El frágil momento que atraviesa el Gobierno se constata votación a votación. Sufre en el Pleno del Congreso de los Diputados, como en casi toda la legislatura, pero ahora también pierde debates importantes en la Junta de Portavoces, un órgano donde acostumbraba a ejercer un particular rodillo sobre la oposición. El gran damnificado de las últimas fechas es el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien se verá obligado a rendir más cuentas de las que hubiese deseado.
El presidente comparecerá en el Congreso para detallar su viaje a Marruecos tras su giro unilateral respecto al Sahara. Y lo hará también para ofrecer explicaciones sobre las escuchas a decenas de independentistas con el ‘spyware’ Pegasus. Son dos citas de las que lo intentó salvar el PSOE –también Unidas Podemos, obligado por su acuerdo de coalición–, pero ante las que se unieron sus aliados parlamentarios y los partidos de la derecha para forzar la presencia de Sánchez ante el Hemiciclo.
Son dos semanas consecutivas con debates encendidos en la Junta de Portavoces, que se reúne ordinariamente todos los martes. Y las dos últimas sesiones de este órgano han evidenciado la soledad del presidente Sánchez. En la Mesa del Congreso, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, sí se valió de la mayoría con Unidas Podemos para sacar adelante la nueva resolución que regula la comisión de secretos oficiales, con la que rebajó la mayoría necesaria para nombrar a cada diputado miembro y, con ello, facilitó la entrada de ERC y, por primera vez en ese órgano reservado, de Bildu.
Pero esa resolución es la única buena noticia –sin matices– que ha recibido el Gobierno de coalición, y particularmente el PSOE, en las últimas citas de la Junta de Portavoces. El 26 de abril, prácticamente todos los partidos respaldaron la petición de comparecencia registrada por el PP, que reclamaba que Sánchez explicase en una sesión monográfica su acuerdo con Marruecos para justificar que ahora el Ejecutivo, y con Unidas Podemos en contra, reconozca el plan de autonomía para el Sahara propuesto por el reino alauí en 2007. Todo un volantazo a la política exterior de España.
En aquella votación sólo se posicionaron en contra de que Sánchez acudiese al Congreso PSOE y Unidas Podemos, aunque este último planteó que fuese el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien diese la correspondiente información a los diputados. EH Bildu, que esa semana salvó el decreto anticrisis del Gobierno al mismo tiempo que entraba en la comisión de secretos oficiales, se abstuvo, aunque su posición fue estéril por la alineación del resto de formaciones.
Esta semana, de nuevo, el PSOE ha afrontado una situación similar. El martes 3 de mayo, un día después de la rueda de prensa urgente que ofreció Félix Bolaños en el Palacio de la Moncloa, donde denunció la intervención de los móviles de Sánchez y de la ministra Margarita Robles, el PSOE y Unidas Podemos se quedaron solos en su defensa de Sánchez. Esta vez se invirtieron los roles y fue el PP quien respaldó la petición de comparecencia registrada, a cuenta del caso Pegasus, por ERC, Bildu, Junts, PDECat, CUP, BNG, Más País y Compromís. El resto de partidos, entre ellos Vox y Ciudadanos, también se posicionaron a favor de que el propio Sánchez explique en el Congreso qué ha pasado para que, presuntamente, los terminales del presidente y de la titular de Defensa sufran «intervenciones externas e ilícitas» sin que se haya impedido.
Problemas con los socios
Aunque con final feliz para sus intereses, esta semana el PSOE afrontó una segunda votación en la Junta de Portavoces que evidenció los problemas de salud que aquejan al ‘pacto Frankenstein’. Unidas Podemos se alió con los separatistas y nacionalistas para exigir una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje al secesionismo, que solo se tumbó –pese a que el PSOE ofreció una investigación interna en el CNI y explicaciones en la comisión de secretos oficiales– gracias a la oposición.
PP, Vox y Ciudadanos salvaron al PSOE de una investigación muy incómoda, con luz y taquígrafos, donde se corría el riesgo de que se aireasen públicamente secretos del Estado. El malestar del independentismo es tal que ha abierto un pozo de desconfianza en el Gobierno. Algunas voces sospechan que ERC da por amortizada la legislatura y podría dejar caer a Sánchez.
Fuentes parlamentarias de ERC, en conversación con este diario, contraponen que la actitud del PSOE y de la ministra Robles –cuya dimisión han exigido reiteradamente– les hace temer que los socialistas busquen la orilla que ofrece por su derecha Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición y del PP. ERC y Bildu, acomodados en la «dirección del Estado» en la que los instaló el exvicepresidente Pablo Iglesias con el beneplácito de Sánchez, avisan de que un camino con los populares hará que su divorcio con el Ejecutivo sea inevitable.
El PSOE, no obstante, se esfuerza por reconstruir los puentes con sus aliados, por muy complicada que le pongan la reconciliación. Los socialistas son conscientes de que más allá de acuerdos puntuales –el Consejo General del Poder Judicial sigue con el mandato caducado–, su agenda legislativa es muy difícil de acordar con el PP. La Ley de Memoria Democrática, por ejemplo, sigue en un cajón. Y la idea de aprobarla con la derecha no existe.
Quizá por ello, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde la petición de sus socios salió adelante, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, centró todos sus tiros en el PP, al que acusó de «irresponsable» con una vehemencia sorprendente, mientras ni un solo reproche colateral aterrizó sobre Unidas Podemos ni sobre sus socios.
