El Pleno del Tribunal Constitucional elegirá esta tarde a quien será su nuevo presidente en sustitución de Juan José González Rivas. Como anunció ABC el pasado 23 de octubre, el conservador Pedro González Trevijano contará con el respaldo muy mayoritario (no se descarta que sea unánime) de sus compañeros. Juan Antonio Xiol, por su parte, de perfil progresista, será el vicepresidente. Ambos estarán en el Tribunal apenas siete meses, pues en junio del próximo año está prevista la renovación del tercio que corresponde al Gobierno y al Consejo, lo que implicará su salida junto con los también magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Será entonces cuando la mayoría conservadora 7-5 se invierta, y el sector progresista tenga el control del Tribunal.
No ha sido fácil el final de mandato del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que aprovechó ayer su último discurso al frente del órgano de garantías para reivindicar la independencia del «magistrado constitucional» y la suya en particular. La actuación del juez, dijo durante el acto de toma de posesión de los nuevos miembros del tribunal, debe ser «honesta, constante y discreta», alejada de la «crispación, crítica o estridencia». El mensaje tenía, sin duda, una doble vertiente: por un lado, la defensa de sus convicciones frente a las críticas que ha recibido en los últimos tiempos por alinearse con el sector progresista en su aval a los estados de alarma de Sánchez. Por otro, una suerte de consejo a los magistrados entrantes después de la lectura en clave política que se ha hecho de sus nombramientos.
«Siempre he desarrollado la función con absoluta sujeción a la Constitución y a la ley, con profesionalidad, lealtad institucional, colegialidad, actitud de servicio e independencia, exponiendo mis conocimientos jurídicos en las ponencias asignadas y en los votos particulares emitidos (…) El fuero interno del juez, en el que radica la esencia de su imparcialidad (…) debe ser respetado por todos: ciudadanos, poderes públicos y medios de comunicación», dijo.
En presencia de los nuevos magistrados –Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez–, parafraseó al primer presidente del TC, Manuel García Pelayo, al recordar que órgano de garantías «resuelve asuntos políticos con criterios jurídicos» y calificó de «pieza clave» de la Constitución de 1978 por su papel «en el desarrollo continuo de nuestro ordenamiento y de nuestra convivencia en un régimen de libertad y de garantía de los derechos fundamentales de los ciudadano».
En un acto en el que estuvo presente el ministro de Presidencia y muñidor del acuerdo PSOE-PP para la renovación, Félix Bolaños, y los también ministros Pilar Llop (Justicia), Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Exteriores), González Rivas aseguró que los tribunales constitucionales han de estar «a la altura de unos estándares muy exigentes», ya que se les ha confiado la protección e interpretación de la Constitución. Los magistrados «deben ser ejemplo de virtud para tener cabida en este importante órgano constitucional del Estado», dijo.
González Rivas admitió que su presidencia –«cuyo desempeño ha constituido para mí un privilegio y un inmenso honor»– «no ha sido fácil» y aludió de forma explícita a los asuntos relativos al ‘procés’ y a la pandemia. Sobre el primero, el desafío secesionista, apuntó a las sentencias que han defendido «la supremacía de la Constitución y la unidad de la Nación española», así como a los recursos presentados contra la sentencia que condenó a los líderes independentistas por sedición. Sobre el Covid admitió que ha habido un «incremento considerable de recursos contra la acción del Gobierno y de las Administraciones. En todos los casos, dijo, «el Tribunal ha actuado con celeridad, mesura y proporcionalidad».
Tras la intervención de González Rivas y la toma de posesión de los nuevos magistrados en presencia de los salientes –junto al presidente, abandonan el tribunal la vicepresidenta, Encarnación Roca, y el conservador Andrés Ollero– llegaron los corrillos, que los miembros del Gobierno fueron los primeros en abandonar. No así el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, vocales del Consejo General del Poder Judicial y la nutrida representación del mundo de la justicia que acudió al acto. Pese al perfil político que acompaña a todos los nombrados, el foco estaba puesto ayer sobre Enrique Arnaldo, objeto de una agresiva campaña que solo ha encontrado un precedente similar con Enrique López y que ha conseguido silenciar la trayectoria de los otros tres candidatos cuya afinidad con los partidos que les han nombrado tampoco está libre de sospecha, como se reconocía ayer en algunos corrillos del Tribunal. En el seno del órgano son conscientes de que el revuelo que han generado estos nombramientos daña a la institución pero creen que el «ruido» se disipará cuando el nuevo tribunal eche a andar.
