La mesa de derogación de la reforma laboral sigue su curso bajo la atenta mirada de Bruselas. Aunque, lejos de las medidas de mayor flexibilidad que reclaman para nuestro mercado las autoridades comunitarias, las propuestas que llegan a los agentes sociales desde ministerio de Trabajo perseveran en otorgar un mayor poder de negociación a los convenios sectoriales a costa de los de empresa y limitar el poder de los empresarios para recortar los sueldos de sus plantillas. También plantea recuperar la ultraactividad de los convenios, una de los principales cambios que incluyó la reforma laboral de Rajoy en 2012.
Así figura en la nueva propuesta que el miércoles puso sobre la mesa el Gobierno, tan solo unas horas antes de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, viajara a Bruselas para reunirse con el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis. Pese a lo ambicioso de la propuesta, la nueva oferta de Trabajo supone un paso atrás con respecto al planteamiento de hace un par de semanas, que buscaba dar preferencia al convenio colectivo sectorial sobre el de empresa en materias clave como los salarios. Ahora, el nuevo documento, al que ha tenido acceso ABC, devuelve los salarios al ámbito del convenio de empresa pero, eso sí, con límites claros para evitar recortes.
«En ningún caso, estos -por los salarios- podrán ser inferiores a los establecidos en los convenios sectoriales que resultasen de aplicación», propone el documento. La anterior redacción únicamente dejaba a los empresarios la «elección entre abono o la compensación de las horas extraordinarias», «el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones». Ahora, también se recoge la obligación de la empresa de favorecer la «corresponsabilidad» y la «conciliación entre la vida laboral, familiar y personal» a través de los «planes de igualdad» que ha impulsado la nueva ley aprobada por Trabajo. Estos planes, matiza el documento, podrán ser «obligatorios o voluntarios» pero se especifica que en cualquier caso deberán «respetar lo previsto en el ámbito sectorial».
La otra gran novedad llega con la vigencia de los convenios, la denominada ultraactividad, limitada a un año por la reforma del Gobierno del PP. Antes de 2012 este mecanismo era una de las principales armas que tenían los sindicatos en las negociaciones con la empresa, ya que si el convenio llegaba a su fin y no se renovaba, permanecía vigente hasta que se firmaba el nuevo y lo hacía sin fecha de caducidad. Trabajo propone al diálogo social volver a las situación anterior a la reforma. En su oferta a empresarios y sindicatos especifica que, en caso de desacuerdo entre las partes y habiéndose agotado los plazos marcados de negociación, «se mantendrá la vigencia del convenio colectivo».
El planteamiento de Díaz incluye unos plazos similares a los actuales para el periodo de discusión entre trabajadores y empresa. En concreto, fija un plazo de un año a partir de la denuncia por alguna de las partes sin que se haya alcanzado un acuerdo para someterse a un arbitraje. La clave está en que si, agotado este procedimiento, sigue sin haber consenso, prevalecerá el convenio colectivo. Actualmente, la norma establece que al agotarse estos plazos la empresa podrá aplicar directamente el convenio sectorial, lo que deja el de empresa en papel mojado.
Los documentos entregados al diálogo social dejan claro que la ministra sigue intentando deshacer la reforma laboral, eliminando la ultraactividad de los convenios colectivos; recuperando la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa en aspectos clave; rebajando el poder unilateral del empresario en las medidas de ajuste y flexibilidad y, al margen de dicha reforma, Díaz pretende también regular la cadena de subcontratación para evitar que esta se utilice para abaratar el coste laboral.
Cambios a dos velocidades
Y es que esta negociación hay que entenderla a dos velocidades. Una, en clave nacional, donde la ministra no duda en sacar toda la artillería, y otra, en Bruselas, donde se ha comprometido a «modernizar la negociación colectiva», pero sin entrar en más detalles, según el documento presentado por el Ejecutivo la semana pasada. Los empresarios aseguran que no negociarán ni una sola línea que no esté dentro de las reclamaciones de la Comisión para acceder a los fondos, pero lo cierto es que Díaz está sabiendo manejar a la perfección en estos dos tiempos. Y ya ha advertido: «Si una de las partes no está de acuerdo, se va a legislar», dijo sobre un posible desacuerdo con la CEOE.
La ministra sacó ayer pecho sobre el respaldo recibido en Bruselas. «Estamos sustancialmente de acuerdo. Tan de acuerdo como que es bastante sorprendente que, a pesar de las recomendaciones que viene haciendo la propia Comisión desde hace años (…) va a ser por primera vez abordado en nuestro país», dijo tras su encuentro con Dombrovskis, uno de los principales responsables en materia económica y dentro del círculo de los denominados ‘halcones’. Esto es, el grupo de políticos que con más claridad ha pedido a España reformas estructurales y el mantenimiento de la flexibilidad conseguida gracias a los cambios laborales que impuso la reforma de la anterior crisis financiera. La negociación continúa.
