El Gobierno ha pactado este lunes con los sindicatos UGT y CCOO el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que contempla una aportación de 0,6 puntos vía cotizaciones a la Seguridad Social durante diez años para rellenar la ‘hucha de las pensiones’ y así sostener el gasto en pensiones que provocará la jubilación de la generación del ‘baby boom’. Si finalmente consigue su aprobación en el Congreso, el nuevo mecanismo empezaría a funcionar en 2023 hasta el año 2032. Los trabajadores financiarán así el incremento del gasto en pensiones que va a soportar a futuro el sistema. De hecho, el acuerdo del Gobierno con los sindicatos contempla que, en el caso de que esta medida sea insuficiente, se adoptarán nuevas políticas de ingresos o de gastos para corregir el crecimiento del déficit.
El acuerdo —del que se han descolgado este lunes por la mañana las patronales CEOE y Cepyme— supondrá destinar todos estos recursos a la acumulación en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la denominada hucha de las pensiones, «mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032 (…) de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes», ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las empresas soportarán 0,5 puntos de incremento de cotización (el 85% del total) y los trabajadores, los 0,1 puntos restantes (porcentajes equivalentes al reparto de las cotizaciones sociales actualmente). Los empresarios han criticado la propuesta del Gobierno y los sindicatos por centrarse únicamente en un incremento de los ingresos supone encarecer el factor trabajo en España, sobre todo si se tiene en cuenta que las cotizaciones sociales que soportan las empresas están entre las más altas de Europa.
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha explicado que calcula elevar en 50.000 millones los recursos del Fondo de Reserva gracias a este mecanismo al final del periodo de aplicación de la cotización extraordinaria. Esto significará generar más de 4.000 millones de euros de ingresos anuales, una cifra muy ambiciosa si se tiene en cuenta el ritmo de recaudación actual.
Escrivá ha defendido que esta medida no tendrá efecto sobre el empleo, porque «España no tiene un problema de costes sociales». El salario por hora de trabajo, o la recaudación total por cotizaciones se sitúan por debajo de la media europea, ha explicado el ministro, por lo que habría margen para esta subida de cotizaciones. Sin embargo, si se observa la cuña fiscal que soportan las empresas (la cuota a cargo del empleador), en España es la cuarta más alta de Europa, con una recaudación equivalente al 9% del PIB, 1,2 puntos por encima de la eurozona.
Escrivá ha explicado que se trata de «un mecanismo contingente y temporal que dará lugar a una cotización pequeña y finalista». Los recursos generados con esta subida de cuotas se utilizarán «en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050″. En el caso de que no se diera esa desviación, «no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones», señalan los sindicatos.
La otra pata del mecanismo actuará si se aprecia en los informes de envejecimiento (‘Ageing Report’) de la Comisión Europea una desviación pudiendo usarse ese fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del producto interior bruto (PIB). El diseño de este mecanismo se incluirá mediante enmienda al proyecto de ley que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados.
Si la disposición de activos de este fondo no fuera suficiente, el Gobierno explica que negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo «una propuesta que, de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos».
La concreción de este mecanismo es uno de los temas pendientes del acuerdo cerrado en julio sobre pensiones y que también debe concretar otros puntos como la equiparación de derechos de pensión viudedad de parejas de hecho con matrimonio o en la cotización de los becarios.
Este mecanismo de equidad intergeneracional está llamado a hacer frente a un incremento futuro del gasto como consecuencia de la jubilación de la generación del ‘baby boom’, los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.
