El Gobierno andaluz de PP y Cs no ha ocultado que desde que llegó a San Telmo la petición que más ha recibido de los empresarios y del sector privado en Andalucía es que se eliminaran trabas burocráticas y administrativas para abrir un negocio, hacer una obra o levantar un campo de golf. Era “insoportable”, sostienen. Es un objetivo del Ejecutivo andaluz desde que llegó hace un año acabar con esa “maraña burocrática” y este lunes ha aprobado un decreto ley que de golpe modifica 21 leyes y seis decretos y que se tramitará en el Parlamento andaluz a partir del próximo mes de abril.
Seis consejeros comparecieron para explicar los efectos de este decreto de supresión de trámites en cada uno de sus departamentos y que aseguran tocará el corazón del modelo productivo y económico de Andalucía, actualmente muy intervencionista, según el actual Gobierno. La norma ha sido coordinada por el consejero de Economía, Rogelio Velasco, y parte de una comisión de expertos integrada por 17 personas entre altos directivos de administraciones públicas, especialistas de las universidades, funcionarios cualificados y representantes de los agentes económicos y sociales. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, subrayó que se había hecho de la mano del sector privado. Sindicatos como CCOO o partidos como Adelante Andalucía mostraron su rechazo a las reformas por la falta de diálogo o por redundar en un modelo económico que no quieren para Andalucía.
Facilidades al turismo
Entre el centenar de medidas desgranadas y que verán reducirse de forma notable las tramitaciones administrativas está por ejemplo la regulación de los campos de golf. Hace ya doce años el Gobierno andaluz reguló su construcción dentro de un decreto que los vinculaba a su interés turístico. Ese decreto ahora queda derogado. En esta última década no se ha construido ni un campo de golf en Andalucía porque era muy difícil, explicó el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, atender todos los requerimientos pese a unas 28 solicitudes. Ahora hay luz verde a estos proyectos.
El decreto ley para la mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía afecta a la ley de ordenación urbanística, la ley de colegios profesionales, la de turismo, la de comercio o la de promoción y defensa de la competencia.
«El PP será más grande si entendemos que España es plural y diversa»
La nueva regulación permitirá a los establecimientos comerciales de más de 300 metros cuadrados abrir un total de 16 domingos y festivos, hasta ahora estaban restringidos a diez. Podrán abrir, de forma progresiva, 12 festivos en 2020, 14 en 2021 y 16 en 2022. Los establecimientos más pequeños podrán seguir abriendo cualquier festivo. Los ayuntamientos podrán además permutar dos festivos por otros dos días que interesen más a la localidad.
Alojamientos turísticos
Se eliminan también trabas en la ley de turismo a los alojamientos turísticos. Se podrán constituir en régimen de propiedad horizontal cualquier alojamiento turístico, siempre que lo permita la normativa municipal, mientras que ahora estaba reservado a apartamentos de más de tres llaves u hoteles a partir de cuatro estrellas. También será mucho más fácil declarar un municipio turístico. Se reduce a un 8%, actualmente es el 10%, el incremento que un municipio debe sufrir algunos meses en sus pernoctaciones para declararse turístico.
La Consejería de Presidencia elimina la restricción de entidades privadas en la gestión de servicios públicos de radiotelevisión municipal. Ahora ya no tiene que gestionar la tele o la radio municipal el ayuntamiento, puede ceder la gestión a un tercero. Las autorizaciones además se darán sin fecha de caducidad. salvo incumplimiento de la norma o renuncia del ayuntamiento, no tendrán que renovarse.
Para fomentar las energías renovables, los proyectos deberán simplemente acreditar un acuerdo con los titulares de los terrenos necesarios para ejecutar las infraestructuras. En el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se modifican ocho leyes y una disposición reglamentaria. Atendiendo reivindicaciones del campo para un precio justo de los productos agrícolas, se incorpora el sector de la distribución con el productor, transformador y comercializador “para dotar de más equilibrio a la cadena alimentaria”.
Los proyectos de acuicultura tendrán también mucho más fácil ponerse en marcha. Se atiende una demanda histórica de los pescadores y las licencias o concesiones administrativas pasan de 30 a 50 años. Se facilita la instalación de almazaras y se allana la creación de puntos limpios y plantas de reciclaje y compostaje. Los ayuntamientos podrán actuar de forma directa sobre el canon de agua municipal y en muchas obras el silencio administrativo se entenderá como positivo.
La consejera del ramo, Carmen Crespo, negó que la eliminación de estas trabas suponga menos garantías de respeto al medio ambiente o más facilidades al ladrillo, por ejemplo, o a la especulación inmobiliaria. “Lo único que hacemos es adaptarnos a la normativa estatal”, defendió, negando que esa norma del Estado sea más laxa o menos garantista.
Obras menores y aperturas
En urbanismo, se sustituye la necesidad de una licencia de obras para acometer actuaciones menores o edificar en suelo urbano consolidado. A partir de ahora se podrán hacer con una declaración responsable. Estas licencias en algunos municipios se hacían esperar hasta doce meses, según la Consejería de Fomento. Ahora se podrán hacer estas obras, siempre que respeten la normativa urbanística y no supongan crecer en edificabilidad o plantas, en cuanto se entregue esa declaración responsable. También se podrán habitar las viviendas o poner en marcha locales, comercios o servicios con esa declaración. El control se haría a posteriori por los ayuntamientos.
El decreto ley refuerza la coordinación de todas las consejerías de la Junta implicadas en la elaboración de un plan general de ordenación urbanística (PGOU) lo que “podría reducir los plazos en años”. La consejera Marifrán Carazo estimó en ocho años la demora bien para sacar adelante un plan urbanístico. Se agilizan también las obras menores en lugares de patrimonio histórico. Se suprime la autorización de la Consejería de Cultura en el entorno de edificios que estén protegidos.
El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, calificó de “paso histórico” este decreto ley para el comienzo de la actividad productiva en Andalucía. “Se trata de captar el mayor número de inversiones posibles, que sea fácil en vez de ser un suplicio como ha sido hasta ahora”, apuntó.
A la cabeza del ranking
En España se han puesto en marcha 11.737 leyes y normas en los últimos años y Andalucía junto a Cataluña encabeza el ranking de generación de normas. Ahora se trata de desmontar todo lo posible ese aparataje legal. “Cuando se lleva a cabo un trabajo muy técnico no resulta tan atractivo, tan sexy como otros… Esto puede sonar mucho más aburrido pero es mucho más importante a que se construya otro puente u otra carretera”, defendió el consejero de Economía, Rogelio Velasco. “Se ha hecho una revisión en profundidad de toda la normativa de la Junta, para reducirla y hacerla más amable para las empresas, menos costosa en tiempo y dinero”, agregó, convencido de que no se trata de que el Estado desaparezca sino de hacerlo “fuerte pero eficiente”.
De 262 regiones en Europa, Andalucía ocupa el puesto 220 en índice de competitividad. “Estro refleja la ineficiencia de todo el aparato legal del Estado que pone sobre los hombros a las empresas”. Si en Andalucía se tarda una media de 162 días para obtener una licencia de construcción e instalación de una planta industrial, cinco meses y medio, en Castilla y León bastan 62 días. “Somos tres veces más costosos”, apuntó el titular de Economía.
