Las secuelas de la crisis económica derivada del coronavirus tardarán en cicatrizar. En particular, para las 750.000 personas que quedarán en los márgenes del sistema económico. O, lo que es lo mismo, quienes pasarán a integrar el colectivo de los que están en riesgo de pobreza o en una situación de exclusión social.
Los cálculos los ha hecho el servicio de estudios de CaixaBank, que estima que, durante el año 2021, pese a que la economía crecerá en torno al 6%, la suma de la tasa de riesgo de pobreza y de la tasa de exclusión social se incrementará hasta el 27% de la población. Por lo tanto, por encima del 25,3% registrado antes de la aparición del covid-19 con sus efectos devastadores.
Lo que miden los economistas de CaixaBank es el llamado indicador Arope, que contabiliza (según sus siglas en inglés) la población en riesgo de pobreza, ya sea por carencia material severa o por sufrir una baja intensidad del empleo. Es decir, trabajadores que entran y salen del mercado de trabajo en condiciones muy precarias.
Las consecuencias que tendrá este empobrecimiento de una parte significativa de la sociedad serán también muy reveladoras en términos de desigualdad, y, según el artículo, el índice Gini, que mide el reparto de los ingresos o de la riqueza, seguirá aumentando de forma relevante. De hecho, ya en 2020, entre febrero y septiembre, y según sus estimaciones, la desigualdad ha aumentado en dos puntos.
Como se sabe, el coeficiente Gini imagina el número cero como la perfecta igualdad y el uno como la máxima desigualdad (una sola persona lo tiene todo), mientras que el índice se visualiza entre cero y 100 puntos. Estadística ha estimado que el índice Gini se situó en 2019 en 33 puntos, ligeramente por debajo de los 33,2 del año anterior. Ese año, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona se situó en 9.009 euros. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 18.919 euros.
Ayudas públicas
El ensanchamiento de la desigualdad, sin embargo, sería el doble si no se hubieran producido transferencias del sector público al privado en forma de rentas, ya sea a través de los ERTE o del ingreso mínimo vital, cuyo despliegue es todavía muy limitado. CaixaBank utiliza para sus análisis un monitor de desigualdad en tiempo real basado en la utilización de ‘big data’ a partir de datos internos de la entidad, ya sea a través de información procedente del pago de pensiones, salarios o uso de tarjeta de crédito.
Los últimos datos de Estadística muestran que el año pasado, el 26% de las mujeres cumplía alguna de las tres situaciones para poder ser incluidas en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social, por encima del 24,6% en el caso de los hombres. Si el análisis se hace por grupos de edad, el porcentaje más alto corresponde a las mujeres jóvenes (33,8% en mujeres de 16 a 29 años). Por el contrario, el porcentaje más bajo corresponde a las mujeres de 65 y más años (15,8%).
En hombres, según Estadística, el porcentaje más alto en el año 2019 también corresponde a hombres jóvenes (29,7% con una edad situada entre 16 y 29 años). El porcentaje más bajo de riesgo de pobreza y/o exclusión social corresponde a los hombres de 65 y más años (15,7%). En ambos casos, esto tiene que ver con el papel de las pensiones públicas, que garantizan un determinado nivel de subsistencia.
Como recuerdan los autores del artículo, Oriol Carreras y Javier García Arenas, los efectos de la crisis sobre la pobreza no son inmediatos, sino que afloran pasado un tiempo, lo que puede indicar que lo peor está por venir hasta que se consolide el crecimiento económico, que la mayoría de los estudios sitúan a lo largo de 2023.
Incipiente recuperación
Sus economistas echan la vista atrás y recuerdan que el porcentaje de la población en riesgo de pobreza en España aumentó de forma significativa entre 2013 y 2015, es decir, justo cuando lo peor de la anterior crisis ya había pasado y la economía ya encaraba una incipiente recuperación. En 2015, en concreto, casi 13 millones de españoles se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social. A partir de ese momento, la tasa fue bajando, pero ahora vuelve a crecer de forma significativa.
El ensanchamiento de la desigualdad tiene también que ver con lo que los economistas denominan efecto composición. Es decir, que la crisis afecta con mayor intensidad a determinados colectivos y en menor medida a otros. En este caso, las rentas bajas, como ha publicado este periódico, son las que han sufrido un mayor desplome de sus ingresos salariales. En unos casos, por los despidos, y en otros, porque su relación laboral ha quedado suspendida, lo que supone una reducción sustancial de sus ingresos.
Esta crisis, además, cuenta con una agravante, ya que ha afectado especialmente a sectores de bajo valor añadido, como la hostelería, el transporte, el ocio o el comercio. Estas ramas de actividad crean mucho empleo precario y temporal y han tenido que recortar bruscamente su masa salarial por la pandemia.
Según un reciente estudio, entre el tercer trimestre del año pasado y el mismo periodo de 2020, el impacto de la crisis ha afectado a 1,6 millones de trabajadores. Es decir, por encima de lo que reflejan las estadísticas oficiales. En concreto, alrededor de 500.000 trabajadores habrían perdido su empleo, 350.000 habrían dejado de buscar un puesto de trabajo al estar desanimados y 850.000 habrían visto cómo se suspende su relación laboral con la empresa (la diferencia con los 1,6 millones tiene que ver con la evolución de la población activa).
