Si la destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) causó un profundo malestar interno, y estupor en los servicios de inteligencia aliados, las explicaciones de ayer de Pedro Sánchez en el Congreso, según las cuales la Casa y el juez del Tribunal Supremo que controla sus actividades actuaron por su cuenta y sin que el Gobierno las conociera, no han hecho más que reforzar esos sentimientos. «Por supuesto que La Moncloa sabía lo que se hacía; no hasta el último procedimiento operativo, claro, porque eso no es de su incumbencia; pero el Ejecutivo era perfectamente consciente de que se estaba controlando al secesionismo catalán que, no hay que olvidarlo, era en ese momento la principal amenaza para la seguridad de España», sostienen fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC.
Otras fuentes de la seguridad del Estado, por su parte, recuerdan que la directora del CNI despacha cada dos semanas con la ministra de Defensa, Margarita Robles, «lo que no es extraño, porque el centro depende de su departamento». Hay que recordar en este sentido que la titular de ese departamento se empeñó en que la Casa estuviera integrada en su ministerio, en lugar de en Presidencia del Gobierno, como pretendían otros responsables del Ejecutivo.
Los informes del CNI, por lo demás, son enviados en su totalidad a La Moncloa, y el resto de ministerios reciben aquellos que les afectan. De la misma forma, el Rey también recibe documentos y una vez al mes acude al Palacio de la Zarzuela la responsable del servicio de inteligencia, dentro de los despachos habituales del Jefe del Estado.
El control del Gobierno
Todas las fuentes consultadas insisten en que el Gobierno no puede alegar desconocimiento de las actividades del CNI, «porque además, si así fuera, demostraría que ni siquiera es capaz de controlar las herramientas del Estado que están a su servicio. Y ello porque el destinatario de todas las informaciones que elabora es, precisamente, el Ejecutivo. ¿Qué es lo que sugiere Pedro Sánchez? ¿Que el servicio de Inteligencia es un poder que actúa de forma autónoma, sin dar explicaciones de lo que hace y que, por tanto, está por encima del poder? ¿Que está fuera de su control?».
Entre algunos medios consultados, no obstante, sí se tiene la sensación de que la tutela judicial que ejerce el magistrado del Tribunal Supremo sobre las actividades del centro dentro de España –fuera, como es lógico, no existe– podría ser mayor. «Algunas de las autorizaciones que se han hecho para, por ejemplo, intervenir comunicaciones, son un tanto genéricas, lo que da a los servicios de Inteligencia un amplio margen de actuación», explican. Y recuerdan: «Pero no olvidemos que el CNI no reporta de los resultados al juez, como sucede con las Fuerzas de Seguridad, sino que se los envía directamente al Gobierno».
Repercusión internacional
La preocupación ahora es comprobar hasta qué punto la errática gestión del Gobierno de la crisis de Pegasus y del espionaje a tres de sus miembros – el propio presidente, y los ministros de Defensa e Interior, en plena crisis con Marruecos–, puede afectar a la eficacia del CNI y, también, a sus relaciones con otros servicios de Inteligencia. Si hay algo que afecta a la operatividad del centro es su exposición pública, mucho más si es para dejarlo a los «pies de los caballos», como describen de forma gráfica algunas fuentes.
«El haber reconocido una vulnerabilidad de la seguridad de las comunicaciones del Gobierno nos hace más débiles; precisamente por eso no ha habido ni un solo mandatario de otros países de nuestro entorno que aun a pesar de haber sufrido episodios similares haya convocado una rueda de prensa para hacerlo público. Es temerario, por decirlo de forma suave», añaden.
De cara al exterior, y dado que las relaciones con los servicios de Inteligencia aliados son siempre muy delicadas, este tipo de acontecimientos hacen que se resientan «y se tarda mucho en volver a ganar la confianza. ¿Cómo se van a fiar de nosotros, a darnos información comprometida, si ven que admitimos de forma pública que somos víctimas de espionaje? Eso sin contar con que se traslada el mensaje de que el Gobierno no respalda al CNI, lo que es muy grave…».
Con este escenario, la nueva directora del centro, Esperanza Casteleiro, tiene un trabajo complicado por delante. Por una parte, tendrá que calmar las aguas internas, lo que no le será sencillo porque llega a la dirección del CNI directamente desde el Gobierno, aunque se valoran sus años de servicio en la Casa; y por otra, deberá ganarse la confianza de los servicios de Inteligencia aliados, con los que la destituida Paz Esteban había conseguido tejer unas magníficas relaciones. Todo ello con un Sánchez que elude toda responsabilidad, aunque para ello tenga que echar por tierra el prestigio de unos servidores del Estado.
