El PP defiende un plan B con la ley de Seguridad Nacional como alternativa al estado de alarma

«No hay plan B, el único plan es el estado de alarma». Así de contundente se mostró Pedro Sánchez el pasado fin de semana, cuando confirmó su intención de pedir la cuarta prórroga de esta situación excepcional, como único mecanismo para luchar contra el coronavirus y llevar a cabo la desescalada. Desde Génova se replicó de manera inmediata al presidente del Gobierno que en realidad «no tiene ni plan A, ni plan B».

Los populares sí creen que hay alternativa al estado de alarma. Pablo Casado subrayó ayer que el plan B «es aplicar las leyes de Salud Pública, de Protección Civil y de Seguridad Nacional para amparar el mando único sanitario y las limitaciones de movilidad». Y envió una advertencia directa a La Moncloa: «Si la Constitución limita a 60 días el estado de excepción, el de alarma no debe prolongarse más».

De hecho, desde el principio de la crisis, cuando el Gobierno empezó a tomar las primeras medidas de forma unilateral, Casado remarcó que en España había, en la práctica, «un estado de excepción encubierto», una situación que se corresponde con el segundo grado más grave ante un situación crítica, y en la que se permite la vulneración de derechos fundamentales. El siguiente nivel sería ya el estado de sitio.

Cuando Casado anunció ayer que el estado de alarma había dejado de tener sentido y no lo apoyaría en las circunstancias actuales, las críticas desde el Gobierno, el PSOE y Podemos se multiplicaron, como la de Pablo Echenique, que insistió en que no puede haber alternativa a prolongar ese mecanismo excepcional.

En declaraciones a Onda Cero, Casado argumentó que el Gobierno dispone de legislación básica para afrontar la actual situación derivada de la pandemia. Según explicó, el estado de alarma ha sido necesario para evitar «el colapso» de las UCI, pero ha llegado el momento de adaptar la normativa legal a la situación actual.

Libertades democráticas

«El Gobierno ha aprovechado el estado de alarma para reformar el CNI, la educación, la eutanasia y el Poder Judicial, así como para limitar el control parlamentario y de la prensa, y las críticas en redes sociales. No pueden restringir más tiempo nuestras libertades democráticas», insistió el jefe de la oposición.

El plan alternativo del PP se basaría en la ley de Seguridad Nacional, que establece un nuevo estado, el de «situación de interés para la seguridad nacional». Junto a la ley de Protección Civil, el PP considera que en la legislación ordinaria hay otras normas que pueden servir para hacer frente a una desescalada con seguridad y garantías desde el punto de vista sanitario, sin necesidad de recurrir al estado de alarma. Entre otras, incluye la ley orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la ley general de Sanidad de 1986, y la ley General de Salud Pública, de 2011.