La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto a la Mesa de la cámara reformar la Comisión de control de los gastos reservados para rebajar la mayoría de tres quintos (210 diputados) necesaria ahora para su creación hasta la mayoría absoluta (176 votos a favor), según el borrador entregado por la socialista al citado órgano y al que ha tenido acceso ABC. El cambio permitirá que EH Bildu y ERC entren en este órgano ya que el PSOE y sus socios alcanzan los 176 votos en el hemiciclo, y eliminará, por tanto, la capacidad de bloqueo que tiene ahora el PP.
El Gobierno quiere, además, que esta reforma se apruebe con urgencia para contentar a sus socios independentistas, a los que ha prometido explicaciones del CNI y Defensa por el caso Pegasus. Para satisfacer al Ejecutivo, Batet convocará a la Mesa y a la Junta de Portavoces al final del pleno de este martes para aprobar el cambio hoy mismo, y publicarlo mañana en el Boletín Oficial de las Cortes.
Será la primera vez que el grupo que coordina Arnaldo Otegi acceda a la también llamada comisión de secretos oficiales. ERC ya estuvo presente en la última legislatura de Mariano Rajoy.
La reforma se articulará mediante una modificación de la resolución de 2004 aprobada por los propios socialistas durante la presidencia de Manuel Marín, precisamente para agravar la mayoría necesaria para esta comisión. Al tratarse de una resolución, su reforma solo requiere el parecer favorable (más votos a favor que en contra) de la Mesa y de la Junta de Portavoces. PSOE y Podemos tienen el control de la primera y junto a sus socios independentistas también de la segunda por lo que la reforma será aprobada con toda seguridad.
Con esta polémica maniobra, el Gobierno podrá constituir rápidamente el citado órgano y cumplir así su promesa de explicaciones a los independentistas. No obstante, estos han advertido esta mañana que este movimiento no va a servir para encauzar la relación. «No nos parece que en esa comisión de secretos vayamos a informarnos realmente de lo que está pasando«, ha advertido la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, reclamando la creación de una comisión de investigación sobre el caso Pegasus. Una exigencia que rechaza el Gobierno porque las materias reservadas solo pueden tratarse con garantías en la Comisión de control de los gastos reservados.
Pero sus socios, incluido Unidas Podemos, aprietan en ese sentido e insisten en que el cambio de las reglas de la comisión se secretos no es suficiente. Este mediodía, la formación morada, ERC, EH Bildu, Junts, PDECat, CUP, Más País, BNG y Compromís han emitido un comunicado pidiendo al PSOE que permita «la creación de una comisión de investigación que avance en el esclarecimiento sobre este caso, que rinda cuentas con la ciudadanía y las Cortes de forma transparente y con responsabilidad frente a la gravedad de lo conocido hasta ahora».
Además, han exigido al Gobierno «que actúe de manera inmediata para investigar y aclarar este caso, tanto política como judicialmente, asumiendo y depurando para ello todas las responsabilidades políticas que se deriven de tal investigación».
Batet culpa al PP
La reforma entregada por Batet a los miembros de la Mesa argumenta que el acceso del Congreso a materias clasificadas debe hacerse desde «el pluralismo político«, concretado en la participación de un diputado de cada grupo parlamentario en la comisión de secretos. Es la idea que lleva defendiendo el Gobierno desde el inicio de la legislatura y en la que ha insistido la propia presidenta del Congreso ante la prensa, al culpar al PP de esta reforma por su veto a Bildu.
«Me he visto en la obligación de modificar esta resolución», ha subrayado la política socialista, acusando a los populares de «falta de sentido de Estado», de «incumplir el mandato fundamental» de pluralismo político y de control del Congreso sobre el Gobierno y el CNI. En esta línea, ha justificado la reforma para «garantizar» un «bien superior». «El Parlamento no puede asumir el control de los secretos oficiales y de los gastos reservados, dejando así sin efecto el mandato constitucional», ha insistido.
Según Batet, su reforma responde, por tanto, al «ánimo de superar el bloqueo actual«, cumplir »las funciones constitucionales del Congreso« y »mantener el principio fundamental« de acceso de todos los grupos parlamentarios a las materias reservadas. En el mismo argumentario ha recalado después el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, al culpar a la «existencia de vetos» del bloqueo que encaja la citada comisión.
Sin embargo, la Comisión de control de los gastos reservados se constituyó en 2012 sin la participación de un grupo parlamentario, el Mixto, ya que su candidato pertenecía a ERC y fue vetado por los populares con la aceptación de los socialistas. Este precedente permite, por tanto, constituir este órgano dejando a EH Bildu al margen.
Desde el PP, su número dos, Cuca Gamarra, ha negado los argumentos de Batet y del Gobierno y ha hecho hincapié en que la reforma no pretende «garantizar la constitución de la comisión sino de cumplir la exigencia de determinados partidos de formar parte de la misma», en alusión al grupo de Arnaldo Otegi. Además, ha considerado «muy triste» que esta formación vaya a poder interrogar al CNI y acceder a documentación e información reservada
