Las mascarillas se han convertido ya en un producto más de la cesta de la compra de los aragoneses. Su venta (al ser obligatorio su uso) se disparó el año pasado, y el aumento de la demanda hizo que algunos vendedores trataran de aprovecharse de la situación, por lo que la Administración tuvo que volcar sus esfuerzos en evitar fraudes. Así, la inspección de Consumo del Gobierno de Aragón, que depende de la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, retiró de la venta un total de 229.375 unidades de cubrebocas después de realizar 2.195 actuaciones inspectoras en el segundo semestre del año pasado.
Conforme a la regulación, ayer mismo se publicó en el Boletín Oficial del Estado la nueva normativa del Ministerio de Consumo por la que se establecen nuevos requisitos de información y comercialización de las mascarillas higiénicas. Pero hasta ahora el trabajo de los inspectores ha ido pasando por diferentes fases, como explica el director general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, Pablo Martínez: «Durante las primeras semanas del estado de alarma, cuando todo el mundo buscaba mascarillas y existía una cierta guerra comercial, se realizó una prospección de las páginas web. De entonces recuerdo algunos fraudes como los que vendían cajas supuestamente a diez euros pero al comprar lo que costaba diez euros era la unidad», rememora.
Todo cambió cuando, a finales de abril, el Ministerio de Consumo estableció un precio máximo para las mascarillas quirúrgicas de 0,96 céntimos, aunque este tipo de cubrebocas, al ser un producto sanitario, recorren un camino diferente de cara a la inspección. Son las FFP y las higiénicas las que se pusieron en el punto de mira de los inspectores, sobre todo a raíz de volverse su uso obligatorio en la vía pública.
Entre junio y julio comenzó entonces una campaña que se prolongó hasta el otoño y que finalizó con la inspección de un total de 43 tipos de productos de mascarillas FFP y 74 de mascarillas higiénicas. Los inspectores (15 en total para toda la comunidad) revisaron las que había a la venta en superficies comerciales, comercios tradicionales y tiendas multiservicio (bazares). El resultado fue que el 71% de las FFP cumplían con la normativa, mientras que en las higiénicas el porcentaje ascendía hasta el 84%.
De cada mascarilla se inspeccionaban 20 elementos, entre los que destacan que en el etiquetado constase la empresa responsable del producto y que las instrucciones de uso estuvieran en castellano. En el caso de las higiénicas, por ejemplo, los valores de eficacia de filtración bacteriana y de respirabilidad solo figuraban en el 50% de los productos inspeccionados.
Cabe destacar que las inspecciones de Consumo no consisten en demostrar la eficacia de las mascarillas, si no si su etiquetado e información es correcta conforme a la normativa existente. Además del trabajo de campo del personal de esta dirección general, los funcionarios de la DGA se sirven también de la Red de Alerta de Seguridad de Productos, una plataforma europea en la que las diferentes administraciones van añadiendo información conforme detectan deficiencias en los productos. La red se revisaba «una o dos veces al día», afirma Martínez, y en ella han aparecido, a lo largo del 2020, 237 alertas sobre mascarillas, aunque 198 de ellas se debían a cuestiones en el etiquetado que se podían subsanar.
Ahora, todo cambiará de nuevo con la nueva orden del Gobierno de España, puesto que las mascarillas higiénicas, incluidas las de tela, tendrán que obtener un certificado de un laboratorio acreditado para ello que asegure, entre otras cosas, la eficacia de filtración de partículas. En toda España, según cuentan Martínez y la jefa de servicio de Normativa y Supervisión de Mercados, María Jesús Casasnovas, hay unos 60 de estos laboratorios, de los cuáles no hay ninguno en Aragón.
Por otro lado, el sindicato de enfermería Satse pidió ayer al Ministerio de Sanidad que no se usen mascarillas higiénicas en los centros sanitarios y que se entregue a todas las personas que accedan a este tipo de instalaciones un cubrebocas quirúrgico.
30 días para poder adaptarse
La nueva orden del Ministerio de Consumo que regula la normativa a la que deben ajustarse las mascarillas higiénicas se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado. Así, a partir de entonces, los vendedores dispondrán de 30 días para retirar de la venta o adaptar los cubrebocas que vendan en sus establecimientos. Se incluyen también los de tela, aquellos que hayan sido confeccionados personalmente o que se vendan como artículos de moda. Todos tendrán que venderse conforme a unas nuevas especificaciones y deberán obtener un sello de un laboratorio acreditado para ello. Si no, no se considerarán higiénicas, por lo que no podrán utilizarse. Asimismo, la nueva norma regula también el uso y la venta de las llamadas mascarillas inclusivas, que incluyen una zona transparente para que las personas sordas puedan leer los labios. Con la nueva normativa en vigor, la DGA acometerá nuevas inspecciones del mercado.
