Después de una semana de conversaciones, el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto al sitio de partida. El Comité de Dirección del PP se reunió ayer por la mañana para estudiar el estado de la negociación con el Gobierno sobre la renovación de los órganos constitucionales, y confirmó que el problema es Podemos.
Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer para responsabilizar únicamente al PP del bloqueo de la renovación. Los «vetos» son del principal partido de la oposición, y la responsabilidad, también. Desde el primer momento los populares fijaron como línea roja que no aceptarían que en la negociación participaran los morados. No sólo como interlocutores, sino tampoco por la vía de introducir vocales de su órbita en el Consejo. Los dos nombres «malditos» son los de Victoria Rosell, que actualmente es la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y el de José Ricardo de Prada, juez de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El PP insiste, sin embargo, en que la pelota está en el tejado del Gobierno. Y dice que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe decidir si antepone la coalición por encima de la independencia de las instituciones.
«O Sánchez ha engañado al PP o el PP se ha dejado engañar. Alguna de las dos partes miente», es lo que se escucha dentro del CGPJ, que ha quedado empantanado ante el fracaso de una negociación que llevó incluso a que este jueves se paralizasen los nombramientos pendientes.
Podemos ha conseguido dinamitar el diálogo. Esto es indiscutible. Y la gestualidad del jefe del Ejecutivo no dejó ayer margen para la duda: ni un pequeño tirón de orejas hacia su socio de gobierno. La politización viene por parte del PP y las exigencias, también. Cuando, sin embargo, cuentan que en la negociación el PSOE aceptó retirar los nombres que querían imponer los morados hasta que se anunció el acuerdo sobre el Consejo de Radio Televisión Española (RTVE).
Empantanadas quedan, de momento, otras instituciones como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos.
Los populares culpan a Sánchez de estar sometido al látigo de Podemos. Y el PSOE culpa al PP de dejarse amedrentar por las presiones de Vox. El resultado es que lo que se había presentado como la expectativa de un inicio de aproximación entre Gobierno y principal partido de la oposición, en un intento por las dos partes de dar aire al bipartidismo, ha terminado chocando con los mismos mantras que socialistas y populares llevan enarbolando desde el inicio de la Legislatura.
Los populares dicen que todavía hay margen para sentarse a hablar y desbloquear la situación, si se aceptan sus condiciones. Mientras que desde el Gobierno apuntan a la reforma legal que ansía impulsar Podemos para cambiar las mayorías y que en el nuevo Consejo entre la mayoría de investidura.
Moncloa asocia el descarrilamiento de la negociación a los vaivenes ideológicos del PP, a su obsesión con Vox y a sus tensiones internas.
Al final, lo que prometía ser el final de un bloqueo, que ha terminado por lastrar la paciencia de CGPJ, ha concluido con un duro cruce de reproches y descalificaciones. Con Podemos, como árbitro desde la barrera.
Sobre el PP pesa su responsabilidad institucional, pero también la lectura que Vox y Ciudadanos, sus competidores en el bloque del centro derecha, puedan hacer del acuerdo con el Gobierno. En teoría queda mucho para una próxima cita electoral, pero la línea roja fijada por la dirección popular, la exclusión de Podemos en la negociación y en la representación, hace muy difícil que pueda encontrarse una salida a la situación después de los comunicados que las dos partes emitieron en la noche del pasado jueves.
En el principal partido de la oposición el paso adelante dado por la dirección, después de las elecciones catalanas, se interpretó como una apuesta por hacer un gesto que confirmase que el liderazgo de la oposición es sólo suyo, y que son las únicas siglas con capacidad de influir en las decisiones institucionales y de gobierno.
Pero, al final, con Podemos incluido en el cambalache, el resultado es que la imagen que quedaba era la de un cambio de cromos en el que resultaba imposible impedir el relato que tuviera como titular principal que los morados seguían tomando posiciones en las instituciones, en aras de su representación parlamentaria, pero esta vez en el reparto del Poder Judicial.
