Sánchez esquiva de nuevo detallar si el plan de 11.000 millones serán ayudas directas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a eludir este viernes dar detalles del plan de 11.000 millones de euros en ayudas a autónomos, pymes y empresas de los sectores más afectados por la pandemia que anunció el miércoles en el Congreso. Ante las preguntas que le reclamaban una mayor concreción sobre este paquete de ayudas, el presidente se ha limitado a decir que llegarán «al balance de las empresas» y ha trasladado la responsabilidad de dar más información al proyecto que presentará la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en «un breve plazo de tiempo».

Sin embargo, también Calviño esquivó ayer ofrecer más información de un proyecto que mantiene en vilo a miles de empresas afectadas por la dureza y duración de la pandemia. Durante su comparecencia ayer en el Congreso, la vicepresidenta se limitó a decir que están «viendo qué medidas serían necesarias» y que esperan poder presentarlo «en marzo». La gran incógnita es si la nueva tanda de ayudas contendrá inyecciones a fondo perdido, tal y como reclaman los sectores más afectados y como ya han puesto en marcha otros países vecinos, o si se limitará a nuevas medidas de apoyo financiero. Tanto Sánchez como Calviño han eludido hacer referencia alguna a este extremo.

Sánchez ha recordado que este nuevo plan se suma a los más de 200.000 millones de euros movilizados por el Gobierno, el 20% del PIB, en los últimos doce meses para apoyar a las empresas y los autónomos, algo que calificó de «cantidad histórica». Destacando los más de 100.000 millones de euros a través el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que el Gobierno defiende que ya están contribuyendo a los sectores más afectados por la pandemia, refiriéndose al turismo, la hostelería, el ocio, la cultura o el transporte aéreo: «Se suma a todo lo que hemos venido desplegando».

También Calviño dejó claro ayer que las ayudas financieras pueden ser parte de la solución. La ministra dijo comprender el «derecho legítimo» de los banqueros de defender sus intereses particulares ante la posibilidad de que se establezcan quitas a los préstamos ICO, pero aseveró que «la labor del Gobierno es velar por el intereses generales». Y remarcó que debido al alargamiento en el tiempo de la pandemia, muchos autónomos y pymes que se endeudaron convencidos de que el envite del virus sería mucho más corto del previsto, ahora afrontan problemas de «sobreendeudamiento». Por eso dijo que las ayudas se centrarían en empujar a «negocios viables y rentables antes de la pandemia», aunque sin concretar el cómo.