La pandemia del coronavirus no ha cambiado los planes económicos del Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Pedro Sánchez, en su primera entrevista en televisión desde el estallido de la crisis sanitaria, en La Sexta, ha avanzado su intención de subir los impuestos a las grandes corporaciones y, aunque se ha mostrado más esquivo, también ha apuntado que tanto en el anterior proyecto presupuestario como en su acuerdo de gobierno estaba recogido un incremento del IRPF a los tramos salariales más altos.
Sánchez da por seguro que habrá una reforma fiscal para obtener más ingresos vía impuestos, y la ha justificado en la necesidad de fortalecer el sistema de salud pública y de que no se vuelva a colapsar, como ha sucedió en los peores momentos de la primera ola del Covid-19, que arrasó España. «Tenemos siete puntos menos de ingresos públicos respecto a la media de la Unión Europea», ha subrayado el presidente del Gobierno, que ha aseverado que mantener la calidad de la sanidad pública sin aumentar el gravamen de las grandes corporaciones «no es sostenible».
El presidente ha mostrado su voluntad de aunar en torno a los Presupuestos Generales del Estado -los cuales presentará «antes de final de año»- al mayor número de fuerzas posibles. Aunque en esta operación descarta «a priori» al PP y a la «ultraderecha» -en alusión a Vox– porque, según él, «se han aislado». Sánchez sí cuenta con Ciudadanos (Cs), pero tendrá difícil conjugar al partido de Inés Arrimadas con su socio de coalición en unas cuentas públicas con subidas de impuestos.
Fuentes del Comité Permanente de Cs ya han asumido que los Presupuestos tendrán que contar con un elevado gasto público, algo que en principio podría incomodar a los liberales, pero los de Arrimadas no están por a labor de que se acometa una subida de impuestos generalizada y arbitraria. En ese sentido, el PSOE dio un primer paso en la comisión de reconstrucción del Congreso, la semana pasada, cuando obligó a Podemos a renunciar a su pretensión de gravar a las grandes fortunas.
En su entrevista en La Sexta, Sánchez ha alejado del todo el fantasma de un «impuesto a los ricos» al tacharlo de «fetiche». «La cuestión es si el impuesto de las grandes fortunas es un fetiche o entramos de lleno en dónde están esos grandes patrimonios y les hacemos tributar», ha argumentado el líder socialista, que sí es partidario de aumentar el tramo del IRPF de las rentas más altas, aunque se ha limitado por ahora a recordar que ya lo defendió en el pasado.
«En el IRPF, la propuesta que hicimos en el Presupuesto antes de las elecciones y en el acuerdo de gobierno es que en los tramos más altos se pueda aumentar», ha respondido. En el decaído proyecto presupuestario de Sánchez, tumbado por ERC a principios del 2019, en concreto se preveía un aumento del IRPF en las rentas superiores a los 130.000 euros anuales.
Esto podría incomodar también a Cs, apoyo fundamental del Gobierno en las seis prórrogas del estado de alarma y en el real decreto ley que regula la llamada «nueva normalidad». No obstante, Cs cerró un acuerdo con el PSOE ayer en tres de los grupos de trabajo de la comisión de reconstrucción, incluido el de reactivación económica, en lo que podría ser el primer paso hacia unas cuentas públicas de la mano de los liberales.
Aunque los socialistas están cómodos con la idea de sumar a Cs, hay división en Unidas Podemos. Pablo Iglesias, sin ir más lejos, es partidario de buscar la misma suma que permitió a Sánchez ser presidente en enero. Es decir, una amalgama de partidos izquierdistas, nacionalistas y regionalistas, con las abstenciones añadidas de ERC y de EH Bildu. Los republicanos, aunque hoy han visto cómo Sánchez avalaba la concesión del tercer grado a los líderes del «procés», vetan la presencia del PP y de Cs en los Presupuestos y condicionan la legislatura a que se reúna la mesa de gobiernos. Mientras que EH Bildu, que por segunda vez en dos meses vio ayer cómo el PSOE rectificaba y tumbaba, después de apoyarla, la derogación de la reforma laboral, ha exigido una corrección a los socialistas antes del viernes si quieren tener la más mínima posibilidad de negociar las cuentas con los «abertzales».
Sánchez ha reclamado a los partidos independentistas que dejen a un lado sus reivindicaciones secesionistas y que arrimen el hombro para que «su voz esté en la negociación». El PSOE quiere que ERC aparque el «procés» y se centre en la reconstrucción, pero los republicanos, con Quim Torra con el dedo en el botón para convocar unas elecciones catalanas, no están por la labor.
Presupuestos sin el PP
La opción de unas cuentas de consenso con la participación del principal partido de la oposición, el PP, parece completamente descartada. La alejan en privado en Génova y Sánchez en público se muestra cómodo relacionando a los populares con «la ultraderecha». Además, Pablo Casado ha asegurado este mismo jueves en un acto de campaña en Galicia lo que España necesita es una bajada de impuestos.
«Me gustaría sacar los PGE con el mayor número de partidos. Más que geometría variable, esta crisis debe imponer una geometría absoluta. La unidad debe ser obligación para Gobierno y oposición», enmarca Sánchez en un plano teórico, pero su discurso varía cuando se le pregunta en concreto por el partido de Casado: «Hemos tenido voluntad de diálogo con todo el mundo, pero el PP se ha ido aislando y ha ido ligando su estrategia a la ultraderecha (…). Ciudadanos está teniendo la inteligencia de ocupar un espacio de acuerdo demandado por la sociedad española que ha dejado huérfano el PP en su querencia por ocupar el espacio de la ultraderecha».
Eso sí, ese nuevo «affaire» con Cs no impide que Sánchez siga cortejando sin escrúpulos a ERC, consciente de que el PSOE y Unidas Podemos solo suman 155 escaños y que deben «escalar» hasta los 176 para garantizar la aprobación de los Presupuestos. De momento, se prevé que la mesa de gobiernos con la Generalitat se reúna en julio, a pesar de las advertencias de Cs. Cualquier cesión al independentismo en ese foro impedirá un acuerdo con Arrimadas.
Justifica su gestión del Covid-19
En cuanto a la gestión de la crisis del coronavirus, Sánchez ha admitido que «con los datos actuales» se llegó tarde, pero se autoexculpado a continuación: «Con los datos que tenemos hoy llegamos tarde. Con los que teníamos en marzo, rotundamente no. Llegamos cuando teníamos que llegar. Dejo en el aire la pregunta de si las otras fuerzas habrían aprobado el estado de alarma con cero fallecidos». Esa insinuación, sin embargo, carece por completo de fundamento porque el Gobierno tiene potestad de aprobar un primer estado de alarma de quince días sin necesidad de consultar con el resto de fuerzas políticas. Es después, en las sucesivas prórrogas, cuando el Ejecutivo debe someterse al permiso del Congreso de los Diputados.
Como viene siendo habitual, Sánchez ha abanderado el artículo 116 de la Constitución, que es el que legitima el empleo del estado de alarma, entre otros casos, durante una epidemia. El presidente del Gobierno también ha asumido en persona «todos los errores» de «su equipo» y ha hecho suyas todas las reclamaciones que le hicieron el PP y Ciudadanos desde el estallido de la crisis.
Así, Sánchez ha alardeado de disponer ahora de reservas estratégicas de material sanitario, de contar con equipos de protección individual para los sanitarios, o de poder realizar pruebas PCR a los sospechosos de tener Covid-19. En su momento, el Gobierno llegó a pedir a los que presentasen el cuadro de síntomas de forma leve que permaneciesen en sus casas de cuarentena, ante la imposibilidad de hacer pruebas diagnósticas a todos los enfermos.
También ha tenido tiempo de presumir de la «rapidez» de la desescalada, pese a que España es el país europeo que ha tenido el confinamiento más largo y severo, y ha recordado, sin ánimo de «criticar» a nadie, que las competencias sanitarias y de las residencias son de las comunidades autónomas. «Es evidente que el sistema de residencias de mayores tenemos que fortalecerlo», ha añadido.
Por último, Sánchez ha arremetido contra el PP y contra Vox porque, según él, han intentado «utilizar la pandemia» para «derrocar al Gobierno». El presidente ha vuelto a evitar la autocrítica por los problemas en la contabilización de los decesos y ha justificado que las cifras oficiales se remitan a aquellas víctimas con PCR positivo. Eso sí, ha afirmado que sí han actuado con «transparencia» porque ahí están las estimaciones del INE y del Instituto Carlos III de las víctimas que ha podido suponer en realidad el coronavirus. El presidente ha prometido, una vez se supere la pandemia -algo que se hará «cuando se tenga una vacuna o un tratamiento terapéutico»-, que España hará un estudio exhaustivo para conocer el número exacto de fallecidos.
