco ha enviado a Génova el documento que aprobará este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario, y el PSOE tampoco se ha puesto en contacto con el PP para tantear al menos una abstención a su decreto en el Congreso. En el equipo de Feijóo advierten que, pese a la «rectificación» con el IVA, no se moverán de su posición si Sánchez sigue «ignorando» la mano tendida de Feijóo.l
A cuatro días para que arranque la cumbre de la OTAN, el PP no ha recibido respuesta alguna a su pacto financiero para la defensa y la seguridad nacional. Entre otros puntos, y ante la «división» que atisban en el seno del Gobierno de cara a una cumbre clave de la Alianza Atlántica, Feijóo puso encima de la mesa la posibilidad de impulsar entre los dos grandes partidos un pacto financiero para garantizar la estabilidad presupuestaria de la defensa nacional. Además, en las filas populares se ha instalado un profundo malestar por la negativa del Gobierno a informar a Génova sobre los principales asuntos que se abordarán en el cónclave que reunirá la próxima semana a 44 delegaciones internacionales en Madrid.
Hace unas semanas, Alberto Núñez Feijóo también instó al PSOE a abrir el texto constitucional para reformar el artículo 49 y sacar de la Carta Magna el término «disminuido» e «incorporar la discapacidad». Los populares son conscientes de que se trata de una operación delicada y piden limitar de forma «exclusiva» la reforma a ese apartado, en el marco de la presión de los socios del Gobierno para abordar cuestiones como la inviolabilidad del rey. El programa de coalición de PSOE y Unidas Podemos contempla la modificación del artículo 49 en el mismo sentido, pero el contacto entre el Ejecutivo y Génova para abordar una cuestión en la que están de acuerdo tampoco se ha producido. El ambiente entre Feijóo y Sánchez está más enrarecido que nunca, y todo apunta a que las espadas, al menos en lo que resta de legislatura, seguirán en alto.
