El ministro Alberto Garzón, insistente en sus mensajes sobre el consumo responsable, se ha gastado 12.000 euros en un bufete privado para que le hiciera un informe jurídico que podían haberle elaborado, gratis, los letrados del ministerio. ‘Piensa. Luego, compra’, fue el lema de una de las múltiples campañas publicitarias que viene lanzando Garzón desde que se instaló en el Ministerio de Consumo. Pero, en este caso, esa reflexión previa o no existió o el ministro pasó por alto un hecho de grueso calibre: que cuenta con un equipo oficial de letrados, funcionarios de carrera, que tienen entre sus cometidos específicos la elaboración de informes jurídicos como el que ha dejado una factura de 12.000 euros pagada con fondos públicos.
Ese informe lo encargó a un bufete a través de un contrato menor, de adjudicación directa, a dedo. Solo pidió oferta a la firma a la que le adjudicó el trabajo. Así que tampoco hubo competencia alguna a la hora de fijar el precio. Se contrató, exactamente, por 11.999,99 euros, impuestos incluidos. Para que el importe total se quedara a un céntimo de los 12.000, el precio base (sin impuestos) se fijó en 9.917,35 euros, según consta en la documentación oficial recopilada por ABC.
El informe en cuestión trataba sobre «el modo de llevar a cabo la trasposición al ordenamiento jurídico nacional» de una nueva directiva de la UE aprobada por las autoridades europeas el 25 de noviembre de 2020, relativa a protección de los intereses colectivos de los consumidores. Debe aplicarse en los países de la UE a partir del 25 de junio de 2023, así que hay tiempo para llevar a cabo los trámites necesarios para incorporar esa directiva a la legislación española.
La trasposición de disposiciones legales europeas a la normativa nacional es algo habitual, cotidiano en la arquitectura jurídica de los estados miembros de la UE. Y la Administración General del Estado cuenta con su propio equipo de técnicos superiores y letrados para estos procedimientos. Destacan los abogados del Estado, cuerpo de reconocida calidad jurídica que, además, tiene entre sus cometidos el del derecho europeo.
Alberto Garzón, sin embargo, prefirió prescindir de estos altos funcionarios y, en vez de encargarles a ellos el informe, lo contrató con un despacho privado. Es algo que tampoco casa con la vehemente defensa de los servicios públicos que gusta proclamar la izquierda a la que pertenece el comunista Alberto Garzón, ministro gracias a la cuota gubernamental de Unidas Podemos.
La Abogacía del Estado
Como reza la propia página web oficial del Ministerio de Justicia, «la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con nivel orgánico de subsecretaría, es el centro superior directivo del Servicio Jurídico del Estado». Cada ministerio cuenta con su propia unidad de abogados del Estado, adscritos para prestar servicio jurídico al máximo nivel a cada uno de esos departamentos. Una de esas unidades, por tanto, está radicada en el Ministerio de Consumo. Y, además, según indica la web oficial, uno de los cometidos en los que está especializada la Abogacía del Estado es «la asistencia jurídica en materia de Derecho de la Unión Europea, así como la representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de la UE». Es decir, los abogados del Estado están especializados, entre otras materias, en la que el Ministerio de Garzón contrató con un despacho privado.
El informe se encargó a través de la Dirección General de Consumo del Ministerio, pese que hay una oficina de abogados del Estado en la Secretaría de Estado de Consumo. Todo integrado en la estructura que lidera el ministro Garzón.
Adjudicatario
El contrato se adjudicó a la firma Consumer Consulting S.L., a la que le dieron varias semanas de plazo para hacer el informe, hasta el 30 de noviembre pasado. Consumer Consulting S.L. pertenece al abogado Eugenio Ribón, especialista en materia de consumo y que, además, preside la Asociación Española de Derecho de Consumo, cargo por el que su nombre no le ha de resultar extraño al ministro Garzón. De hecho, ambos aparecen compartiendo protagonismo en un acto público en julio de 2020: figuraron como intervinientes en la clausura del Congreso Nacional de Consumo, que organizó la asociación de Ribón junto a los colegios de abogados de Madrid y de Barcelona.
Garzón acumula polémicas al frente del Ministerio de Consumo, una competencia que antes estaba integrada en el Ministerio de Sanidad y que se desgajó cuando el PSOE y Podemos pactaron formar gobierno y ampliaron la mesa del Consejo de Ministros para hacer hueco a todos los que querían colocar en el gabinete. Con el PP de Rajoy, las competencias de consumo estaban integradas en el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Donde antes había 17 asesores para una única cartera ministerial, ahora hay 68 repartidos en cuatro. De Garzón, la polémica más reciente ha sido la que desató por sus ataques a la carne española.
