La Justicia desestima ampliar el uso del pasaporte covid en Aragón

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desestimado el recurso (de reposición) presentado por el Gobierno de Aragón contra el auto dictado el pasado día 17 de diciembre de 2021, resolución judicial que suspendía parcialmente la exigencia del pasaporte covid en Aragón. Dicho auto establecía los casos en que se podía pedir el certificado.

En el auto, hecho público esta mañana, los magistrados expresan que, desde la perspectiva de la garantía de derechos fundamentales, “no será necesaria una medida restrictiva de un derecho fundamental, si hay otras que no lo son y tienen el mismo o mejor efecto, es decir, si son igualmente idóneas”. En este sentido inciden en que cuando se habla de ponderación, este concepto no es sinónimo de “canje o intercambio de derechos fundamentales por otros intereses de cuya legitimidad no se duda por mero criterio de oportunidad o conveniencia parcial”.

Aseguran que «los derechos fundamentales de los ciudadanos no son canjeables», ni por la administración, ni por colectivos sociales, ni por el Tribunal ya que “no son titulares de los mismos, ni depositarios de su ejercicio, ni en forma ni en tiempo.

Añaden que “la referencia en la ponderación para justificar la lesión del derecho fundamental afectado no es el impacto económico de la medida que no se niega, sino el impacto en la salud pública de la misma. No se cambia situación económica por sacrificio de derechos, al menos no ha sido ésta la ecuación hasta el momento, ni la sala puede tomarla ahora como parámetro de ponderación”.

Repollés: «Acataremos la decisión judicial»

Argumentan también que el Gobierno de Aragón no aporta elementos de juicio nuevos que no hayan tenido ya en cuenta cuando resolvió el auto que se impugna. Recuerdan a la Administración que dado “el contexto de las presentes actuaciones, el de la protección de los derechos fundamentales, y el de su tutela cautelar», deben tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de procedimientos ordinarios, se busca preservar el interés general y la «preservación de los derechos fundamentales de las personas».

Al recurso presentado por la DGA se han opuesto el Ministerio Fiscal y la Asociación Liberum, (que recurrió ante el tribunal, el pasado mes de diciembre, solicitando la adopción de medidas cautelarísimas y se suspendiera la exigencia del certificado covid).

La consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, ha apuntado este martes, nada más conocer el auto del TSJA, que «respeto las decisiones judiciales y acataremos lo que digan como no puede ser de otra manera», ha indicado. La DGA está estudiando si cabe recurso contra este último auto.