Desde la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020 y la puesta en marcha del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, las urnas se han abierto cuatro veces en España, que serán cinco el próximo 13 de febrero, con los comicios autonómicos en Castilla y León. Y en todas ellas, salvo en Cataluña, donde el PSC fue por primera vez la primera fuerza en escaños, el PSOE ha obtenido resultados discretos, mientras que la formación morada ha sufrido sonoros fracasos. Si los socialistas mejoraron en Cataluña respecto a los anteriores comicios, los morados lo hacían en la Comunidad de Madrid. Pero, en conjunto, el saldo de la coalición es negativo en los cuatro comicios autonómicos que se han celebrado desde que gobiernan juntos. No puede decirse que ninguno esté rentabilizando su presencia en el Gobierno de España.
En plena primera ola de la pandemia, sin vacunas aún y casi saliendo del gran confinamiento decretado en marzo de 2020, se celebraron en julio las elecciones en el País Vasco y Galicia, precisamente aplazadas por motivo del Covid-19 por acuerdo de todos los partidos. Podemos redujo a la mitad su representación en el Parlamento de Vitoria y desapareció del de Galicia, la comunidad donde en 2015 había logrado grandes resultados, llegando a formarse allí algunos de los llamados «ayuntamientos del cambio».
En esos dos comicios no le fue tan mal a los socialistas en términos de pérdida de voto respecto a los anteriores. Pero pese a mantener casi los mismos escaños y votos de 2016, cuando los de Pedro Sánchez estaban en la oposición en España, apenas pudieron resignarse a seguir en la oposición a Alberto Núñez Feijóo, en el caso gallego, y a volver gobernar en Euskadi como socio del PNV. Pero el contexto es importante. Las elecciones de 2016 se celebraron en septiembre. En un momento que puede catalogarse como el peor de la historia del PSOE. La repetición electoral de junio había dejado a los socialistas con 84 escaños. Esos malos resultados terminaron de romper el partido.
Unas semanas después se produjo el trágico Comité Federal del 1 de octubre en el que Pedro Sánchez tuvo que dimitir. Es decir, los resultados fueron incluso peores para el PSOE en 2020 que en uno de sus momentos más duros. Y en ambos casos sin capacidad para recoger votos tras el desplome de Podemos. En ambos territorios el BNG y Bildu se consolidaron como alternativas por delante de los socialistas.
Colapso en Madrid
Casi un año después, las elecciones del 4-M en Madrid supusieron un revés sin paliativos para la coalición gobernante por varios y profundos motivos. Por el triunfo arrollador de la popular Isabel Díaz Ayuso y el refrendo que ello supuso a su gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid; porque la derrota de la izquierda, que toda junta sumaba menos que el PP, precipitó la retirada de la vida política de Pablo Iglesias, que la misma noche electoral dimitió de su puesto de secretario general en Podemos; y también porque, como ya había ocurrido tiempo atrás en Madrid capital, los socialistas ni siquiera podían mantener su condición de segunda fuerza o primer partido de la oposición, posición a la que se aupaba Más Madrid, la formación liderada por Íñigo Errejón. Esto último también ocurre, de hecho, en el País Vasco, donde la segunda fuerza después del PNV es Bildu, y en Galicia, donde la principal formación que hace la oposición a Alberto Núñez Feijóo no son los socialistas gallegos, sino el BNG.
La excepción a esta decadencia electoral es, por tanto, el triunfo de Salvador Illa el 14 de febrero de 2021 en las elecciones al Parlamento de Cataluña. Se trató, además, de una candidatura encabezada por el ministro de Sanidad que tuvo que afrontar lo más duro de la pandemia y que obtuvo buenas valoraciones demoscópicas. Pedro Sánchez optó por situarle al frente del PSC (desde hace un mes también como líder del partido de los socialistas catalanes) para buscar el ‘efecto Illa’, una manida expresión que hizo fortuna entonces, pero que no impidió –como tampoco la victoria de Ciudadanos en las autonómicas de 2017– desalojar a los independentistas de la Generalitat.
Pese al triunfo electoral, las frías cifras echan un poco de tierra a la lectura positiva que los socialistas vienen haciendo de aquellos comicios. Illa pasó del 13% al 23% en voto, un aumento sin duda exponencial, pero en número absoluto de sufragios apenas logró 50.000 más que Miquel Iceta cuatro años antes. Todo en unas elecciones donde los comunes, la marca de Podemos, perdieron 130.000 votos y Ciudadanos, que con Inés Arrimadas había cimentado su victoria en el antiguo ‘cinturón rojo’ de Barcelona –el área metropolitana que tradicionalmente votaba en masa a los socialistas–, se desplomó desde el histórico millón de votos de 2017 a apenas 157.000 sufragios. Es decir, con más de un millón de votos abandonando los partidos con los que se intercambia votantes en Cataluña, Illa solo pudo arañar esos 50.000 sufragios. El PSC reinó en esos comicios marcados por la drástica bajada de la participación porque fue el único capaz de mantener su base electoral. Pero la incógnita a futuro se mantiene sobre si hay margen para el crecimiento.
Con estos precedentes, el PSOE afronta el 13 de febrero en Castilla y León el quinto reto electoral desde que Sánchez gobierna con Unidas Podemos y con el imprescindible apoyo de ERC, Bildu y PNV. Y las perspectivas no parecen halagüeñas. En los dos últimos sondeos de GAD3 para ABC y ‘El Norte de Castilla’ se refleja una clara victoria del PP de Alfonso Fernández Mañueco, quien emularía a Ayuso rozando la mayoría absoluta. El socialista Luis Tudanca, en cambio, que en 2019 fue el más votado, pero no pudo formar una mayoría de gobierno dado que Ciudadanos optó por apoyar al PP, quedaría esta vez segundo y perdería siete procuradores en las Cortes, donde al igual que en la Asamblea de Madrid puede que toda la izquierda sume menos que solo el PP. Podemos, que actualmente cuenta con dos representantes en esa comunidad autónoma, aspira a mantenerse como mejor resultado posible.
Momento trascendental
La coalición llega a este escenario escarpado teniendo además en el horizonte las elecciones andaluzas, que tampoco anticipan buenos resultados ni para el PSOE ni para Unidas Podemos. El PP quiere consolidar la idea de cambio de ciclo electoral de cara a 2023, cuando en primavera deberán celebrarse las elecciones municipales en toda España y las autonómicas en buena parte de las regiones.
Pedro Sánchez no tiene intención de adelantar las generales. Y además los presidentes autonómicos no consideran que en estos momentos fuese la mejor estrategia. Esa espiral descendente que han marcado las urnas autonómicas cuando ha habido convocatorias se reproduce en las estimaciones demoscópicas para las elecciones generales. En el más optimista de los casos podría decirse que PSOE y Unidas Podemos se encuentran estancados y sin mostrar posibilidad de ascenso.
Un mal resultado el próximo 13 de febrero tendrá repercusiones en un momento en el que Podemos intenta amplificar sus diferencias con el PSOE; que a su vez trata de adoptar formas muy centradas en la gestión y destacando su entendimiento con la Comisión Europea o la patronal empresarial. En medio de esos dos intereses se sitúa Yolanda Díaz, que prepara la puesta de largo de su proyecto. Un mal resultado de la izquierda en Castilla y León precedido de una reforma laboral que tenga que ser salvada por Ciudadanos y los minoritarios tensará las costuras de la coalición.
