Enésimo episodio del pulso que mantiene el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial en el que ha irrumpido ahora el Congreso. Después de que la Mesa del Congreso rechazara esta semana que el órgano y la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho -conocida como Comisión de Venecia- informaran sobre la reforma lanzada por el PSOE y Unidas Podemos para recortar las funciones del CGPJ, varios vocales han registrado un escrito pidiendo una reacción.
En la solicitud a la que ha tenido acceso El Confidencial, diez de los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces solicitan un pleno extraordinario. Aseguran que la decisión de la Mesa de continuar con la tramitación acelerada de la proposición de Ley y no solicitar los informes ni proporcionar audiencia «no solo desatiende la petición dirigida por este órgano constitucional, sino también las recomendaciones de la Comisión Europea (CE), las recomendaciones expresadas por el portavoz de Justicia de la CE los días 15 de octubre y 4 de diciembre de 2020 y las que en el mismo sentido se han dirigido por órganos del Consejo de Europa.
«En las anteriores circunstancias, los vocales firmantes de la presente solicitud estimamos imprescindible la celebración de un pleno extraordinario para debatir sobre la situación generada por la negativa de la Mesa del Congreso de los Diputados y las determinaciones que ello obligue a adoptar», indica el escrito que firman Rafael Fernández Valverde, Wenceslao Olea Godoy, Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad, Maria Ángeles Carmona Vergara y José María Macías.
Debate
Los vocales —la mitad— proponen debatir sobre la situación generada por la negativa y también que sea el propio CGPJ el que de audiencia a los restantes actores interesados. Una vez oídos, piden «adoptar las medidas correspondientes en función de las conclusiones del debate».
La petición había sido cursada por el propio CGPJ después de que su pleno así lo acordara el pasado mes de diciembre. En su escrito, el CGPJ defendía que el Congreso debía escuchar a todos los agentes afectados por la reforma propuesta y, en particular, las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia.
