La eliminación del tope salarial que obliga actualmente a Podemos a limitar su sueldo a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional para todos los cargos internos e institucionales podría implicar que diez de sus principales dirigentes y responsables públicos llegaran a cobrar más de un millón de euros brutos al año en conjunto –1.045.483 euros entre los diez–. Esto se podría concretar si se aprueban el tercer fin de semana de este mes los documentos político, éticos y organizativos que Pablo Iglesias ha presentado para revalidar su condición de secretario general de la formación.
El fin de esta limitación salarial para sus cargos públicos supone que sus sueldos puedan llegar ahora a triplicar sus retribuciones, si éstas se comparan con el actual tope que deben respetar. Según los documentos por los que ahora se rige el partido, el vicepresidente Pablo Iglesias; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Consumo, Alberto Garzón; el ministro de Universidades, Manuel Castells; la vicepresidenta del Congreso, Gloria Elizo y los secretarios de Estado Ignacio Álvarez, Ione Belarra y Noelia Vera, junto a la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, deberían cobrar 342.000 euros brutos al año, si aplicamos al sueldo de estos diez cargos la limitación de tres SMI.
Con este tope salarial que ahora regula el partido, los citados cargos cobran al mes un sueldo bruto de 2.850 euros. A esta cifra hay que sumar las dietas o complementos adscritas a sus cargos, en general, por ser diputados en el Congreso. A partir del mes de marzo, cuando Pablo Iglesias revalide su puesto al frente de la Secretaría General de Podemos podría percibir un total de 7.515 euros brutos al mes como vicepresidente. A su sueldo anual de 79.764,24 euros anuales por su cargo dentro del Gobierno se le sumaría también una dieta de manutención de 870 euros mensuales (10.440 euros al año) al ocupar en el Congreso un escaño por la circunscripción de Madrid, una cantidad que está exenta de tributación al no tener carácter salarial. El sueldo que no podrá recibir es el de diputado, pues la ley prohíbe percibir dos retribuciones públicas al mismo tiempo. En total, al año, Iglesias sumaría, en el nuevo escenario, un montante total de 90.186 euros.
El caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es muy similar al de Iglesias. Sin restricción alguna, percibiría 7.108,18 brutos al mes, al anotarse un grueso económico de 74.858,16 euros como ministra del Gobierno. La ministra también percibe el complemento de dietas que dictamina en el Congreso al ser diputada por Madrid, 10.440 euros al año. Su sueldo completo anual pasaría a ser de 85.298,16 euros
Como ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, percibe un montante económico total superior al de Iglesias y al de Montero (96.734,16 euros brutos al año). Recibiría, una vez se aprueben los nuevos reglamentos, un total de 8.061 euros brutos al mes. Como ministra suma 74.858,16 euros anuales, y percibe 1.823 euros al mes, o lo que es lo mismo, 21.876 al año, en concepto de dietas, al ser diputada por Pontevedra.
Alberto Garzón, percibiría un total de 8.061 euros brutos al mes por su trabajo como ministro de Consumo. Al año, el también coordinador federal de Izquierda Unida percibe 74.858,16 euros brutos por esta función. Un montante que incrementaría en 21.876 euros más al ser diputado en el Congreso por Málaga. El total asciende a 96,734, 16 euros al año, como en el caso de la ministra de Trabajo.
El ministro de Universidades, Manuel Castells, percibiría un total de 6.238 brutos al mes por su cargo como titular de una cartera en el Gobierno que asciende a 74.858,16 euros brutos. En su caso, al no ser diputado no percibe ningún tipo de complemento extra y, cuando se aprueben los nuevos documentos del proyecto de Pablo Iglesias en marzo tampoco estará obligado a realizar donaciones al ser un dirigente independiente de Podemos.
Las secretarias de Estado Ione Belarra y Noelia Vera cobrarían incluso más que sus jefes directos en los ministerios morados, Pablo Iglesias e Irene Montero. A la designación de su puesto le corresponde un total de 10.206 euros brutos mensuales, 100.602 euros al año. Al ser ambas diputadas por una circunscripción diferente a la de Madrid (Navarra y Cádiz, respectivamente) su sueldo podría incrementarse en 1.823 euros más al mes, 21.876 por año. El total bruto anual de cada una de las dos secretarias de Estado asciende a 122.478 euros.
En el caso del secretario de Estado para la Agenda 2030, Ignacio Álvarez, pasaría a cobrar 8.283 euros brutos al mes sin restricciones. Percibe al año 100.602 euros. El sueldo de la vicepresidenta del Congreso, Gloria Elizo ascendería a los 9.466 euros brutos al mes, más la retribución salarial en complemento de dietas por ser diputada por Madrid en el Congreso, un total de 113.594 euros al año. Por último, la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno ganaría al mes un total de 11.876 euros, 142.520 euros al año.
Según el documento ético que Pablo Iglesias presentó este domingo, en vez de establecer la cantidad máxima de sueldo de sus dirigentes en tres SMI, se establecerán un porcentaje de donaciones en función de las responsabilidades de cada cargo público y orgánico. En declaraciones a los medios, la ministra de Igualdad Irene Montero defendió ayer, en la inauguración de la exposición del voto femenino, que la propuesta del código ético busca «garantizar que todos los cargos públicos sigan donando, independientemente de lo que cobren». Para la también diputada del partido y miembro de la dirección nacional de Podemos, «es una propuesta encaminada a seguir manteniendo nuestra seña de identidad» y defendió que con la subida del SMI «algunos cargos públicos se quedaban de forma íntegra lo que cobraban».
Podemos explicó ayer que todos «los cargos públicos seguirán donando mensualmente un porcentaje de su salario», que oscilará entre «un mínimo de un 5 % y un máximo del 30%» en función de si tienen hijos o familiares a cargo, «discapacidad o responsabilidad». Hasta ahora, sin embargo, la formación morada no ha explicado el porcentaje por el que se regirán las donaciones que harán los ministros morados ni tampoco el resto de cargos del partido.
