Escándalo en el Parlament: 1,7 millones en sueldos ‘fantasma’

A pesar de que ya no ocupan su lugar de trabajo, 21 funcionarios del Parlamento de Cataluña cobran el cien por cien de su sueldo. Sus retribuciones oscilan entre los 3.800 y los 10.700 euros al mes (con catorce pagas) y suponen un gasto de 1,7 millones anuales para la cámara autonómica. Esta situación, revelada ayer por el diario ‘Ara’, ha causado una gran polémica en Cataluña e incluso ha llevado a la máxima responsable de la institución, Laura Borràs, a asegurar públicamente que ya está trabajando para subsanar este dispendio injustificado.

Los sueldos se enmarcan dentro de un régimen especial bautizado como «licencia por edad», que entre 2008 y la actualidad podía solicitar un trabajador cuando cumplía los 60 años y llevaba más de quince en la administración pública.

En estos momentos, la mitad de las licencias por edad corresponden a funcionarios del Parlament de rango alto, que son los más beneficiados del reparto. Entre los empleados que se habrían adherido a la medida, que arrancó durante la presidencia de Ernest Benach (ERC), hay también ujieres, telefonistas, técnicos, asesores, auxiliares, así como secretarios generales, letrados o jefes de departamento ya jubilados.

Según las tablas salariales de estos ‘empleados fantasma’, hay media docena de ujieres y telefonistas de la cámara que cobran unos 3.800 euros mensuales sin acudir a sus puestos de trabajo. Este sueldo va escalando conforme aumenta el rango del empleado, hasta llegar a los 5.700 euros mensuales que perciben los ‘asesores lingüísticos’ de la cámara o los 10.000 de los letrados jubilados. En total, 120.000 euros que el Parlament estaría abonando cada mes a trabajadores que, en algunos casos, hace más de un lustro que no pisan la cámara catalana.

Cobrar sin trabajar

Estas ‘prejubilaciones’ doradas, que no tienen parangón en otros estamentos de la administración catalana, causaron ayer un alud de críticas por parte de los grupos de la oposición. La portavoz de los comunes y diputada en el Congreso, Aina Vidal, exigió a la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, que dé «en sede parlamentaria» los detalles de la polémica. Por su parte, el diputado de Vox Antonio Gallego le reclamó «transparencia y austeridad total en la gestión del día a día del Parlamento».

Borràs respondió al asunto en TV3, donde aseguró que desde que asumió el cargo de presidenta se puso a trabajar para corregir la «anomalía» que supone que haya funcionarios de la Cámara que cobran sin trabajar.

Así, detalló que cuando tuvo que firmar las primeras nóminas tras acceder al cargo, en marzo de 2021, observó que había sueldos de personas que no estaban en ejercicio en el Parlamento y se puso a trabajar «para modificar el estado de las cosas». «La noticia debería ser que se ha trabajado para revisarlo y se ha conseguido. Desde que llegué a la presidencia del Parlament me puse manos a la obra, se corrigió el tema de los trienios cuando llegó la nueva secretaria general, y se pudo cerrar el año modificando el régimen de estos permisos de edad», defendió.

Tres presidencias de ERC

En este contexto, todas las miradas están puestas sobre ERC, ya que este partido ostentaba la presidencia de la cámara cuando se empezó a aplicar este privilegio laboral. Fue en la época del tripartito del PSC, ERC y los verdes de ICV, hoy diluidos en los comunes. Además, las dos últimas presidencias de la cámara (Carme Forcadell y Roger Torrent) han sido bajo el mandato de los republicanos.

No obstante, desde el partido de Oriol Junqueras afirmaron desconocer estas prácticas y las calificaron estos sueldos de «cifras desorbitadas». Asimismo, fuentes de ERC mostraron su sorpresa por el repentino interés de Junts sobre esta cuestión cuando en el anterior mandato los temas laborales de la cámara estaban bajo el control en la Mesa de la Cámara del diputado posconvergente Josep Costa, quien también era vicepresidente del Parlament.