Las comunidades autónomas están diseñando a ciegas sus planes de desescalada. No hay precedente de una situación como ésta, pero tampoco hay una hoja de ruta. Los Gobiernos autonómicos han constituido ya sus grupos de trabajo, al tiempo que tienen designado un representante en coordinación con el Ministerio de Sanidad. Pero desde el mando único no ha llegado aún ningún criterio para avanzar en esa planificación.
De hecho, el Ministerio sí ha remitido a las comunidades un formulario preguntando por el desconfinamiento y pidiendo detalles sobre sus previsiones. Los dirigentes autonómicos llevan semanas reclamando una planificación ordenada. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió hace ya tres semanas que se elaborase de manera centralizada una estrategia basada en estudios epidemiológicos, donde se examinase a diferentes grupos de población, diferenciando los que dieran positivo y los negativos, para localizar asintomáticos, y que se hiciera una evolución con pruebas selectivas a estos grupos de personas. Pero, de momento, no ha habido respuesta al respecto. Los test y el mapa epidemiológico, que depende de ese testado, son actuaciones básicas para tomar las decisiones más adecuadas para regular la vuelta a la «nueva normalidad» que tiene que seguir al estado de alarma.
Algunas autonomías tienen más avanzadas sus propuestas, dentro de un pulso cada vez más evidente entre las que quieren ir básicamente por libre, la minoría, y aquellas que reclaman una acción coordinada desde el Ministerio, que haya claridad en el método, con un plan para las 17 comunidades, aunque luego se adapte a las particularidades de las 17. El País Vasco trabaja en la reactivación económica inmediata y en el aflojamiento del confinamiento. La Generalitat también está diseñando sus propias políticas.
Las perspectivas son sombrías porque precisamente ahora más que nunca es cuando hace falta un mando único que actúe con criterio y acierte en el método, aunque luego permita flexibilizar su aplicación una vez que se respeten los criterios comunes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escuchado en las videoconferencias que mantiene semanalmente con los presidentes autonómicos la demanda de que exista esa flexibilización, pero, al mismo tiempo, cuando se habla con las comunidades, la mayoría tiene claro que si la restricción de la movilidad fue para todas, la vuelta a la movilidad tiene que aplicarse con unos criterios mínimos comunes para todas por la interrelación social y económica que existe entre territorios, y que no distingue de las fronteras autonómicas. Madrid, por ejemplo, tiene un trasvase diario continuo y muy intenso con las provincias limítrofes de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Los problemas que han tenido que gestionar estos dos gobiernos autonómicos en relación a la pandemia vinieron provocados en buena medida por la falta de reflejos del Gobierno central a la hora de hacer efectivo el estado de alarma, después de que en Madrid ya se hubiera empezado a tomar decisiones como el cierre de colegios, que aunque el Gobierno rechazó y frenó en otras autonomías, luego acabó imponiendo de manera generalizada. También tuvo un efecto muy negativo en la expansión del virus por estas dos comunidades el anuncio por adelantado por parte de Moncloa de que iba a restringir por completo los movimientos.
El mando único ha resultado un fracaso en la compra de material sanitario y en otros ámbitos frente a unas comunidades que gestionan desde hace más de 30 años las competencias en Sanidad, Educación y en otras materias asistenciales o económicas. La autoridad única no ha sido capaz de establecer una metodología clara para conocer el alcance de la tragedia en fallecidos y contagiados y la cooperación entre comunidades no ha funcionado. Hay una queja generaliada de que las reuniones de Sánchez con los presidentes autonómicos son simplemente informativas, pero no de coordinación ni deliberación. Y justamente de esto depende ahora el éxito de la desescalada porque la asimetría de los autogobiernos o de las caracteristicas sanitarias, económicas y sociales de cada territorio debe tenerse en cuenta sobre la base de unos criterios comunes para todos, de un consenso del Ministerio con las comunidades y del acuerdo entre las propias comunidades. «El Ministerio ahora sí tiene que fijar el camino, pero todo lo que se haga debe hacerse sobre acuerdos, en un foro que aún hay que determinar, y con consenso entre las comunidades porque lo que haga una acaba afectando a la otra», señalan desde una CC AA socialista.
El presidente del Gobierno se refirió a la desescalada ayer, en el Pleno del Congreso en el que se votó otra prórroga del estado de alarma. Muy castigado desde el punto de vista político, Sánchez intentó dibujar un escenario de moderado optimismo para el futuro. Situó en la segunda mitad de mayo el inicio de la «nueva normalidad», aunque según cómo avancen los datos de la pandemia puede haber «pasos atrás». La desescalada será «lenta», indicó. Aun dentro de esta apelación a la prudencia sus palabras enseguida se confrontaron con las del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, quien calificó de «imprudente» dar fechas para la desescalada de las medidas de confinamiento.
