Las perspectivas negativas en el mundo del trabajo obligan a Yolanda Díaz a reformular su guion. La vicepresidenta segunda ha reconocido la preocupación por la subida del paro y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ante las consecuencias económicas de la guerra, que presagia una incidencia más profunda que las originadas por la pandemia del coronavirus. Frente a este escenario, Díaz no acepta una salida de la crisis sin compensar la bajada de salarios que supondrá el pacto de rentas, y ha subido el tono para exigir un plan de choque diferente al previsto por el Gobierno para, al menos, no cargar con esta responsabilidad desde su ministerio sin antes dar la batalla o intentar forzar una respuesta bajo la «convicción de que esta crisis no pueden pagarla los de siempre».
Sus recetas pasan por gravar a los grandes patrimonios y tasar los beneficios de las eléctricas frente a la «inadecuada» bajada generalizada de impuestos, congelar las rentas del alquiler o no subir el gasto en Defensa para sufragar la protección social. Se opone así a las medidas que PSOE y PP tratan de consensuar y exige un cambio de paradigma en los planes del Ejecutivo. Tampoco se entusiasma con los grandes acuerdos de país que atraigan a los populares, como pretende Pedro Sánchez, y apuesta por ir de la mano con las formaciones del bloque de investidura porque son quienes «comparten la agenda progresista».
Más allá de que las políticas del Ministerio de Trabajo puedan quedar diluidas, perdiendo el peso protagonista que tenían hasta ahora por el cambio de prioridades o, peor aún, siendo señaladas como responsables de los efectos negativos en el empleo de esta crisis, la situación bélica ya ha tenido consecuencias en el liderazgo de la gallega. En el CIS del mes de marzo publicado este jueves, el porcentaje de encuestados que elige a Díaz como su preferida para ser presidenta del país se sitúa en el 10%, frente al 19% del anterior barómetro.
Díaz pierde así casi la mitad de apoyos, tras mantenerse en cifras similares en los meses precedentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gana seis puntos, pasando del 20,1% al 26%, espoleado por el cierre de filas propiciado por la situación bélica. En intención de voto, la guerra también dispara a los socialistas casi tres puntos, hasta el 31,5%, a costa de Unidas Podemos, que rompe su tendencia desde que Díaz tomó el liderazgo de este espacio en el Gobierno, al pasar del 13,6% al 11,8%.
Los efectos que ya se están dejando sentir en el perfil político de Díaz, unidos a las perspectivas poco halagüeñas en las relaciones laborales, han llevado a la vicepresidenta segunda a cambiar el paso. A elevar el tono y las exigencias. A enfundarse el traje combativo que hasta ahora, a modo de reparto de papeles, vestía la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra. Se acerca así más al perfil de su predecesor, Pablo Iglesias, que al estilo presidenciable que había adoptado Díaz hasta ahora, huyendo de la confrontación con los socialistas.
Un giro que ha cogido a Moncloa con el pie cambiado. Este martes, cuando desde el entorno de la vicepresidenta segunda trasladaban su oposición al aumento del gasto en Defensa anunciado por Sánchez, fuentes de Moncloa lo ponían en duda. Explicaban que se trataría de una posición más de Podemos, como en el caso del envío de armas, y que Díaz no haría ruido, sino que remaría con el presidente. Algo que argumentaban porque no había criticado esta decisión en unas declaraciones públicas. Solo unas horas después, la vicepresidenta segunda confirmaba sus discrepancias ante los micrófonos de la prensa en el Congreso, para sorpresa del sector socialista en el Ejecutivo.
Al día siguiente comenzaba a mostrar fisuras con el paquete de medidas ideado por Sánchez para pactar con el resto de grupos parlamentarios el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, al apuntar, en lugar de hacia las rebajas fiscales para paliar la subida de precios en energía y carburantes, a un incremento de las tasas a las grandes eléctricas para gravar sus beneficios extraordinarios. Un montante que se destinaría a compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Pese a formar parte del equipo negociador del Gobierno, que arrancó la ronda de reuniones con el PP, Díaz tampoco se mostró, al contrario que la parte socialista, como una entusiasta de los grandes acuerdos con el principal partido de la oposición. Este jueves, con una exposición mediática notoria, incluyendo una entrevista en RNE y una rueda de prensa, elevaba el desafío.
Por un lado, rechazaba abiertamente el «acuerdo por el acuerdo» con el PP, para reconocer que «es evidente que en el bloque de investidura estamos en esta línea», en referencia a las medidas que los morados ponen sobre la mesa. “Lo importante”, señalaba, sería buscar “medidas eficaces”, asumiendo que “las recetas que plantea el PP son inadecuadas”. Por otro lado, cargaba contra la bajada generalizada de impuestos, oponiéndose a una rebaja del IVA y apostando por redistribuir la presión fiscal para que paguen quienes más tienen y reducir el IRPF a las rentas bajas.
Díaz se ha plegado a la estrategia de presión de Podemos, formación en la que no milita y ante la que había marcado distancias de cara a su proyecto político. El pasado lunes, en una reunión con todos los actores y altos cargos que forman el espacio de Unidas Podemos en la coalición, se pactó coordinar la posición para responder a la crisis económica. La vicepresidenta segunda ha acordado liderarla y la está negociando con los socialistas. Este jueves, se reunió para ello con la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, urgiendo a acelerar el paquete de medidas e ir más allá ante unas propuestas de sus socios que considera insuficientes.
«O avanzamos hacia la reestructuración del estado de bienestar o nos vamos a una situación más compleja», advertía Díaz tras reunirse con sus homólogos de Portugal e Italia. Para ello, aboga por activar la reforma fiscal, que Hacienda ha puesto en cuarentena debido a la actual situación, porque «los recursos públicos ahora son más necesarios que nunca». La vicepresidenta segunda no quiere ser una convidada de piedra ante la posibilidad de una crisis económica que diluya su papel en el Ejecutivo y, con ello, su futuro proyecto político.
Yolanda Díaz parece dispuesta a dar la batalla dentro del Gobierno y poner su sello a medidas de carácter social que, como tras la pandemia con los ERTE o más recientemente con la reforma laboral, le permitan reforzar su perfil y protagonismo. En la respuesta a la crisis ocasionada por la guerra, Díaz también se juega su futuro político, además de preservar las cotas de aceptación que consiguió durante la primera mitad de la legislatura como la ministra mejor valorada junto a Margarita Robles y Nadia Calviño.
