El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empleo, el llamado superfondo, según han confirmado fuentes del ministerio de Seguridad Social. La norma del que será el primer gran fondo de pensiones de empleo público de España verá así la luz sin contar con el consenso del diálogo social, lo que ha generado un gran malestar entre los agentes sociales, que consideran esta maniobra del ministro José Luis Escrivá como un ataque directo al diálogo social.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca ampliar el número de españoles que tienen un plan de pensiones que complemente su pensión, ofreciendo menores comisiones que los planes privados, que serán castigados fiscalmente durante dos años seguidos.
Este hecho ha generado también un gran revuelo en el sector financiero.
Sin embargo, el malestar es máximo, especialmente en las filas empresariales, que remarcan que esta medida no tenía que estar lista hasta junio de 2022, según se comprometió el Gobierno con Bruselas en el Plan de Recuperación.
Según el último borrador, será una comisión de control especial la que velará por el buen funcionamiento de estos vehículos. Estará compuesta por diecisiete miembros, de los que «cuatro serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, cuatro por las organizaciones empresariales más importantes y nueve serán designados por el Ministerio de Seguridad Social.
El documento no establece la retribución que recibirán estos miembros, aunque sí fija que podrá tener un componente variable. «La retribución de los miembros se determinará reglamentariamente y podrá tener un componente variable en función de la valoración externa de calidad del servicio y de los resultados de rentabilidad a largo plazo y del riesgo asumido», establece el texto.
