Cuando en noviembre de 2020, el Ministerio de Igualdad abrió un período de consulta pública previo a un proyecto de ley, la llamada «ley Trans», que establecería la «autodeterminación de género» («de sexo»), ocho mujeres feministas con una larga trayectoria enviaron una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recogió en la primera semana más de 6.700 adhesiones.
En dicha carta, las firmantes aseguraban que «la autodeterminación de sexo es un imposible» y su estipulación legal provocaría «una situación grave que sin duda compromete a nuestra juventud y a las generaciones futuras». Por todo ello, reclamaban que no se procediera a legislar sobre la materia sin antes sostener un «debate amplio y veraz sobre los términos y supuestos que contendría una ley de esa naturaleza».
La carta, originalmente firmada por Laura Freixas, Marina Gilabert, Ángeles Álvarez, Alicia Miyares, Rosa María Rodríguez Magda, Victoria Sendón, Juana Serna y Amelia Valcárcel, ha recogido hasta la fecha las firmas de otras 6.743 personas y asociaciones.
Hoy lunes 8 de febrero, lanzan una misiva renovada al presidente Sánchez, líder de un Gobierno de coalición partido en dos por este asunto, como evidenció la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la pasada semana. Después de que el Ministerio de Igualdad haya dado un nuevo paso adelante difundiendo un borrador de dicha ley y tras examinar dicho texto, las firmantes de la carta inicial concluyen que «no se sostiene jurídicamente, y su aprobación provocaría, además de una confusión notable, efectos arrasadores sobre la seguridad jurídica, la infancia, la educación, el deporte femenino, los espacios seguros para mujeres, los derechos de las personas transexuales, la libertad de expresión y todas las leyes y políticas públicas encaminadas a conseguir la igualdad entre los sexos». La norma, señalan, «pone en riesgo a la infancia y menores de edad. Referirse a una infancia y menores de edad trans no es en absoluto progresista, sino políticamente reaccionario y constitutivo de posible abuso infantil».
Las firmantes consideran que «frente a la propaganda» que supone presentar esta ‘ley Montero’ como un avance en derechos humanos, muy al contrario, se trata, «de un retroceso» y consideran que «el advenimiento de esa norma no es inexorable» y el PSOE puede refutarla y negarse a su aprobación. El pasado sábado, en un acto en la campaña electoral catalana, Pablo Iglesias reivindicó que no se puede negociar con los derechos humanos y que la norma de Irene Montero irá adelante: «No se entiende que haya quien siga diciendo que ser trans es una patología que deben evaluar fiscales o psiquiatras», pese a que, tal y como publicó ABC, los expertos consideran que suprimir los dos años que acrediten la disforia de género sería un error.
