El sindicato Federación de Enseñanza de USO ha apostado una iniciativa que han convertido en realidad. El sindicato de la concertada planteó una manifestación digital convocada para este lunes en Twitter. El objetivo era «intentar ser «trending topic» con el hashtag #StopLeyCelaá». Y lo consiguieron. A las 12.40 ya era tendencia en la red social y la convocatoria había empezado tan solo diez minutos antes. Por la tarde ya habían llegando casi a los 100.000 tuis.
A la convocatoria se unieron las patronales de la concertada Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), el sindicato FSIE, etc.
Las razones son claras: «Seguimos inmersos en la nebulosa de Covid-19 y hasta que no se levante el Estado de Alarma, no será posible recobrar poco a poco la normalidad institucional, también en el Congreso de los Diputados. #StopLeyCelaá ha sido tendencia este martes con unos 100.000 apoyos. Un gran éxito de la gente que quiere ser oída, que quiere contar en los asuntos que le importan, que cree en una democracia participativa y que está harta de que los intervencionistas de cualquier signo político se empeñen en manejar su vida», explica Antonio Amate, presidente de FEUSO.
La petición de la paralización del proyecto de ley LOMLOE, más conocido como «Ley Celaá» no es nuevo. Tras el breve lapso de suspensión parlamentaria, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, fijó el pasado viernes 24 la fecha límite para la presentación de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley educativo. El primer plazo se había fijado para el 31 de marzo y fue pospuesto por el cierre del Congreso. Por cortesía parlamentaria, como ley no escrita, cuando un grupo solicita una prórroga al plazo de enmiendas, se suele conceder hasta tres veces. O al menos, esa era la práctica hasta ahora. El PP, Ciudadanos y Vox solicitaron dicha deferencia y el PSOE se negó.
Sí aceptaron, sin embargo, alargar el plazo de enmiendas al articulado que finalizada el 29 de abril y se amplió al 6 de mayo, dentro de dos días. Antes de que esto sucediera y con la negativa a ampliar el plazo de enmiendas a la totalidad, el sector de la concertada se lanzó contra el Ministerio de Educación para pedir que paralice la tramitación del proyecto de ley. «Pedimos que se paralice su tramitación hasta que se levante el estado alarma y pueda restablecerse la normalidad. Con ello, se permitirá a la sociedad y a la comunidad educativa participar en el debate de una ley de este calado», señalaron en un comunicado el pasado día 27.
«La prisa del Gobierno parece obedecer, no solo a su deseo de que la ley pueda ponerse en práctica ya el curso que viene, sino a su posible intención de introducir enmiendas solo consensuadas por los socios de Gobierno y que limitarían la libertad de enseñanza. Además, revelaría su propósito de escamotear a la opinión pública el debate sobre una ley esencial que no goza de consenso en la comunidad educativa, evitando de paso posibles actuaciones públicas contrarias de una parte importante de la sociedad», añaden.
