El consejero madrileño cree que esta situación “abunda otra vez más en la injusticia de que va a haber alumnos con suspensos que se van a presentar a la Evau en otras comunidades autónomas y van a poder acceder a universidades madrileñas”. Es por esto por lo que ha hecho un llamamiento al Ministerio para que haya una uniformidad.
El Real Decreto Ley 31/2020 de 29 de septiembre por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria permite obtener el título de Bachillerato y, en consecuencia, presentarse a la selectividad con suspensos, pero siempre que la media de cinco y después de que el alumno haya conseguido los objetivos y competencias correspondientes de la etapa.
A partir del año que viene, cuando entre en vigor la “ley Celaá”, se podrá obtener el título de Bachillerato con un suspenso “siempre que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a esa etapa”, dice la normativa.
En Madrid las pruebas de la Evau comienzan el próximo 7 de junio y terminan el 11. En esta ocasión se han inscrito un total de 37.896 alumnos, lo que significa que hay 1.369 alumnos menos que el año pasado que han aprobado el Bachillerato. Pese a las críticas de asociaciones de padres sobre el mal funcionamiento de la semipresencialidad, Ossorio recalcó que el 47,9% de los centros públicos han tenido presencialidad del cien por cien en esta etapa. Solo el año pasado, aprobó la selectividad el 92,16%, un 1% menos que la media española.
Excepciones para cambiar la fecha
La novedad de este año es que se contempla la posibilidad de los alumnos puedan “no consumir” la convocatoria ordinaria de la Evau y pasar directamente a la extraordinaria como si estuvieran en la ordinaria a efectos de plazos para matriculación en las universidades en casos de enfermedad grave o muy grave que requiera hospitalización o aislamiento, accidentes que impidan la movilidad total del estudiante, citaciones judiciales, situaciones personales de extrema gravedad que afecten al juicio o discernimiento del estudiante, como la muerte de un familiar directo, el aislamiento, cuarentena o baja médica por la Covid-19. Todo ello habrá que acreditarlo mediante certificación emitida por el servicio público de salud o por partes emitidos por la Policía Nacional o cualquier otro sistema público de prueba de las circunstancias que al alumno le impidan acudir al examene ese día.
