El dispositivo Cronos duró seis días. Del 17 al 22 de agosto de 2017. Los Mossos d’Esquadra lo habían diseñado dos años antes, tras los atentados de París y se activó por primera vez después de que una furgoneta arrollase a decenas de peatones en las Ramblas de Barcelona. Fueron unos 10.000 los efectivos que se movilizaron durante el que, en palabras de una inspectora, supuso el momento «más crítico» del Cuerpo como policía integral de Cataluña.
Los yihadistas fueron abatidos, y la investigación de la policía catalana que siguió a ese despliegue constató, con informes forenses, que el imán de Ripoll había muerto en la explosión de Alcanar, donde la célula confeccionaba explosivos, el día previo al atropello. A pesar de ello, una de las teorías de la conspiración que abrazó entonces el independentismo fue que Es Satty, cerebro del ataque, seguía vivo.
Entre los defensores de esta tesis, un diputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, también abogado del padre de una de las víctimas. Los Mossos lo descartaron, y la justicia avaló sus pesquisas, al considerar una «verdad científicamente constatada» que el imán estaba muerto. Sin embargo, el Govern alimentó entonces, y reaviva ahora, la teoría de la conspiración sobre el ataque que dejó 16 muertos y 150 heridos. Enterrado el bulo primigenio con una verdad jurídica –la sentencia de la Audiencia Nacional–, ahora el Ejecutivo catalán reclama investigar qué tiene de cierta la declaración de un imputado, por tanto, con derecho a mentir: el excomisario José Manuel Villarejo, que la semana pasada apuntó a una presunta vinculación entre el CNI, el imán de Ripoll y el atentado.
No es la primera vez que el independentismo se aferra a esta tesis. Primero lo hizo Quim Torra (Junts), y ahora Pere Aragonès (ERC), y así la Generalitat vuelve a cuestionar el papel de su propia policía, los Mossos, tras los atentados. El Ejecutivo catalán ya había abrazado la teoría de la conspiración, retorciendo informaciones periodísticas, con el objetivo último de vincular al Estado con al ataque, dada la proximidad del referéndum del 1-O. Extremo que la policía catalana descartó con su investigación. A pesar de ello, y de que Aragonès admite que el excomisario le inspira escasa confianza, este martes instó al Gobierno a impulsar una comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados en Barcelona y Cambrils.
La ofensiva independentista no quedó ahí. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, fue un paso más allá, y el mismo día anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía para determinar el papel de los servicios de inteligencia en el ataque. Incluso el que fuera consejero de Interior en aquella época, Joaquim Forn, reclamó también una «investigación a fondo».
Los Mossos, considerados por los independentistas como una ‘estructura de estado’, cerraron la puerta a cualquier especulación en torno a la masacre. «Fue una célula de Ripoll la que planificó el atentado y ejecutó acciones terroristas como consecuencia de la explosión no esperada en Alcanar. Tenemos claro cómo se produjo porque hemos llevado la investigación». Esas fueron las palabras del comisario Eduard Sallent en vísperas del segundo aniversario del 17-A. Cuando se cometió, estaba al frente del área de análisis e inteligencia del Cuerpo, y también subrayó que la colaboración que hubo «antes, durante y después» del ataque, tanto con el CNI, como con la Guardia Civil y la Policía Nacional, fue «muy buena». Aseguró así que no había ningún indicio de que se les hubiese ocultado información. Pero ni las conclusiones de su propia policía resultan concluyentes para la Generalitat.
«Ni un solo indicio»
ERC y el PDECat ya exigieron en 2018 la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Una petición que la Mesa rechazó al alegar que era una cuestión que debía solventarse en la de Gastos Reservados, donde compareció, a puerta cerrada, el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, para detallar la vinculación entre el centro y Es Satty.
En el Parlament sí se celebró una comisión sobre los atentados. El informe resultante recoge que todos los comparecientes resaltaron «la excelente colaboración y coordinación a nivel operativo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». Es cierto que el mismo texto sostiene que quedó sin aclarar el vínculo del imán con el CNI, pero sobre ello apunta: «Sembrar dudas sobre asuntos tan sensibles no encaja con el concepto de servicio público asociado a la gestión política. Los cuerpos de seguridad gestionan habitualmente informaciones relativas a amenazas vinculadas con el extremismo violento y en la mayoría de casos el resultado de la investigación concluye que no tienen veracidad». Las dudas las había atajado el comisario Sallent ya en 2019: «No comparto teorías de la conspiración y no las alimento. Esas hipótesis requieren una constatación factual y la aportación de pruebas fehacientes». Los Mossos no detectaron «ni un solo indicio» de las sospechas que ahora trata de engordar el Govern.
