La Comunidad de Madrid presentará ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto del currículo de Bachillerato que ‘aterriza’ la Lomloe en las aulas. «Queremos manifestar que no puede silenciarse el debate sobre algo tan importante que se gestó en mitad de una epidemia, en coalición con lo más dañino que tiene España, y sin consenso», señaló la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa.
«El Gobierno más débil de la democracia no debería destrozar la educación de todos los españoles», dijo en la Real Casa de Correos acompañada del consejero de Educación, Enrique Ossorio.
Agregó que la ley se «pergeñó a escondidas y en el peor momento, cuando España estaba atendiendo a una crisis mundial y se está llevando a cabo con plazos imposibles de cumplir con las peores artes, suplantándose el sistema de saberes, conocimientos y acervo cultural que conecta entre generaciones, nuestro pasado, presente y futuro y con afán de ingeniería social».
«El Gobierno busca transformar la sociedad y hacerla a su medida. Esta reforma educativa no puede ejecutarse sin un gran debate nacional, sereno, plural, transparente y abierto y donde participen todas las fuerzas cívicas, políticas y culturales. Están volando los puentes entre pasado, presente y futuro. Las nuevas generaciones no sabrán quiénes son, de dónde vienen y, por tanto, las deja en un limbo sin futuro. Se les está instrumentalizando ante un presente de crisis, de droga, de adicciones y ante un futuro que está por hacer; esto forma pate de un rediseño de España entera«, dijo la presidenta.
«Nuestro Gobierno no se va a callar»
Ayuso, que ha sido la única presidenta de una comunidad del PP que ha presentado un recurso ha dejado claro que su Gobierno «no se va a callar y usará todas las herramientas del estado de Derecho, con lealtad, pero con firmeza». La presidenta acusó al Gobierno y al Ministerio de Educación de que con este currículo «lo borran todo, hasta el tiempo, hasta los profesores; pretenden dar una educación que podría darse aquí o en cualquier lugar del mundo como si de una franquicia se tratara; intentan politizarlo y controlarlo todo, han metido demasiada doctrina, algo criticado por el propio Consejo de Estado», agregó la presidenta que dejó claro que no descartan recurrir también al Tribunal Constitucional.
Empezar el curso con los libros del año pasado
Díaz Ayuso dejó claro que pedirán la suspensión cautelar (ante la posibilidad de que el Supremo tarde un año en pronunciarse) del decreto para empezar el curso con los libros del año pasado.
Agregó que no han recurrido los demás currículos de Infantil, Primaria y Secundaria, «porque nuestra intención no era judicializarlo y menos hacerlo con todo. Pero desgraciadamente al conocer los borradores de los libros de texto nos hemos visto obligados a dar este paso». Dijo que hablan en defensa de la calidad de la educación, «no es una batalla contra nadie, es una defensa ante el autoritarismo, la agenda ideológica y la igualdad de oportunidades que también se verá dinamitada con esta educación».
«Infringe los principios de la propia ‘ley Celaá'»
Ossorio explicó las razones del recurso. «El artículo primero de la ‘ley Celaá’ cuando habla de los principios que debe tener el sistema educativo habla de la calidad de educación sin discriminación alguna y entre otros conceptos dice que por motivos geográficos. Entonces, nosotros pensamos que como estos currículos están cargados de ideología y que no tienen muchos de los conocimientos que debería tener cualquier alumno en cualquier punto del territorio español infringiría estos principios de la propia ley orgánica«.
Ossorio agregó que ese mismo artículo dice «que debe ser un elemento compensador de las desigualdades personales, culturales y económicas y sociales; ya hemos dicho varias veces que los alumnos más perjudicados por estos currículos van a ser los de la pública porque va a haber otros alumnos que podrán evitar estos currículos por ir a otros centros educativos y por eso va contra la escalera social, la educación es la mejor escalera social y romper esto iría contra el artículo primera de la ‘ley Celaá'».
Hace exactamente un mes aparecía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el currículo de Bachillerato. Su versión final, adelantada por ABC, fulmina en la asignatura de Historia de España todo lo ocurrido en nuestro país antes de 1812.
Esta fue una recriminación realizada por la Región de Murcia y que Educación no ha escuchado, como tampoco lo hizo cuando la Real Academia de la Historia (RAH) le pidió un cambio de redacción para reemplazar los «mecanismos de dominación» por «el estatus jurídico de la mujer y su evolución de la antigüedad a nuestros días» en la asignatura de Historia de España. Tampoco modifican el apartado de «Memoria democrática» ya que «tal y como se formula no es de Historia», dice la RAH, según consta en la memoria de impacto de la norma a la que ha accedido este periódico.
Otra petición que hizo la RAH en Historia de España es el uso del término colonial en determinados momentos de la historia de nuestro país. Así, sugieren revisar «en el cuarto ítem del bloque A, el uso del término ‘colonial’, pues solo puede aplicarse en Historia de España a los procesos de los siglos XIX y principios del XX».
La asignatura insiste también en la definición del término Libertad: «Por otro lado, se persigue el reconocimiento e interpretación de los diferentes significados asignados al concepto de libertad, así como el análisis de los distintos y a veces contrapuestos intereses presentes en ellos, de manera que el alumnado entienda que la libertad, como principio inherente del ser humano, implica una actitud crítica y exigente ante el cumplimiento de sus principios y aspiraciones dentro del propio marco constitucional»
