En la frontera entre Polonia y Bielorrusia quedan unos mil inmigrantes ilegales y la ONU se ha interesado por las condiciones en las que esperan una solución a su situación, pero los enviados por Naciones Unidas no logran llegar hasta ellos porque tanto Varsovia como Minsk niegan el acceso a la zona a sus enviados. Así lo ha denunciado la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Liz Throssell. Uno de sus equipos desplazado a Polonia «no ha conseguido autorización para acceder a la zona de la frontera», ha dicho, «y tampoco es posible acceder desde Bielorrusia, donde el Gobierno ha impedido la entrada a otro de nuestros equipos a todo su territorio».
Polonia declaró en septiembre el estado de emergencia en la zona fronteriza, que incluye las provincias de Podlakia y Lublin, con un total de 183 municipios, alegando «una amenaza para la seguridad de los ciudadanos y el orden público».
Esta situación legal permite al Estado prohibir las protestas y manifestaciones, además de imponer toques de queda y prohibir el acceso a no residentes, incluidos periodistas y agentes de ayuda humanitaria. A pesar de que ha permitido finalmente la entrega de alimentos y mantas, el Gobierno de Varsovia no es partidario de que las organizaciones no gubernamentales adquieran el papel de observadoras del conflicto en la zona, en la que ha desplegado a más de 15.000 efectivos del Ejército y la Policía y e la que sigue sin permitir la entrada a la ONU.
Condiciones lamentables
«Hemos pedido a las autoridades de los dos países que autoricen de forma inmediata el acceso a esa zona de los representantes humanitarios y observadores de derechos humanos. También deberían poder entrar periodistas y representantes de la sociedad civil», se ha quejado Throssell, que ha instado a los gobiernos de Polonia y Bielorrusia a «solucionar de forma urgente» este bloqueo. Los hechos a los que se refiere se han repetido desde el 29 de septiembre y afectan a varios equipos del Alto Comisionado que solamente pudieron entrevistar a representantes de la sociedad civil y a 31 inmigrantes llegados a la zona entre agosto y noviembre. «Las personas interrogadas describieron las condiciones en las que se encuentran como desastrosas a ambos lados de la frontera», ha informado la portavoz, «con acceso limitado al agua potable, los alimentos y la ropa de abrigo».
El Gobierno bielorruso ha habilitado en el área fronteriza varias naves en las que los inmigrantes son acogidos a la espera de su repatriación, que ha sido negociada con sus países de origen. Algunos de ellos han relatado además historias de maltratos y situaciones en las que han sido golpeados por las fuerzas de seguridad bielorrusas y repiten que son reiteradamente impulsados a cruzar la frontera y que reciben de los soldados bielorrusos indicaciones concretas sobre a través de qué puntos fronterizos pasar y a qué horas. El Alto Comisionado desea investigar estas acusaciones y ha solicitado al Gobierno de Minsk que «ponga fin a estas prácticas de inmediato».
«La fase activa de la crisis ha sido superada, pero las razones por las que surgió no han desaparecido y el Gobierno de Minsk se esfuerza por mantener el control de la situación», explica el director del portal bielorruso Reformatsia, que reconoce que la UE ha logrado reducir el flujo de personas a través de los canales por los que los migrantes son trasladados a Bielorrusia desde Irak y Siria. «Sin embargo, la llegada del invierno convierte en dramática cualquier situación ahora, aunque afecte a un número menor de personas», añade.
