A la yugular. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha responsabilizado unívocamente esta mañana en una entrevista concedida a TVE a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la situación acaecida en plena pandemia en la residencias para ancianos . Iglesias no solo ha criticado el modelo de gestión de las residencias, sino que carga contra dos comunidades del PP: asegura que lo ocurrido en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León es «un auténtico escándalo, si no es un crimen». Palabras que le podrían valer una querella al vicepresidente, cuya gestión al frente de las residencias se delegó por un lado en el mando único del Gobierno y por otro, tras la orden del 24 de marzo publicada en el BOE, en manos de los presidentes autonómicos.
La presidenta Ayuso fue clara al rebatir sus acusaciones: «A mí estas disputas políticas me asquean porque intentan trasladar a los ciudadanos que esas muertes eran evitables cuando no es así», ha indicado la presidenta regional antes de asegurar que en la Comunidad de Madrid se ha tratado con absoluta dignidad a las personas afectadas por la pandemia.
«¿Dónde estaba Pablo Iglesias en los momentos más difíciles? ¿A qué residencia ha ido? ¿A qué hospital ha ido? ¿Cuándo nos ha ofrecido su ayuda?», se ha preguntado la presidenta. Para Díaz Ayuso, lo que hace el vicepresidente segundo del Gobierno es «bochornoso, ofensivo y deleznable» porque les transmite a los madrileños y a los españoles «un mensaje contrario» a lo que ha hecho el Gobierno regional. En los momentos «más difíciles» de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias «no ha estado con nosotros», cuando «él y Sanidad también tenían ese mando único de las residencias y no ha tenido la dignidad de pisar una sola, ni de salir de su mundo maravilloso y ostentoso para bajar a pie de calle y estar con los más necesitados y los que peor lo están pasando», ha recalcado Ayuso.
En medio de la refriega, un dato: al menos 19.425 ancianos han muerto en las residencias desde marzo. Empresarios y propietarios del sector han aseverado a este diario que las instrucciones para no derivar ancianos enfermos en geriátricos a hospitales se produjeron en toda España. Mientras, en un duro comunicado, los geriatras defienden su labor, y el circuito ponderado en plena pandemia siempre «en beneficio» de los enfermos, teniendo en cuenta que el sistema hospitalario tenía una sobrecarga de un 400% de presión asistencial en comunidades como Madrid.
Consecuencias penales
En opinión del vicepresidente, no obstante, «los ciudadanos no van a perdonar lo que hizo Ayuso y lo que se hizo en otras comunidades autónomas» y «se verá si no hay consecuencias penales», ha asegurado Iglesias en una entrevista en Los Desayunos de TVE.
El vicepresidente ha insistido en calificar los hechos ocurridos en los centros residenciales de «gravísimos y ha sacado a colación la polémica que ha envuelto en los últimos días a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Su instrucción prohibía trasladar a los ancianos a centros hospitalarios. Era «ilegal e inmoral», considera «el número dos» del Gobierno.
Para Iglesias, es «vergonzoso e indecente que alguien pueda hacer negocio con la salud de los mayores y después llevárselo a otros países. Y, en su opinión, el sistema de atención a las personas mayores es un servicio enormemente precarizado y privatizado que ha demostrado ser ineficiente».
En cambio, en la Comunidad de Madrid, se ha librado -ha dicho Ayuso- «una lucha sin cuartel por la vida», y si hay algo a su juicio criminal son las palabras del vicepresidente.
En Castilla y León tampoco han dejado correr las gruesas declaraciones de Iglesias. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, lamenta que las declaraciones del vicepresidente solo busquen la crispación y el enfrentamiento con el Partido Popular. Con estas declaraciones «inaceptables» del vicepresidente Pablo Iglesias, lo que trata es tapar su propia responsabilidad y su incapacidad para gestionar los Servicios Sociales, como se ha puesto de manifiesto con el recorte de 1.000 millones de euros para los Servicios Sociales que anunció ayer el presidente del Gobierno, considera Blanco. «Un vicepresidente del Gobierno no puede atacar a dos Comunidades únicamente por su color político, como se desprende de las declaraciones que ha hecho esta misma mañana, en lugar de buscar fórmulas de consenso que beneficien a todos los ciudadanos, que es lo que esperan de él los españoles», ha considerado en declaraciones a este diario.
