La Mesa de Reconstrucción Social y Económica que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez, reconvertida después en comisión parlamentaria para atraer al PP, será una realidad la próxima semana. Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han pisado el acelerador y han registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados la creación de una Comisión Permanente para la Reconstrucción Social y Económica bajo sus propias reglas. El compromiso del presidente del Gobierno fijaba la próxima semana como plazo para la constitución y el comienzo de los trabajos de esta comisión. Para cumplir con estos tiempos se prevé que la Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces, pueda aprobarla en su reunión del próximo martes día 28 de abril.
La propuesta se ha hecho sin consensuar el texto con el PP para que el esquema de trabajo obedezca a lo que deseaba el Gobierno y no a lo que quería el principal partido de la oposición. A pesar de haber llegado a un acuerdo sobre el formato, existen fundadas discrepancias sobre quién debe presidir la comisión y sobre el objeto de sus trabajos. Mientras que el PSOE quiere que verse sobre cuatro áreas de trabajo orientadas a relanzar el país tras la pandemia: reforzar la sanidad pública; reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea; los populares buscan que se fiscalice también la gestión del Gobierno durante el periodo del estado de alarma. Esto ha creado malestar en el PSOE que no quiere que este órgano parlamentario se convierta en una comisión de investigación de la labor del Ejecutivo.
Para evitarlo, los partidos del Gobierno han dado un paso adelante y han propuesto su propio diseño de la comisión, que los trabajos se desarrollen conforme al plan de trabajo acordado y aprobado en su seno. La comisión emitirá un dictamen, que se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos. La comisión tendrá una composición plural, con representación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, de manera que los acuerdos se adopten mediante el criterio del voto ponderado. Estará compuesta por 46 miembros, de los cuales 13 corresponderán al PSOE; nueve al PP; cinco a Vox; cuatro a Podemos; uno a los grupos de ERC, PNV, Ciudadanos y Bildu; cuatro al Grupo Plural y siete al Grupo Mixto, uno por cada uno de los partidos que los integran.
El plazo establecido para el desarrollo de los trabajos de la Comisión es de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado por la Mesa de la Cámara oída la Junta de Portavoces. Aunque en un primer momento el Ejecutivo quería que estos pactos se desarrollaran en el ámbito de Moncloa, finalmente se ha considerado que es el Congreso la instancia más legitimada y eficaz para albergar la comisión.
