La decisión del Congreso de continuar la reforma que impediría realizar nombramientos al Consejo General del Poder Judicial cuando esté en funciones, es decir, con el mandato vencido, sin dar el oportuno traslado al Consejo, como órgano de gobierno, ni a las asociaciones de jueces que “legalmente tenemos atribuida la defensa de los intereses profesionales de los miembros de la Carrera Judicial en todos sus aspectos”, como así solicitó el CGPJ en su reciente acuerdo, sigue provocando un profundo malestar en gran parte de los integrantes de la Carrera Judicial. Si el pasado miércoles era la Plataforma Cívica de la Justicia la que lo denunciaba al Parlamento europeo, ahora ha sido la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura la que ha reclamado a la Cámara Baja toda la documentación para decir si acude al Tribunal Constitucional y a las instancias europeas.
Por ello, la APM ha solicitado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que se les notifique formalmente el acuerdo de la Mesa del Congreso, donde se decidió, gracias a los votos de PSOE y Podemos, continuar con la tramitación urgente de la Proposición de Ley que limita al CGPJ cuando esté en funciones, para poder ejercitar, en su caso y ante quien corresponda, las acciones oportunas”,
En concreto, según señalaron a LA RAZÓN desde la propia Asociación Profesional de la Magistratura, esas acciones serian judiciales y político-judicial. Entre las primeras la opción que se baraja es la de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por haberse vulnerado el derecho de audiencia al decidir la Mesa del Consejo no pedir informe a las asociaciones judiciales, cuando la Unión Europa ha expresado que ese trámite debe cumplirse cuando se trate de una reforma que afecte a aspectos nucleares del Poder Judicial.
Respecto a las acciones político-judiciales, la APM estudia realizar una doble actuación. En primer lugar, ante el Parlamento de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por vulneración de lo estándares que garantizan al Estado de Derecho, pero también ante al Comisión del Consejo de Europa y la Comisión de Venecia.
