Cuando era candidato, Pedro Sánchez prometió un «gobierno abierto» si llegaba a La Moncloa porque –decía en 2016– «una democracia sólida requiere una gestión del Estado transparente para garantizarla». Lo dejó escrito en su programa electoral de aquel año, pero el incumplimiento de la promesaha sido tan flagrante y tan grueso que ha adquirido cifras de récord.
Líder en ocultar información oficial que debía ser pública, desde que Sánchez es presidente el Gobierno ha infringido 1.200 veces la ley de Transparencia. En 1.200 ocasiones ha negado indebidamente el acceso a expedientes solicitados por ciudadanos a los que, tras recurrir, les ha dado la razón el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este es el órgano encargado de velar, por el cumplimiento del derecho de acceso a información oficial que ha de ser pública.
Sánchez fue precoz en saltarse la ley de Transparencia o en torcer su interpretación para cortar el paso a ciudadanos que demandan información oficial. La querencia de su Ejecutivo por ocultar datos se manifestó rápidamente, en sus primeros meses en el poder.
Desde que fue investido presidente, a mediados de 2018, uno de los asuntos sobre los que el Gobierno se empeña en esconder datos es el relativo a los viajes aéreos de Sánchez con caro aparataje estatal, su afán por desplazarse en el helicóptero Super Puma y en el avión Falcon. Hace gala de ello desde que se convirtió en presidente. Desde entonces se niega el Ejecutivo a detallar el número y el coste de ese tipo de desplazamientos. El CTBG le ha reprochado por ello en varias ocasiones, pero el Gobierno persiste en su cerrazón Para tapar datos no ha dudado en echar mano de la ley franquista de Secretos Oficiales, aún en vigor. El uso indebido y reiterado de esa ley para negar información oficial sobre este y otros asuntos ha sido motivo de reiterados reproches al Gobierno de Sánchez por parte del CTBG .
Dinero público
Esa ley redactada en tiempos de Franco también la ha utilizado el Ejecutivo, indebidamente según Transparencia, para esconder expedientes comprometedores como el del rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros de fondos públicos. Hace escasas semanas, el Consejo de Transparencia advirtió al Gobierno que es de todo punto improcedente calificar como secreto oficial esos informes elaborados «en el marco de un procedimiento de concesión de ayudas públicas». Le ha recordado que esos datos que el Gobierno se negó a facilitar encajan plenamente en «los fines de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública» que reconoce la legislación española y que se cimientan directamente en la Constitución.
El Gobierno de Sánchez también ha echado mano de la ley de Secretos Oficiales para esconder información en otras y variadas materias. Por ejemplo, para ocultar al Sindicato Unificado de Policía (SUP) el número de efectivos destinados en unidades de Información y sus retribuciones. Esa ocultación fue reprochada igualmente por el CTBG, que tumbó el argumento del secreto oficial en el que se había parapetado el Ejecutivo y le conminó a que atendiera lo solicitado por ese sindicato. Y lo mismo ocurrió cuando el Gobierno apeló a esa misma ley de origen franquista para negarse a dar los nombres, apellidos y cargos de quienes acompañaron a Pedro Sánchez en el viaje oficial que hizo a Cuba en noviembre de 2018. El solicitante pidió amparo a Transparencia, y este órgano le dio la razón.
Un 65% más opaco que Rajoy
En total, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dictado en los tres últimos años un total de 1.203 resoluciones en las que da la razón a ciudadanos a los que la Administración del Estado les había negado el acceso a información oficial a la que tenían derecho. Pidieron amparo a ese organismo y les dio la razón. Esa cifra de resoluciones es de récord, sonrojante si se confronta con lo que el PSOE del candidato Sánchez decía allá por 2016 respecto a la transparencia gubernamental, pues al tiempo que criticaba al Ejecutivo del PP, proclamaba: «Los y las socialistas creemos que es necesario avanzar hacia una democracia más abierta, transparente y participativa». Eso decía el programa electoral del sanchismo apenas un par de años antes de que el líder del PSOE se instalara en La Moncloa.
El tiempo ha demostrado que, en opacidad, no hay gobierno que gane al de Sánchez. Así lo demuestra la más elemental y simple comparación estadística. Según la base de datos del CTBG, entre 2016 y 2017, los dos últimos años completos con Rajoy en La Moncloa, ese organismo apercibió en 480 ocasiones al Ejecutivo del PP para que facilitara información oficial a ciudadanos a los que se la había negado indebidamente. Sin embargo, entre 2020 y 2021, los dos últimos años completos del actual Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ha acumulado 794 apercibimientos de este tipo. Es decir, un 65% más en idéntico número de meses.
Al repasar la enorme lista de resoluciones dictadas por el CTBG en las que da la razón a ciudadanos a los que el Gobierno les impide obtener información, se aprecia que una práctica muy habitual del Ejecutivo para cortar el paso a los datos oficiales es optar por el silencio, por callar en todo o en parte ante lo solicitado por los ciudadanos. Otra práctica común consiste en denegar la petición con la excusa de que la información solicitada es secreta, materia reservada o confidencial, cuando en realidad se trata de datos que deben ser accesibles para la ciudadanía.
Querencia por el secretismo
Por ejemplo, cuando el Gobierno de Sánchez se negó a desvelar el séquito que había acompañado al presidente en su viaje oficial a Cuba en noviembre de 2018, el CTBG se lo afeó y le recordó que, con esa negativa, estaba torpedeando el fin esencial de la ley de Transparencia, que es poder «someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones y cómo se manejan los fondos públicos, así como bajo qué criterios actúan nuestras instituciones».
Algunas veces, como se ha apuntado, el Gobierno echa mano de la ley franquista de Secretos Oficiales. Pero en otras muchas ocasiones, la mayoría, el secretismo lo aplica con otras fórmulas argumentales. En esencia, interpretando que lo que se le pregunta es información confidencial porque afecta a la seguridad nacional, a la defensa, a la seguridad pública, a las relaciones exteriores o «al secreto requerido en procesos de toma de decisiones». Es decir, se ampara en algunos de los supuestos que la ley de Transparencia reconoce como límites tasados para denegar cierta información sensible.
El problema es que, como ha determinado reiteradamente el CTBG, el Gobierno viene interpretando esos supuestos legales de forma abusiva e incorrecta para ocultar información que sí debe ser pública. Lo hizo, por ejemplo, para esconder informes sobre el dispositivo de seguridad que se le brindó a Pablo Iglesias cuando era diputado y líder de Podemos, antes de formar parte del Gobierno.
Múltiples ejemplos
El Ejecutivo también ocultó por supuestas razones de seguridad o confidencialidad asuntos tan variados como el número de invitados en escapadas vacacionales de Pedro Sánchez al palacete que el Estado tiene en Doñana, los expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo contra Podemos, las alertas que el presidente recibió del Departamento de Seguridad Nacional en los meses previos al estallido del Covid en España, o las características de la vivienda oficial puesta a disposición de Nadia Calviño en su calidad de ministra de Asuntos Económicos.
Otro ejemplo más: el Gobierno también se escudó indebidamente en la confidencialidad para negarse a facilitar la correspondencia que el Ejecutivo de Sánchez se cruzó con el Vaticano sobre la exhumación de los restos de Franco. Transparencia afeó al Gobierno que pretendiera considerar confidencial una correspondencia sobre cuyo contenido había hecho declaraciones públicas.
